La elección del Contralor.

Por: Alejandro Ramírez

"Hay que ser un héroe para enfrentarse con la moralidad de la época" M. foucault.

El lunes próximo, cuando muchos colombianos estén volviendo del puente festivo de la Asunción de la Virgen María, al pleno del Congreso de la República no le quedará más salida que evitar la elección del Contralor General de la República. 

La elección del Contralor toma una relevancia especial, cuando no hace un mes tomó posesión el Presidente de la República Iván Duque bajo la promesa de dar una lucha frontal contra la corrupción, siendo la Contraloría la institución clave para este objetivo. 

Con Maya Villazón, Contralor durante el periodo 2014-2018, no vimos los procesos contra la administración de Santos, una de las más corruptas de la historia reciente. Sólo hasta hace días, y de viaje el expresidente fuera del país, se han conocido verdades tan dolorosas para los colombianos, como que el sector público se encuentra endeudado "como nunca antes", por una cifra superior a los 516 billones de pesos, cerca del 57% del PIB. O que entre casos de corrupción emblemáticos, como los juegos nacionales del tolima, el cartel de la enfermedades mentales, el cartel de la hemofilia y el PAE, son más de 290 mil millones en procesos de responsabilidad fiscal. O el más grave, el de REFICAR, con procesos de responsabilidad fiscal por una cifra superior a los 5 billones de pesos. 

Y más allá de tratarse de un proceso viciado, dado el cuestionable cambio de la resolución que originó modificaciones en el proceso de elección de tan importante funcionario, debe revisarse, si de luchar contra la corrupción se trata, la conveniencia de la elección de un candidato promovido por los partidos de la tradicional "Unidad nacional" del otrora gobierno de Juan Manuel santos, responsable del desangre de los recursos públicos. Pero sobre todo, por las implicaciones disciplinarias para los congresistas que se aprestan a su elección, dado el conocimiento de las inhabilidades del candidato. 

El candidato de esta coalición es el director, desde principios de este año, de la federación de Departamentos, una entidad con fuertes cuestionamientos de corrupción,  desde la renuncia de Germán Chica, hasta hoy. Para nadie es un misterio, que dicha institución ha llegado a ser un bastión del derrotado Vargas Lleras en las elecciones presidenciales. Con su intervención, llegó el hoy detenido Plinio Olano, por sus vínculos con uno de los escándalos de corrupción más graves de nuestra historia, Odebrecht, y   de igual manera, el actual director Carlos Felipe Córdoba Larrarte. No se podrá olvidar que a esta institución intentó llegar el exmagistrado de la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Ricaurte, de otro de los escándalos más graves de nuestra historia reciente, el cartel de la toga,  quien fuera apoyado por Germán Vargas Lleras. El exmagistrado Ricaurte fue derrotado por el ex ministro Amylkar Acosta, quien también renunció a esa institución, cuando de nuevo la rondó un escándalo de corrupción por un contrato de 17 mil millones de pesos, sin que hoy se tenga ningún resultado de aquella investigación. 

Según información publicada, la Federación de Departamentos es una entidad pública a la que la Ley 223 de 1995 le entregó el recaudo, administración y giro del impuesto al consumo de licores, cigarrillo y tabaco, entre otras. Esto es, recibe y administra impuestos departamentales. Pero además, es la entidad que representa a los gobernadores del país, algunos con graves denuncias de corrupción. Según información reciente de la Contraloría, en el sólo escándalo del PAE, hay 5 gobernadores y 7 ex gobernadores. 

Da garantías en la lucha contra la corrupción, un funcionario elegido con el concurso de los hoy investigados gobernadores, para seguir las actuaciones fiscales en contra de dichos funcionarios?

"Ocurrirá algo muy grave"

Son las palabras del otrora candidato presidencial Germán Vargas Lleras (24 de abril de 2018) quien aseguraba así, en plena campaña, que pasarían a la segunda vuelta en la contienda presidencial, él y Gustavo Petro. "..Algo muy grave" que afectaría, en consecuencia, las aspiraciones del candidato del uribismo, hoy Presidente electo, Iván Duque.

Y no es que el excandidato Vargas Lleras tuviera, por esa condición, propiamente el don profético, al mejor estilo "nostradamus", sino que tenía conocimiento de una acción premeditada de la cual, hasta esta semana nos enteramos: se trataba "ni más ni menos" del llamado a indagatoria del expresidente Uribe, un evento más de la judicialización de la política. 

Un violento golpe como ese, en medio de una campaña política tan importante, hubiera causado uno de dos efectos: o menguaba la candidatura de Iván Duque, repitiendo lo sucedido en otras ocasiones, y en consecuencia, como dijo el excandidato Vargas Lleras, pasaban a segunda vuelta él junto a Petro; o por el contrario, generaría la solidaridad al rededor del expresidente Uribe, consolidando la aspiración de Duque. 

Ya sabemos que la Corte no se atrevió a semejante maniobra durante las elecciones, entendiendo tal vez que la segunda de las opciones que aquí señalo, era la más probable. Y nos preguntamos entonces: con qué objeto la Corte llama a Indagatoria al expresidente Uribe -con orden de detención implícita- elegido Duque y de cara a su posesión?

Sorprende la reciente determinación de la Sala Penal de la Corte Suprema, que para el caso del expresidente Uribe, sólo se haya tomado 5 meses desde la compulsa de copias, el pasado 16 de febrero, hasta la orden de indagatoria la semana pasada, convirtiéndose en una orden de indagatoria "express", a diferencia de otros procesos contra aforados constitucionales, donde suele recurrir al argumento de la congestión so pretexto de su inacción. 

La eventual detención del expresidente Uribe la había advertido la senadora Paloma Valencia el 20 de junio, como reacción de la Corte a dos hechos: "en represalia a la victoria de Iván Duque y la propuesta de discutir la pertinencia de una sola corte superior con funciones constitucionales". 

La Sala Penal de la Corte, a través de su presidente, Luis Antonio Hernández, se quejó públicamente de lo manifestado por la senadora Paloma, ese mismo día, dejando constancia del "buen clima de entendimiento y construcción de consensos planteado por el presidente Iván Duque". 

Y este es el grave problema hoy: que el Presidente electo Iván Duque, ha querido plantear un clima de consensos, resolviendo la crispación que, por cuenta de los conflictos entre altos dignatarios del Estado, sacudió al país en días pasados. Pero la reciente acción de la Corte, no sólo   demuestra su determinación a darle trámite urgente a una compulsa de copias totalmente extraña, como la de investigar al expresidente Uribe por manipular testigos, surgida dentro del auto inhibitorio en el proceso Uirbe Vs. Cepeda, sino continuar dando espacio a un "pulso político" totalmente bizarro a través de sus estrados, como el que a través de falsos testigos le ha planteado la izquierda Colombiana al uribismo, a quien no ha logrado derrotar en las urnas. 

Para poner en contexto a los lectores, el cartel de falsos testigos ha sido denunciado por el uribismo, y tiene víctimas tan importantes como el excandidato presidencial Luis Alfredo Ramos, la designada ministra del interior, Nancy Patricia Gutierrez, el almirante Gabriel Arango Bacci, por citar algunos casos. Se trata de uno de los episodios más oscuros que ha vivido la justicia en Colombia. 

Un cartel que opera con fines delictivos, cual es manipular la justicia para destruir por esta vía a sus opositores políticos. Así, se ha valido Iván Cepeda de delincuentes con décadas de condenas, por todo tipo de delitos, a quienes seduce con dádivas y beneficios una vez rindan testimonio para incriminar en actos delictivos al presidente Uribe, a su hermano Santiago y a Luis Alfredo Ramos, como hemos visto ya, en una forma abusiva del principio de "colaboración con la justicia", cuando de lo que se trata realmente, es de manipularla con hechos fantasiosos y especulativos, cuya filtración ilegal a la prensa, da lugar al linchamiento mediático de todo un colectivo Politico. 

Pero la reacción del pueblo colombiano a esta noticia, ha generado más solidaridad con el expresidente Uribe, como puede verse en las redes, en todo tipo de cadenas y columnas en los diarios de más relevancia nacional. Y por supuesto, no me cabe duda que se generará más solidaridad con la posesión del nuevo gobierno de Iván Duque, el próximo 07 de agosto, que como bien lo han descrito varios columnistas, se ha querido afectar, aun cuando no ha empezado a gobernar. 

Si lo que pretendía esta oposición obtusa a un nuevo gobierno, a más de la cuestionable e ilegal violación a la reserva legal de los procesos judiciales, originada desde los despachos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, es deslegitimar lo que con trabajo se ha ganado en las urnas, se habrán equivocado una vez más, porque lo que se ha obtenido, en cambio, es un cuerpo sólido de ciudadanos que, por el liderazgo político del expresidente Uribe, entre otros, eligieron un camino, un nuevo gobierno, que entre otras, clama con urgencia reformar la justicia, para que ésta llegue al ciudadano "de a pié", para recuperar la columna vertebral del Estado de Derecho, y para que cese este horrible capítulo de la judicialización de la política. 

A la Corte Suprema de Justicia "le quedó grande" decidir el caso de Luis Alfredo Ramos.

Este mes de julio, más exactamente el 20 de julio, cuando Colombia esté celebrando un año más de su independencia, el proceso de Luis Alfredo Ramos cumplirá un aniversario más triste: 500 días esperando un fallo. Nos resistimos a entender la razón de la injustificada mora. 

Estos 500 días de mora en producir una sentencia, contados desde la última audiencia del proceso de Ramos ante la Corte Suprema, ahí mismo, en la cuadra de enfrente de la Casa de Llorente, donde recuerda nuestra historia hace más de 200 años se negaron a prestar un florero. Hoy, se niegan a decidir algo más delicado: la inocencia de un ciudadano, un líder político que migró del sector privado, para dejar huella con la gerencia pública.

Y así lo hizo: durante 3 años al frente de la alcaldía de Medellín, Ramos fue galardonado 2 veces como el mejor alcalde del país, lo que lo dejó de manera definitiva en la vida política. Pasó a la rama legislativa, como presidente del senado lideró una de las más ambiciosas agendas de reformas que recuerde el Congreso en las últimas décadas.

Desde su campaña a la gobernación de Antioquia, ya se vislumbraba un grupo político que evitaba, con calumnias infundadas, la llegada de este líder a grandes responsabilidades. Primero,  intentaron frenar su aspiración con la publicación de un libro. Claudia López se estrenaba en sus acusaciones estridentes, de la mano de León Valencia. Los antioqueños no creyeron en falsas denuncias y lo eligieron. Una vez elegido, sus contradictores escalaron sus acusaciones y de la mano de un colectivo de abogados, Claudia lópez y sus amigos, entre ellos Iván Cepeda, le abrieron otro proceso a mediados del 2011. Finalizaba Ramos su gestión como gobernador, y para aquella fecha, contaban sus contradictores con la ayuda de funcionarios judiciales tan efectivos, como cuestionados fueron sus métodos, como el magistrado auxiliar Iván Velásquez. 

Y en el 2013, justo cuando Ramos se encontraba en el preludio de precandidatura a la presidencia para enfrentar a Juan Manuel Santos,  encontraron a un Criminal que, haciéndose pasar por paramilitar, rindió una versión tan incoherente como fantasiosa. Le creyeron los magistrados a este testigo, que tenía un video grabado con su celular, desde el año 2001, donde Ramos recibía cientos de millones de pesos de manos de Carlos Castaño en una maleta. Pero el magistrado Leonidas Bustos, recordado "magistrado de la Paz", sin mayor análisis del testimonio - como lo demuestra el hecho de que la tecnología de video solo llegó a los celulares en el año 2004- ordenó la captura de Ramos, sacándolo de una contienda presidencial. Bastó el sólo dicho del "testigo estrella", sin rastro alguno del mencionado video.

Desde esa fecha hasta hoy, Ramos cumple más de 8 años en un proceso, durante los cuales han aprovechado algunos medios de comunicación para dar todo tipo de versiones mancillando su nombre, su honra, su dignidad y de contera afectando a su núcleo familiar. El último episodio, dirigido por Noticias UNO -avalado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)- y Revista Semana, donde se encuentran reconocidos opositores del uribismo, como Cecilia Orozco Tascón y Daniel Coronell.

Pero el Presidente de la Corte Suprema, finalizando ya su periodo como magistrado, ha sabido descalificar los arrepentidos testigos que le montaron sus contradictores políticos: aún cuando el proceso de Ramos se encontraba cerrado a pruebas desde hace años, sin prueba técnica alguna y en contra de cosa juzgada. Así sucedió, por ejemplo, con Carlos Enrique Areiza, quien luego de someterse a sentencia anticipada y colaborando con la justicia, aceptó ante juez penal de Medellín, las presiones para prestar testimonio en contra de Ramos. No le valió al presidente de la Corte Suprema de Justicia dicha sentencia, y en cambio le aceptó en enero de este año, nueva retractación, donde el reconocido testigo falso negaba "el contenido" de unas cartas, de puño y letra suyas, que además había expuesto ante reconocido programa televisivo "los informantes", en el año 2016, en el cual había pedido perdón de manera pública a Ramos y su familia. Ante semejante testigo falaz, los togados obviaron la prueba de grafología, puesto que todo iba dirigido a restar credibilidad a la labor de contradicción de los testigos que Ramos y su defensa hicieron durante el prolongado proceso. 

Y así, con inconsistencias tan visibles, se cumplirán antes de que se acabe el mes, y se conmemore nuevamente la primera "acta de independencia", 500 días sin que la justicia pueda demostrar la independencia de la política. Hasta cuando, señores Magistrados? 

Caso Luis Alfredo Ramos: nueva víctima de los falsos positivos de la justicia?

Colombia ha visto casos de judicialización de la política. La persecución a reconocidos alfiles del uribismo quedó en evidencia luego de que afloraran las diferencias entre el presidente Uribe y la Corte Suprema de Justicia. 

En un audio revelado a la opinión en diferentes medios quedó explicito cómo un magistrado de la Alta Corte sostenía que el fallo debería producirse “en política”. Como si no fuera suficiente esa muestra de degradación de la Justicia en nuestro país, hay otros casos más aberrantes que dejan explícito el interés de la justicia en mantenerse como un instrumento fiel a los intereses de la política nacional. Me referiré en este artículo al caso de Luis Alfredo Ramos, dirigente Antioqueño quien por segunda ocasión sufre la persecución de la justicia, y qué coincidencia! en el contexto de una campaña presidencial, como le sucediera en 2013 cuando prestaba su nombre para la alta magistratura, en una alianza de sectores liderados por el presidente Uribe y de base conservadora del país. 

Antes, no puedo dejar de manifestar la vileza de una Corte Suprema que dejó morir a un hombre recto, como Oscar Arboleda Palacio, sin un fallo. Transcurrieron 17 meses desde la audiencia de alegatos de conclusión hasta su deceso. Y como no hay acción inexpugnable para el tiempo, se ha venido a saber en qué tipo de conductas andaba el Magistrado Gustavo Malo, ponente del caso del Dr. Oscar Arboleda. Una mora tan absurda no fue suficiente demostración del menosprecio de los magistrados por los términos que fija la ley para decidir un caso; el Dr. Oscar Arboleda había enfrentado en los difíciles años que duró su proceso el fallecimiento de su madre, de su hija y el desenlace fue su muerte, cuando un cáncer terminal y un penoso proceso de persecución con falsos testigos ante la Corte Suprema, consumieron su vida. 

El Dr. Arboleda no fue el único de los políticos de origen conservador que murió en el expediente al cual la corte suprema vinculó a Ramos. También falleció el Dr. Manuel Ramiro Velásquez, sin que pudiera defenderse en un proceso que mancilló su nombre. 

Luis Alfredo Ramos exhibe una trayectoria en los ámbitos privado y público, como pocos en el país. Abogado, en su juventud se desempeñó como Secretario jurídico de Cervunión. Secretario de Hacienda, Contralor, Diputado, Representante a la Cámara, Senador, Alcalde de Medellín, galardonado dos veces en esa gestión como el mejor del país, Ministro, Embajador ante la OEA, Presidente del Senado, Gobernador de Antioquia, salió de este último cargo con una alta popularidad tras legarle al departamento resultados sobresalientes en gerencia publica, educación, vivienda y finanzas públicas. Como Gobernador le dejó al departamento estructurados los proyectos más importantes que ha acometido en sus últimas décadas, como la hidroeléctrica de Ituango, consolidando a Antioquia como una potencia energética en Colombia; el Túnel de Oriente, uniendo tres terrazas antioqueñas, el Valle de San Nicolás, El Valle del Aburrá y Santa fé de Antioquia en menos de una hora. Y cómo no! las Autopistas de la Montaña, un proyecto de infraestructura que quedaba bajo la estructuración de una empresa de la trayectoria de ISA, a pesar que solo años después un gobernador la entregara al centralismo ineficiente de Santos. 

Esa trayectoria no fue obstáculo para que Ramos fuera privado de su libertad en la antesala de una candidatura presidencial, tras haber sido señalado de paramilitarismo en un proceso donde demostró la existencia de la nada despreciable cifra de 7 falsos testigos. Su familia y sus amigos lo acompañaron. De disciplina, evitó perder el tiempo y se dio al estudio de su expediente, a la lectura, al estudio de la economía del país. Los constantes aplazamientos de las audiencias y la prolongada privación de su libertad durante 40 meses -de 24 posibles- no lograron quebrar su voluntad. La orden de detención le fue revocada a finales del 2016 y la procuraduría de Fernando Carrillo le pidió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que fallara su absolución. Pasaron 8 meses desde esa audiencia y no se produce un fallo en su caso. 

Cual es el motivo de tanta mora? Acaso pretenden un desenlace como el del Dr. Oscar Arboleda?, en todo caso lo que no aceptaría el país, bajo ninguna circunstancia, es que el motivo de la mora sea la contienda presidencial a la que nos vemos avocados los colombianos. Todo conspira contra Ramos para indicarnos que es precisamente la política la causa de la mora en la decisión. 

En una sorpresiva decisión del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, trasladó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia una investigación por el supuesto delito de haber entregado dádivas a los magistrados a través del abogado Gustavo Moreno -a la postre fiscal anti corrupción de Martínez Neira- para que lo tuvieran 40 meses detenido. El fiscal, conocedor de las instituciones jurídicas, dio traslado a la Corte a pesar que para el momento de los hechos el Dr. Ramos no gozaba de fuero. La Corte así lo reconoció y devolvió la investigación al Fiscal. Un trato dilatorio e indigno para una persona que espera por sobre todo un fallo de la justicia, antes que continuar siendo revictimizado por ella. 

Adujeron algunos medios que los Magistrados esperarían tener certeza de la conducta del abogado Moreno en los procesos que llevó ante la Corte. Y llegó el momento: el 03 de noviembre, en desarrollo de un principio de oportunidad que había sido firmado entre la Fiscalía y Moreno el 30 de octubre, éste último tuvo su audiencia reservada ante la Corte Suprema. Allí, fue preguntado por su conducta ante los mismos magistrados mientras se desempeñó como defensor de Ramos. Lo absolvió: dejó claro que, contrario a los procesos donde utilizó los favores de los magistrados, los honorarios se tasaron considerando la figuración que obtendría por esa defensa. Manifestó que la conducta de Ramos fue apegada a derecho, como había sido de público conocimiento desde su entrega voluntaria a las autoridades aquel 27 de septiembre, cuando el Magistrado Bustos firmó, entre otros, su resolución de acusación y su orden de detención, ésta última junto al también cuestionado magistrado Gustavo Malo. 

Los medios dieron cuenta de la audiencia y de los que allí dijo Moreno. La Corte tiene suficiente claridad de la conducta de Ramos, aún más después de la audiencia de Moreno. Y la Fiscalía, conocedora de la situación favorable a Ramos, ha resuelto filtrar a los medios la resolución donde consta el principio de oportunidad que firmó con Moreno, dando con ello a entender, que éste se dispone a declarar contra Ramos: lo que no filtró la Fiscalía, convertida por ello en un nuevo instrumento de persecución judicial, es que se han desarrollado audiencias en virtud de este principio de oportunidad ante la Corte Suprema y ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y claro, tampoco filtrará la versión de Moreno sobre la ajustada conducta a derecho del Dr. Ramos, porque sabe que quedaría afincada la honorabilidad de su nombre, siendo preferible, por lo menos para la corriente política que representa el Fiscal, que Ramos sea eliminado de una nueva contienda presidencial.

El momento de "la grandeur": Centro Democratico a definir candidaturas.

La escogencia del precandidato a la presidencia por el Centro Democrático, es un hecho político que cambia el panorama de las elecciones presidenciales en 2018. Su escogido será a su vez un fuerte candidato para la consulta entre movimientos significativos en marzo. Al fin y al cabo, sólo dos candidatos pasarán a la segunda vuelta.

En las elecciones, se da por descontado que Santos se juega la carta de su impunidad: dineros de Odebrecht ingresaron a su campaña por conducto de su amigo Roberto Prieto y el fiscal se muestra preso de los intereses "del régimen" para continuar su investigación. Así las cosas, Santos saludará con beneplácito las dos candidaturas en las que se juega la otrora "unidad nacional": Como buen jugador de póker, se alista para ganar “con cara y con sello” según dicte la coyuntura en mayo próximo.

Todos sabemos que Santos gana si gana Fajardo: contrario a lo que pregona este último, no es un “alienígena” de la política, por décadas ha sido un actor más de ella. Y tampoco es nuevo que haga política con sectores de izquierda como el Polo, el partido que hoy recoge firmas para su candidatura. Fajardo vinculó a sectores políticos de las farc a su administración, como lo reconociera su otrora amigo el ex alcalde Alonso Salazar, cuando reveló en debate televisado que fue Fajardo quien llevó al guerrillero Fredy Escobar, alias “Jimmy Rios”, a la junta de EPM.

Santos tambien ganará si es elegido presidente su leal amigo, el exvicepresidente Vargas Lleras. Vargas es además un candidato con una característica particular: goza de una poderosa avanzada judicial. Sus vínculos con los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema, quedan aún más expuestos en el reciente escándalo del cartel de la toga. Para los Colombianos ya no son extraños los movimientos del señor Gerardo Torres "Yayo" y su exesposa Luz Mabel Parra con la oficina "paralela" del ex magistrado Bustos. La última, la Señora Parra, fungió como magistrada auxiliar del corrupto Bustos y fue luego nombrada por el Fiscal Martinez Neira.

Y es esta última particularidad de la candidatura de Vargas, la que explica los pronunciamientos del Fiscal, delicadamente dirigidos a influir en la política, luego de conocer el comunicado oficial del CNE que daba cuenta de la absolución al comité que inscribió la candidatura de Óscar Iván Zuluaga a la presidencia. Se daba por descontado que tras este pronunciamiento, Zuluaga volvía a barajar las precandidaturas del CD: pero Vargas necesita que no haya candidato visible del uribismo y el fiscal asestó el golpe que sembrara la duda en la absolución y por supuesto, encontró eco en el diario oficial.

Estos pronunciamientos del fiscal son coherentes con los cuestionamiento que la justicia ha mantenido y mantendrá, sobre las candidaturas que surjan del uribismo: especialmente en estas elecciones donde Vargas no ha podido obtener el apoyo de Uribe, lo que significa que sale a disputarse dicho electorado. A Vargas sólo le queda la vía del voto "útil" para pasar a la segunda vuelta: una campaña que hará aprovechando los cuestionamientos judiciales al candidato Uribista. Y claro, una vez en la segunda vuelta, promoverá el voto "en contra" para "cazar" los votantes que se resisten a que Colombia siga recorriendo el camino de Venezuela en oposición al candidato Fajardo, identificado como "el candidato de transición". Y digo que "cazará" a los votantes porque, como quedó demostrado después del bochornoso publireportaje, a Vargas poco le importa obtener su convencimiento, lo que quiere es que se vean obligados a votar por su candidatura por la vía del "voto  en contra".

Y es que Zuluaga no es el único precandidato del uribismo al que ha cuestionado la justicia: lo hizo con Arias cuando se proyectaba como precandidato de coalición y lo ha hecho por las mismas razones con un líder de la trayectoria y éxito de Luis Alfredo Ramos.

El caso del Dr. Ramos es emblemático, porque no obstante sacarlo de una contienda presidencial sembrándole la nada despreciable cifra de 7 falsos testigos, lo quieren sustraer de la segunda, a punto de volverse el caso más aberrante de victimizacion de una justicia que se muestra escasa de autonomía y ávida de intervenir en política. Qué es lo que espera la justicia para decidir el caso del Dr. Ramos? Acaso no conviene "al régimen" dejar en limpio su nombre? Espera que se venzan los términos de inscripción para dejarlo por fuera de la contienda? Si la Corte espera fallar este proceso después de la fecha de inscripción de candidaturas, tendría que producir una condena, so pena de quedar en evidencia la torticera intención de sustraerlo de otra contienda presidencial.

El de Ramos, es un caso de revictimización de la justicia asombroso: le abrieron un expediente en 2011 cuando finalizaba una exitosa gestión en gobernación de Antioquia, contrario al sombrío final de la administración Fajardo: endeudamiento excesivo, baja calidad en la educación, etc. Pasados dos años e inmediatamente después de anunciar su postulación como precandidato de la coalición Uribista a la presidencia, para debatírseña a Santos, le expidieron resolución de acusación con medida de aseguramiento. Una coincidencia muy extraña, no? y es que la Corte Suprema sólo dio inicio a su juicio 1 año y medio después: una vez el Dr. Ramos se entregó a la justicia y fuera de la contienda presidencial, ya la justicia no tenía prisa. La resolución de acusación junto a la medida de detención en su contra, fue firmada entre otros, por magistrados involucrados en el denominado "cartel de la toga": Bustos y Malo, otra coincidencia. El primero de ellos tuvo que desistir de su postulación a la fiscalía como candidato que era de Santos, otra gran coincidencia.

Recientemente, los medios oficiales han hecho eco de la trama iniciada por el Fiscal contra Ramos, según la cual habría pagado dinero al cartel liderado por Bustos para obtener el favor de la sala penal de la Corte, la misma que lo mantuvo detenido 40 meses: toda una contradicción. Y digo que es una "trama" porque fue acompañada de una lamentable maniobra: el fiscal, a pesar de saber que Ramos no gozaba de fuero para el momento del delito que presuntamente habría cometido y que en consecuencia, era suya la competencia de investigarlo, dio traslado a los magistrados de la sala penal de la Corte, esperando que estos pausaran una ponencia absolutoria, como ya se especulaba en los medios.

Lo cierto de este caso es que 8 meses después del término legal, no deciden su caso. Al Dr. Ramos no le han respetado las mínimas garantías en su proceso.

Pese a lo anterior, el Centro Democrático ha manifestado estar a la espera de las decisiones de la justicia para inscribir la precandidatura de Ramos. Lo cierto es que principios como la presunción de inocencia y el derecho a ser elegido nos enseñan que tales condicionamientos son inocuos. Bien decía Quevedo: "ningún vencido tiene justicia si lo ha de juzgar su vencedor". Para Colombia entera es claro que mantendrán "la espada de damocles" sobre un candidato que se proyecte triunfador de esta solución. Señores precandidatos: el momento actual exige “la grandeur” en el mejor sentido de la célebre frase del general de Gaulle.

No hay explicación que valga: en Colombia tenemos un cese bilateral disfrazado.

Al gobierno no le gustó la crítica de quienes consideramos que la nueva medida de suspensión de bombardeos es un cese bilateral disfrazado, especialmente después de las palabras del Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez Maldonado.

El presidente juhampa aclaró

“Solamente podrán hacerse los bombardeos por orden del Presidente de la República.

¿Eso qué quiere decir? Que es un gesto para ir desescalando.

No quiere decir que la Fuerza Pública no va a mantener su presencia en todo el territorio nacional (…);

todo lo contrario, va a tener más recursos, más capacidad para perseguir a todos los que sigan delinquiendo”

…no quiere decir que la Fuerza Pública va a dejar de operar en cada centímetro de nuestro territorio”.

Argumentó el presidente sentir tristeza

“cada vez que damos un paso que nos acerca a la paz,

surgen todos esos enemigos del proceso a desinformar al país,

a decirles a los colombianos: ‘Uy, el Presidente le ordenó a la Fuerza Pública quedarse quietos, vamos a quedar en manos de los delincuentes’. Eso es absolutamente falso”.

El ministro de defensa aseguró que pese a las críticas y comentarios,

“La medida está muy distante de ser un cese el fuego bilateral y definitivo”

Y Desconociendo que llevamos más de 3 años en esas discusiones improductivas

Dijo que el cese bilateral es un acuerdo que necesita muchas horas de trabajo

sobre muchos detalles que tienen que ver con operaciones,

áreas geográficas, procedimientos, comunicaciones, entre otras cosas,

“y hasta ahora no lo hemos conversado,

así que se mantienen todas las herramientas de control y lucha

para defender a los colombianos",

aseguró que esto no significa que las Fuerzas Armadas estén limitadas,

sino que al contrario, “están participando con todo su cuerpo en la consecución de la paz”

Se sumaron a la defensa de esta claudicación los sectores políticos que defienden un proceso de paz con más victimas, empezando por el fiscal general de la Nación,

Quien dijo que la medida es un gesto “totalmente constitucional”.

No necesitaba el totalmente para hacerlo más creíble, bastaba con que dijera que era constitucional. Para que su postura no se viera tan favorable a las farc, morigeró afirmando que está a meses de formular imputación contra los principales narcomandantes.

No podía faltar El senador Roy Barreras, quien manifestó que la suspensión de bombardeos es un gesto de buena voluntad del presidente porque el proceso de paz

que va en su recta final. Pero aclaró que el cese de bombardeos tiene unas condiciones:

“Si la guerrilla cumple con el cese unilateral de fuego,

cesa su lluvia de amenazas contra la población civil

y cesa su lluvia de atentados contra la fuerza pública y la infraestructura;

el gobierno cesa su lluvia de bombas, pues es este el preámbulo de la paz.

La paz se logra así, parando la guerra”,

“cuando resulte necesario, será él personalmente quien ordene un bombardeo”, dijo.

Ernesto Samper, secretario de Unasur, entidad a cargo de la veeduría del supuesto cese declarado por las farc, dijo que el cese de los bombardeos es la "respuesta lógica" ante el alto el fuego decidido por las farc. Y dijo esto, a pesar de lo ilógico que resultara que las farc a solo horas de declarara un cese unilateral volara carreteras, matara soldados y bombardeara a la fuerza pública: seguro compartirá el veedor del cese unilateral

la tesis de la legítima defensa de los narcoterroristas.

Fue una verdadera “andanada” de explicaciones banales que se pudieron haber ahorrado, porque el pueblo colombiano no “come cuento”

Artículo venta ISAGEN. "VENTA AMARRADA"

La falta de credibilidad que en los colombianos genera el gobierno del presidente Juan Manuel santos, tiende un manto de duda sobre la venta de ISAGEN.

La necesidad de la venta de este importante y estratégico activo de la nación, ha sido sostenida ya por dos gobiernos - muy distintos ellos-. En el gobierno del presidente Uribe, se necesitaba cubrir un "hueco" fiscal, dados los estragos que había causado en la economía la recesión económica mundial. Se desestimó la venta, luego de concluir que primaba lo estratégico del activo sobre la urgencia de balancear fiscalmente la Nación, en un gobierno que se caracterizó por la austeridad en el gasto publico. Igualmente, se canceló la venta en la medida en que se avecinaba el cambio de mando presidencial, siendo responsable dejar a quien sucedía en la presidencia la toma de esta decisión.

Al cumplir 3 años de haber recibido el mandato presidencial, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, argumenta la venta de ISAGEN en la necesidad de construir infraestructura vial. Pero la situación que apreciamos los Colombianos, dista de ser aquella motivada por el Ministro Cárdenas. Para los colombianos, resulta poco creíble que en el marco de un crecimiento excesivo del aparato estatal se nos argumente que la venta de este estratégico activo, que apenas supera los 4 billones de pesos, es necesaria para financiar un ambicioso plan de concesiones viales, valorado en más de 50 billones de pesos, a menos de un año de terminar el gobierno del presidente Santos.

No podrá convencernos, pese a tener el gobierno la competencia, de vender un activo estratégico y con rentabilidades del 13% anual, sin la claridad suficiente de la contribución que la venta reporta al plan de concesiones, como se ha dejado ver luego de la exposición de la viceminstra de Hacienda, Dra. Carolina Soto, en la comisión V del senado. El hecho mismo de no existir en Colombia las rentas con destino específico, complica más la operación que el gobierno precave.

No podrá convencernos de la necesidad de esta venta, cuando a los colombianos no se nos ha hecho claridad sobre la situación fiscal de la nación, las implicaciones del crecimiento del aparato estatal, y en consecuencia, de un desbordado gasto público. No nos convencerá a los colombianos un gobierno "derrochón" de vender una activo rentable, en el contexto de una contienda electoral, la cual afronta con una desfavorabilidad mayoritaria entre los colombianos.

No podemos evitar pensar los colombianos, que ante la proximidad de la venta de ISAGEN con la contienda por la reelección, y un presidente sorprendido por su baja imagen, coincida con la necesaria malversación de un activo estratégico de la Nación para honrar los compromisos adquiridos con una clase política a la cual se le ha devuelto los auxilios parlamentarios.

La campaña que se avecina estará recargada de "mermelada" como nunca antes se habría visto: seguramente veremos a los congresistas que hacen parte de la "unidad nacional" empeñados en reelegir las políticas de la mal llamada "prosperidad".

¿ESTAMOS LOS COLOMBIANOS ANTE LA MEJOR "OPORTUNIDAD" PARA PONERLE FÍN AL CONFLICTO CON LAS FARC?

Luego de una fallida reforma a la justicia, y ante constantes presiones de sectores de la opinión colombiana, el gobierno decidió comunicar a la sociedad que, fruto de sus contactos y reuniones secretas con comandantes del grupo subversivo Farc, se encontraba próximo a iniciar diálogos para acordar su desmovilización y reinserción a la vida civil. Pero no fue antes de la conferencia del Sr. Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, en la Universidad Externado de Colombia, que el ejecutivo anunció a la sociedad Colombiana las razones en las cuales fundaba su ejercicio de paz con dicho grupo insurgente.

 Al destacar las premisas básicas en las que se fundamentan los diálogos de la Habana, el Alto Comisionado observa en primer lugar, lo inaceptable que resulta para Colombia una guerra que se acerca a los 50 años.

 En la segunda de las premisas que sustentan dicha negociación, dice el Sr. Jaramillo: "nos encontramos ante la mejor oportunidad de ponerle fin (al conflicto armado interno)". Ante una aseveración de dicha magnitud, se esperaría que “a renglón seguido” el Alto Comisionado hiciera un recuento comparativo de esta iniciativa frente a los anteriores intentos de firmar un acuerdo con dicho grupo insurgente; o como mínimo, que realizara un análisis de la oportunidad de los diálogos, explicando algunos aspectos que se deben considerar al momento de tomar la decisión de iniciar la negociación[1], para concluir efectivamente que la actual mesa de diálogos es “la mejor oportunidad en la historia de ponerle fin” al conflicto armado interno. Pero ello nunca sucedió.

 En ausencia de dicho análisis, me propongo rescatar algunos de éstos aspectos, con el fin de averiguar si efectivamente nos encontramos frente a tan halagadora oportunidad. El siguiente artículo pretende ilustrar una serie de cuestionamientos al segundo de los fundamentos en que el ejecutivo soporta los diálogos de paz en la Habana.

 Dice el Sr. Leguízamo, quien como investigador del Departamento Nacional de Planeación lideró un importante estudio sobre los diálogos de paz del Caguán, que el primero de los aspectos que señala la oportunidad de iniciar unos diálogos de paz, es la convicción conjunta - de gobierno y guerrilla - de ser la vía negociada la mejor manera de salir del conflicto.

 Si como el sr. Jaramillo, decimos que la actual mesa de diálogos es la mejor oportunidad para ponerle fin a la guerra mediante un acuerdo, refiriéndonos con ello a la existencia de dicha convicción conjunta, estaríamos restando la influencia que para sentar a dialogar a la guerrilla ejerció el gobierno socialista venezolano, en cabeza del fallecido Hugo Chávez. Esta influencia es determinante en la mesa de negociaciones en cuanto a las lealtades que vinculan a la guerrilla con el gobierno socialista de Venezuela: es de conocimiento público que no son los valores democráticos, ni la conciliación de intereses entre la sociedad, la nota característica del gobierno venezolano. Esta considerable omisión, le resta oportunidades al gobierno Colombiano de entablar una estrategia tendiente a evitar las interferencias contrarias a la institucionalidad democrática en un posible acuerdo, siendo ésta, propiamente, la que recibirá a los subversivos luego de un proceso de reinserción.

 El segundo de los aspectos para evaluar la oportunidad de los diálogos, tiene que ver con la exigencia de la opinión pública en que se promuevan dichos diálogos, y que, una vez iniciados, obtengan el apoyo de la opinión.

 Si como el Alto Comisionado, manifestamos que el actual acercamiento con el grupo insurgente es la mejor oportunidad para llegar a un acuerdo que ponga fin a un conflicto, refiriéndonos con ello a que la opinión reclama o exige los diálogos, estaríamos omitiendo que el presidente Santos se eligió con el fin de continuar la política de seguridad democrática, en una confrontación directa a los grupos subversivos; a diferencia, por ejemplo, de las exigencias de los votantes y de la opinión pública en el gobierno del presidente Pastrana, quien fue elegido para entablar diálogos con dicha guerrilla, y por ende, dio apertura a la mesa de diálogos en el Caguán.

No quiero decir con ello que la política de seguridad democrática no preveía la finalización del conflicto mediante un proceso de negociación, sino que la misma señalaba que un ejercicio como éste sólo podría darse tras el cumplimiento de unos requisitos por parte de la insurgencia: cese de hostilidades, devolver a los secuestrados en su poder a la vida civil y renunciar al reclutamiento de menores. Sin embargo, en el actual acercamiento con la guerrilla, dichos presupuestos no fueron una exigencia por parte del ejecutivo y su ausencia hace que la opinión se encuentre pesimista frente a la mesa de diálogos de la Habana, lo cual se hace manifiesto en cada sondeo que sobre el tema se corre.

No podríamos llegar a una conclusión tan optimista, como podría hacerlo el Sr. Jaramillo, de encontrarnos ante la mejor oportunidad para dar vuelta a la página del conflicto en Colombia debido al apoyo de la opinión pública al desarrollo de los diálogos: conociendo la opinión los pronunciamientos cruzados de gobierno y guerrilla, los ataques a poblaciones por parte de ésta y el ejercicio de reclutamiento de menores que se evidencia a diario en las confrontaciones desde que se sentaron en la Habana los comandantes guerrilleros, sumado a la falta de reconocimiento de la condición de victimarios, antes que víctimas, no permite un apoyo de la opinión pública al desarrollo de la mesa de diálogos.

El tercer elemento que señala la oportunidad de la iniciación de diálogos, según reseña el Sr. Leguízamo, es la posibilidad futura de concretar un acuerdo. Esta posibilidad sólo puede ser el resultado de la necesaria verificación de dos condiciones: la correlación de fuerzas y la disposición de la sociedad colombiana para asumir un proceso de negociación.

Si el señor Jaramillo se refería a que ésta era la mejor oportunidad para dialogar, por la posibilidad futura de concretar un acuerdo en función a la existencia de correlación de fuerzas entre gobierno y guerrilla, es innegable que los golpes que se había asestado a dicha guerrilla durante los dos gobiernos anteriores -y comienzos del presente- lograron diezmar considerablemente su capacidad operativa, en comparación con ocasiones anteriores en las que el gobierno se ha sentado a negociar. Pero omite que la guerrilla encuentra refugio y apoyo por parte de gobiernos vecinos, habiéndose probado que su presencia es consentida en sus territorios, lo que les ha permitido evadir las fuerzas armadas colombianas. En consecuencia, a pesar de la merma de la capacidad operativa de la guerrilla, no existe una correlación de fuerzas dada la incapacidad del gobierno Colombiano de operar en territorios vecinos.

Tampoco es cierto afirmar la correlación de fuerzas entre gobierno y guerrilla en el plano militar, cuando la falta del fuero militar le resta capacidad operativa a las fuerzas armadas colombianas frente a la insurgencia. Esta debilidad es más notoria de lo que a simple vista parece, por el hecho de haber decidido el ejecutivo negociar en medio de las hostilidades de parte y parte. Si el gobierno no tiene la fuerza suficiente - y en ésta juega un papel determinante la protección de sus fuerzas- para impedir que las farc pretendan sustentar sus posiciones en la mesa de negociación con acciones bélicas en el territorio Colombiano, queda en peligro de ver escalado el conflicto armado interno, como fruto del acercamiento.

Adicional al contenido militar, en el análisis de la correlación de fuerzas es determinante el aspecto político. Se equivoca el Alto Comisionado al considerar que estamos ante la mejor oportunidad para lograr un acuerdo, dada la posibilidad futura de concretarlo, porque no existe - ni existirá- la anhelada correlación de fuerzas en el plano político, mientras que un actor alzado en armas, como lo es la farc, mantenga su apoyo logístico y financiero a organizaciones de base -a pesar de su actuar delictivo- y que éste apoyo permanezca impune -"farcpolítica"-. Este apoyo a organizaciones de base se manifiesta con frecuencia en actos de vandalismo y polarización de la sociedad, que impiden que la ciudadanía pueda pronunciarse de manera pacífica y democrática.

En cuanto a la contribución de la disposición de la sociedad Colombiana para asumir un proceso de negociación, en la posibilidad futura para concretar un acuerdo, yerra el Sr. Sergio Jaramillo al decir que nos encontramos ante la mejor oportunidad para ponerle fin al conflicto armado interno. Resulta evidente que omite el Sr. Comisionado la incapacidad del gobierno para avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestra sociedad para evitar el escalamiento del conflicto social en eventuales escenarios “de transición”.

Me refiero principalmente a la necesaria reforma de la justicia. Una justicia cuyos expedientes se toman años en los anaqueles de los estrados antes de ver una sentencia; una justicia que hace paro por dos meses sin que la sociedad se movilice para garantizar este derecho fundamental; una justicia cuya administración se encuentra “politizada”, no ejecuta el presupuesto para el funcionamiento de la rama y se tarda en el nombramiento de sus funcionarios. Resulta evidente el error que será “sobrecargar” un sistema penal, que se ha mostrado ineficiente para evacuar procesos en vigencia de 3 regímenes penales – ley 600, ley 904 y ley 975 o “de justicia y paz”- con un cuarto régimen penal, el “marco jurídico para la paz”; más aún, cuando se tiende un manto de duda sobre el avance de los procesos penales de la ley 975, que a cerca de 8 años de su promulgación, apenas logra 14 sentencias. Me refiero, por supuesto, a un sistema de salud que no alcanza para atender a pacientes en cuidados intensivos, ni mucho menos para una política de salud de prevención adecuada. Cómo no referirme a un sistema pensional insostenible desde el punto de vista del presupuesto público. Y ¿Dónde quedó la reforma a la educación?. todas éstas reformas, a la fecha de hoy - estando próximos a cumplir tres años del inicio del gobierno del presidente santos- no encuentran resultados.

Concluyendo, la manifestación de una “oportunidad” histórica de ponerle fin al conflicto armado interno, que el señor Jaramillo ha calificado como “la mejor”, sin argumentar las condiciones que la diferencian de anteriores oportunidades en que se ha intentado dialogar con dicho grupo subversivo, ni argumentar los aspectos que definen “la oportunidad” para iniciar los diálogos, dejan al desnudo la improvisación del ejecutivo en la mesa de diálogos de la Habana. Una vez analizados dichos aspectos, resulta evidente que, a más de ser inoportuno el establecimiento de la mesa de diálogos en la Habana, la sociedad Colombiana demanda previamente importantes reformas, las cuales -en efecto- ofrecerán un escenario de “transición” que señale la verdadera paz en el horizonte.

El argumento de escasez del Comisionado, cuando dice: "estamos ante un momento de decisiones como sólo se presentan una vez en una generación”, deja al descubierto una coacción indebida de la opinión, ante la falta de argumentos en qué sustentar la mesa de diálogos en la Habana: descriptivamente no es cierto, pero además, no hace justicia con anteriores gobiernos que han intentado esta posibilidad.

[1] Leguizamo, Camilo. “REFLEXIONES SOBRE EL PROCESO DE PAZ DEL GOBIERNO DE ANDRÉS PASTRANA Y LAS FARC-EP (1998-2002). En “ARCHIVOS DE ECONOMÍA”. Dirección de Estudios Económicos, Departamento Nacional de Planeación. Documento 204, 12 de agosto de 2004. [2] Ibídem.

¿QUÉ FUE LO QUE QUIZO DECIR EL SEÑOR JARAMILLO?

La polémica conferencia del Alto Comisionado para la paz, señor Sergio Jaramillo, en la Universidad Externado el pasado 09 de mayo, nos deja una serie de cuestionamientos que pretendo ilustrar.

Al inicio de su conferencia, el Comisionado destacó las premisas básicas en las que se fundamentan los diálogos de la Habana, siendo la primera de ellas, lo inaceptable que resulta la guerra en Colombia, a punto de cumplir 50 años. Al margen de la impunidad que este reconocimiento nos permite predecir - si se considera que la ley de víctimas sólo reconoce como tales a quienes haya sufrido un daño por hechos ocurridos a partir de 1985 y que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles - lo que nos sorprendió realmente fue la segunda de las premisas que sustentan las negociaciones de la Habana: “estamos ante la mejor oportunidad en la historia de ponerle fín” (a la guerra); oportunidad que, aduce, sólo se presenta una vez en una generación.

Ante una aseveración de dicha magnitud, uno se imaginaría que el Sr. Jaramaillo haría un recuento comparativo de esta iniciativa frente a los anteriores esfuerzos, o como mínimo, que el conferencista realizaría un análisis de la oportunidad de los diálogos, explicando algunos aspectos que deben ser considerados al momento de tomar la decisión de iniciar la negociación^[1] para  concluir que esta pudo haber sido “la mejor oportunidad en la historia de ponerle fin”.

Ante la ausencia del análisis requerido para llegar a dicha conclusión, me propongo rescatar algunos de éstos aspectos, con el fin de averiguar si efectivamente nos encontramos ante tan halagadora oportunidad.

El primero de éstos aspectos es la convicción conjunta, de gobierno y guerrilla, de que la mejor manera de salir del conflicto es la vía negociada.

Si, como el señor Jaramillo, decimos que es la mejor oportunidad para ponerle fin a la guerra mediante un acuerdo, refiriéndonos con ello a la existencia de una convicción conjunta, estaríamos menospreciando el hecho de que la guerrilla sólo llegó a ella por el papel fundamental que en este sentido jugó el liderazgo de Hugo Chávez. Esta influencia es determinante en la mesa de negociaciones en cuanto a las lealtades que vinculan al gobierno venezolano con la guerrilla, y por todos es conocido que lo que caracteriza al gobierno venezolano, no son propiamente los valores democráticos y de conciliación de intereses entre la sociedad. Esta omisión le resta oportunidades al gobierno Colombiano de entablar una estrategia que evite las interferencias contrarias a los valores democráticos tanto a la hora de establecer acuerdos, como a la hora de iniciar una transición.

El segundo de los aspectos para evaluar la oportunidad de los diálogos, tiene que ver con la opinión pública y su exigencia - o apoyo- a los mismos.

Si, en la calidad del Alto Comisionado, decimos que es la mejor oportunidad para llegar a un acuerdo que ponga fin a un conflicto, refiriéndonos con ello a que la opinión reclama o exige los diálogos, estaríamos omitiendo que el presidente Santos se eligió con el fin de continuar la estrategia de seguridad democrática, y que al iniciar una serie de contactos con dicha guerrilla en completo hermetismo, estos no fueron de buen recibo para el colectivo social que había apoyado su aspiración presidencial en las urnas. Cabe recordar que el Gobierno sólo vino a reconocer que había dado inicio a estos contactos, y que se había concertado una agenda, como paliativo por el fracaso de la reforma a la justicia. Por lo tanto, no sólo el procedimiento mismo que dio origen al inicio de los diálogos, sino también la manera de darlo a conocer a la opinión pública, han sido inoportunos.

Pero si pensáramos que el señor Jaramillo concibe que ésta es la mejor oportunidad para dialogar dado el apoyo que la opinión pública le ha dado al desarrollo de los diálogos, dicha conclusión no podría hacerse de manera tan optimista, conociendo la opinión los pronunciamientos cruzados de gobierno y guerrilla que se convierten en fuertes golpes para el apoyo de la opinión, y en consecuencia, minando el peso del compromiso al que puedan llegar los negociadores en la mesa.

Ahora, si lo que quiso decir el Comisionado, al manifestar que nos encontramos ante la mejor oportunidad que nunca antes hubiésemos tenido para llegar a un acuerdo, refiriéndose a la posibilidad futura de concretarlo, no dejaría de ser una especulación si su argumentación no valorara dos variables que se encuentran mutuamente relacionadas, y que determinan para el futuro de la negociación la firma de un acuerdo^[2], como son la correlación de fuerzas y la disposición de la sociedad colombiana para asumir un proceso de negociación.

Si el señor Jaramillo se refería a que ésta era la mejor oportunidad para dialogar, dada la correlación de fuerzas entre guerrilla y gobierno, es innegable que los golpes que se había asestado a dicha guerrilla durante los dos gobiernos anteriores lograron diezmar considerablemente su capacidad operativa, en comparación con ocasiones anteriores en las que el gobierno se ha sentado a negociar. Pero también es cierto que la guerrilla encuentra refugio y apoyo por parte de gobiernos vecinos, habiéndose probado que su presencia es consentida en sus territorios, lo que entre otros asuntos, les permitió evadir las fuerzas de seguridad colombianas. En consecuencia, a pesar de la merma de la capacidad operativa de la guerrilla, no existe una correlación de fuerzas dada la incapacidad del gobierno Colombiano de operar en territorios vecinos. Tampoco podemos negar que la falta del fuero militar le resta capacidad operativa a las fuerzas armadas colombianas frente a la insurgencia, lo que no permite que haya una correlación de fuerzas, en cuanto a lo militar se refiere, entre gobierno y guerrilla.

La correlación de fuerzas es importante en la medida en que se negocia en medio de las hostilidades de parte y parte. Si el gobierno no tiene una fuerza que logre impedir que las acciones bélicas de las farc pretendan sustentar sus posiciones en la mesa de negociación, el gobierno queda ante el peligro de  ver escalado el conflicto y sucumbir ante sus posiciones.

Ahora bien, dado que el análisis de la correlación de fuerzas desborda el tema militar, sobreponiéndose otros aspectos políticos, tampoco puede considerarse que estemos ante la mejor oportunidad para lograr un acuerdo. El hecho de que las farc mantengan su apoyo logístico y financiero a organizaciones de base, a pesar de su actuar delictivo, y que éste apoyo no sea encausado por la justicia, y por ende permanezca en la impunidad, propicia un desbalance en la correlación de fuerzas. Este apoyo a organizaciones de base a menudo se manifiesta en actos de vandalismo y polarización de la sociedad, que impiden que la ciudadanía pueda pronunciarse de manera pacífica y democrática. 

Por último, si lo que quiso decir el Alto Comisionado es que nos encontramos ante la mejor oportunidad para una negociación, refiriéndose a la disposición de la sociedad Colombiana para asumir un proceso de negociación, resulta evidente que omite la incapacidad del gobierno para avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestra sociedad para una convivencia pacífica en eventuales escenarios “de transición”, y evitar el escalamiento del conflicto social. Me refiero a la reforma de la educación, la reforma a la justicia, la reforma a la salud y la reforma pensional que a la fecha de hoy, estando próximos a cumplir tres años del inicio del gobierno del presidente santos, no encuentran resultados.

Concluyendo, en el análisis de la “oportunidad” de los diálogos, que el señor Jaramillo ha calificado como “la mejor”, ha omitido argumentar aspectos de la mayor importancia, que dejan por el piso las premisas en que se fundamenta la mesa de negociaciones de la Habana. Tampoco nos parece acertado acudir a un argumento de escasez, como el de “estamos ante un momento de decisiones como sólo se presentan una vez en una generación”, porque descriptivamente no es cierto; y además, no es justo con anteriores gobiernos que han intentado esta posibilidad.

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[1] Leguizamo, Camilo. “REFLEXIONES SOBRE EL PROCESO DE PAZ DEL GOBIERNO DE ANDRÉS PASTRANA Y LAS FARC-EP (1998-2002). En “ARCHIVOS DE ECONOMÍA”. Dirección de Estudios Económicos, Departamento Nacional de Planeación. Documento 204, 12 de agosto de 2004.

[2] Ibídem.

NO HUBO ACUERDO DE MAYORÍAS PARA PETRO EN EL CONCEJO DE BOGOTÁ, “NI A PUNTA DE COIMAS”

Unas sentidas felicitaciones se merecen los concejales que se declararon en oposición al alcalde Petro esta semana.

Luego de haber escuchado la semana antes de la pasada, al polémico alcalde de Bogotá y a su secretario de gobierno, sobre su confiada e indecente propuesta de atraer a los concejales ajenos a la coalición de gobierno “a punta de puestos en la alcaldía”, los concejales de los partidos opositores le dieron una gran lección sobre la independencia que decidieron mantener frente a la seducción de la nómina y el contrato-siendo que el partido liberal llego de ultimo-, cuando se encuentra en manos de persona de interminables vaivenes.

Luego de la indecorosa propuesta, la mayoría de los corporados, de partidos opuestos al “pobresismo”, se mantuvieron fuertes en su posición independiente. Y es que los pronunciamientos del mandatario capitalino reflejan sus estados emocionales (al estilo de algún mandatario de un país vecino); argumento poco creíble frente a la necesidad de administración y cálculo que requieren los asuntos más neurálgicos para la ciudad.

De nada sirvió atraer la ponderación del secretario de gobierno, quien parece haberse visto superado por un alumno efervescente y poco calculador. El jueves, antes de la reunión con el Ministro de Transporte, afirmó con la vehemencia de quien dicta la ley de puño y letra, que mientras estuviera en el poder no se construiría la ALO, cuando aun no había escuchado los argumentos técnicos del Ministro de Transporte.

De nuevo, vuelven los argumentos técnicos a desalojar los argumentos de jerarquía que ha querido imponer el alcalde de Bogotá. Con éstos argumentos de jerarquía no se ha persuadido a los concejales, quienes se declaran en oposición, con los peores pronósticos para el manejo de la ciudad por el alcalde Petro.

El viernes se ha escogido en el concejo las comisiones de planeacion, hacienda y gobierno, en un acto que nos orienta la manera en que el alcalde va ir acompañado de ingobernabilidad, dado que no ha alcanzado mayoría alguna en ninguna de ellas. No es como dice mockus, en un “flashback” de su esperiencia como alcalde de bogota, que se puede gobernar a Bogotá sin las mayorías en el concejo; a Petro le tocará un pulso imbatible para sacar adelante sus iniciativas, adelantando desde estas páginas un periodo de ingobernabilidad que se cierne sobre la ciudad.

En adelante, Petro tendrá que lidiar con la esclavitud a que lo conminan sus estados de ánimo, recordando aquel sabio proverbio según el cual: “es mejor ser dueño de su silencio que esclavo de sus palabras”.

NO HABRÁ PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA SIN SEGURIDAD DEMOCRÁTICA.

Quisiéramos los colombianos que los atentados terroristas que sufren los diferentes “convoyes” de camiones cargados de petróleo en los llanos orientales, fueran una alarma para el gobierno en la necesidad de seguridad. Pero nos frustra que dichos actos terroristas no logran trasnochar al presidente santos, tal vez porque dichos actos suceden a kilómetros de distancia de la casa de Nariño.

Recordemos que el año pasado, tras el secuestro de unos ingenieros de una compañía petrolera, el presidente santos reaccionó con un publicitado operativo militar en la zona del secuestro, a la vez que amenazó a las compañías mineras de expulsarlas del país en caso de que llegaran a pagar una extorsión - éste último movimiento poco más populista que el primero-. Si de responder con seguridad a éstas empresas se tratara -y no sólo de una maniobra para bloquear una reducción en los índices de popularidad que parecen haber preocupado más al mandatario en aquél entonces- hoy no estaríamos lamentándonos de estos hechos, que algunos pueden ver como insignificantes.

Y es que esta situación ya es de apreciación de los inversionistas alrededor del mundo. Es así como el reporte londinense de la compañía “Business Monitor International” titulado “Colombia oil y gas report. Q1, 2012”, advierte en su página 9ª, en el análisis SWOT, que una de las debilidades de nuestro país es la seguridad, en la medida en que las FARC y otros grupos terroristas mantengan poder en grandes partes del territorio.

Concluye este valioso documento que corre peligro la sostenibilidad del incremento en la producción de petróleo, tras los ataques y extorsiones de que son víctimas las compañías del sector de hidrocarburos.

Este informe concluye que Colombia necesita de ingenieros experimentados para seguir en aumento en la producción petrolera. Será que el presidente santos se pregunta cuantos ingenieros están dispuestos a arriesgarse al secuestro?

Pareciera que el gobierno olvidara que la seguridad democrática fue el factor previo a afianzar la confianza inversionista, de cuyos resultados se vanagloria hoy el gobierno del presidente santos.

¿Cuántas compañías, como la Oxidental Petroleoum Company (OXY) pueden decidir reducir su operación tras violentos ataques, como los que ha recibido dicha compañía en el oleoducto de caño limón-coveñas, del cual es un importante participante accionista?.

En la actualidad, las extorsiones son “el pan de cada día” de las empresas petroleras, las mineras en general, las del sector transporte y la gran cantidad de empresas que han quedado expuestas a las amenazas de los grupos violentos, y desprotegidas tras unas fuerzas armadas temerosas. ¿Será esta suficiente alerta de que la confianza inversionista puede verse resquebrajada en Colombia?

Esperemos que, diferente al año anterior, el presidente Santos atine a concentrarse en los problemas de seguridad del país: quienes seguimos de cerca dicha problemática vemos retroceder al país a situaciones de inseguridad que no fueron la regla cuando el actual presidente de la república se desempeñaba como ministro de defensa en el gobierno del presidente Uribe.

EL NUEVO MINISTRO DE DEFENSA VENEZOLANO Y LOS ARCHIVOS DE RAÚL REYES.

En desafortunada ocasión, ha acudido el presidente Chávez a nombrar como su ministro de defensa a quien estuviera cuestionado por su participación con la organización narcotraficante FARC.

Está detallado en el libro “los archivos de las FARC” publicado por el IISS, recopilado de los archivos que le fueron incautados a los narcotraficantes de las FARC, la actividad que desenvolvió dicho ministro cuando se desempeñaba como Director del Consejo nacional de Vivienda (CONAVI) en marzo de 2005, o cuando se desempeñaba como director de la DISIP, organismo de inteligencia venezolano, a partir de junio de dicho año.

Recapitulando los hechos conocidos como el “incidente de apure”, en donde fueron asesinados 5 soldados venezolanos y una ingeniera de PDVSA –de quien afirma las FARC, sostenía una relación personal con el presidente Chávez- en un enfrentamiento entre las FARC y las fuerzas armadas venezolanas a orillas del río Sarare en septiembre de 2004, sobrevino un período de crisis en la  relación que sostenía el gobierno venezolano y la organización narcotraficante FARC. Consecuencia del luto causado por esta masacre en las fuerzas militares, Chávez había ordenado a sus subordinados abstenerse de tener contacto con las FARC.

No es ninguna coincidencia que poco después de los hechos reconocidos como “El incidente de apure” se haya logrado la captura del canciller de las FARC, Rodrigo Granda. Tras su captura, le fue incautada una liberta de direcciones de militares y altos funcionarios del gobierno venezolano, la cual presentó el presidente Álvaro Uribe a dicho gobierno en protesta por sus relaciones con dicha organización. Acto seguido, el gobierno venezolano decide acceder a investigar dichas relaciones, en una especie de “Autoincriminación”, evento que permitió el entierro político de reconocidas figuras de la revolución bolivariana, como el señor Amílcar Figueroa o el señor Julio Montes.

A pesar de la “dureza” con que el gobierno venezolano sancionó a dichas personalidades de la revolución, quienes se han mantenido activos líderes chavistas, estas sanciones no ahuyentaron al recientemente posesionado ministro de defensa del vecino Estado Bolivariano, Henry Rangel Silva, de sostener contactos con  las FARC.

Luego del incidente de apure, la organización narcotraficante FARC sólo pudo conservar algunos pocos contactos, entre los más leales, el señor Henry Rangel Silva, quien para la época de marzo de 2005, cuando visitó a timochenko –hoy comandante de la organización narcotraficante FARC- se desempeñaba como director del Consejo Nacional de Vivienda (CONAVI).

En la visita de Rangel Silva a Timochenko en marzo de 2005, coincidieron ambos en la necesidad de relaciones estrechas entre las FARC y el gobierno venezolano, en un acto que califico de “apátrida” con los soldados venezolanos asesinados por las FARC apenas seis meses del “inicidente de apure”. Concluyeron que en el propósito de fortalecer la maltrecha relación, se necesitaba el nombramiento de un funcionario del régimen con acceso directo “al jefe” – Chávez- (en palabras de Raúl Reyes) que mantuviera la relación con el grupo guerrillero. Este hecho se encuentra narrado por el libro “los archivos de las FARC” capítulo Quinto, página 226.

No es ninguna coincidencia que tres meses después de su reunión con timochenko, en junio del año 2005, el señor Henry Rangel Silva fuera nombrado director de la DISIP, la agencia de inteligencia del estado venezolano, en sustitución de Miguel Rodríguez Torres. Éste último había  dejado la permeable institución tras el escándalo causado por la fuga de un reconocido narcotraficante colombiano, después de haber sobornado algunos agentes de la mencionada institución.

Diferente a los sucedido con Figueroa o con Montes, la historia de la relación del nuevo ministro Rangel Silva con las FARC no estuvo expuesta a la sanción del presidente Venezolano, y siendo director de la DISIP, ya para mediados del año 2006, Rangel Silva se reúne nuevamente con timochenko, ésta vez acompañado de Iván Márquez, para comunicarles nuevamente el apoyo de Chávez a la vez que les solicitó moderar el uso de territorio venezolano –conocidas algunas facciones de la narcotraficante FARC que operaba pistas para despachar la cocaína un poco más adentro de la frontera de lo permitido por el gobierno venezolano-, dado el acoso del gobierno norteamericano. Este hecho es narrado por el libro “los archivos de las FARC” capítulo Quinto, página 248.

Estas situaciones narradas en el libro “los archivos de las FARC”, nos permiten presumir que, contrario al sentir del pueblo Colombiano, el más contento con el nuevo ministro de defensa venezolano debe ser el comandante de la narcotraficante FARC, timochenko. El señor Rangel Silva es conocido suyo; le ha ayudado a las FARC en innumerables veces, ha tendido puentes entre Chávez y su organización narcotraficante.

A los colombianos nos surge una serie de dudas con este nombramiento: Qué se viene en las relaciones entre ministros de defensa? Podrá el Ministro Pinzón coincidir con un par venezolano que le ha servido a la organización que él persigue? Podrá establecerse una cooperación en inteligencia fluida con quien en tiempos pasados desde la DISIP desviara los esfuerzos en inteligencia entre los dos países? Cómo se llevará una relación entre gobiernos en cuanto a la defensa del territorio, si el par del Ministro de defensa colombiano en el gobierno Venezolano se reconoce aliado de las FARC aún cuando las relaciones entre esta guerrilla y el gobierno de Chávez ha sufrido reveses?.

Pero la duda más importante para los colombianos respecto a este nombramiento es esta: Será el luto por la muerte de los policías y militares colombianos secuestrados por las FARC tan fulminante como el luto del presidente venezolano por la muerte de los soldados en el “incidente de apure”?

A todas estas, no sabemos qué pensará el presidente Santos de los nombramientos de su nuevo mejor amigo, pero seguramente sentirá menor “escalofrío” que aquél que sintió el expresidente Uribe con los nombramientos de algunos ministros una vez se posesionó el presidente Santos.

los DIALOGOS.

Desde hace un par de semanas, confirmada la intención de negociación de las denominadas "bacrim" con el ejecutivo por intermedio de un prelado costeño, e igual voluntad manifestada por parte de las FARC, quienes han escogido a la exsenadora Córdoba para canalizar su deseo, mientras liberan secuestrados a cuenta gotas, ha vuelto al ruedo la posibilidad de los diálogos con los grupos alzados en armas con el ejecutivo.

El ministro Vargas lleras dijo, en el caso de la intermediación del prelado costeño, que a las bacrim no les queda una salida diferente que su sometimiento a la justicia, pronunciamiento que felicitamos por su coherencia en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad que de dicho flajelo derivan aquellas organizaciones.

Lo que debemos analizar a profundidad es la conveniencia de un diálogo con las FARC y los demás movimientos guerrilleros. El Estado Colombiano ha demostrado la capacidad disuasiva de sus fuerzas armadas frente a éstos grupos insurgentes: no me cabe duda que es ello precisamente lo que ha generado la intención de diálogo en la guerrilla.

La presencia del elemento "Guerrilla" en la actualidad nacional, es más que una tara que evita el desarrollo del país, inicialmente, por las cifras que su accionar arroja sobre los más elementales derechos de los ciudadanos, garantizados supuestamente por la Constitución. Desde los homicidios, secuestros, reclutamiento de menores, desplazamiento y violaciones, etc., éstos grupos han hecho ver nuestro suelo como uno de los más violentos del mundo, dejando a su paso algo más que subdesarrollo.

Diálogos, negociaciones o "pactos" -como lo denominara el expresidente Pastrana en su entrevista el día de ayer-: no son términos que difieren en su finalidad, en cuanto el término que entre éstos se escoja, implica que dos partes quieran encontrar un entendimiento, "topoi" o punto común, sobre el cual se pueda evolucionar el estado actual de las cosas, en especial, la guerra que ha vivido y vive Colombia.

De la guerra ideológica que vivió el país décadas atrás, aún hoy pervive la guerrilla financiada por el narcotráfico, el mismo que financió los grupos de autodefensa -hoy desmovilizados-. El narcotráfico es el único enemigo de la sociedad colombiana. Hace mucho tiempo se demostró que la guerrilla había fincado su empresa en el narcotráfico, como también se demostró a su tiempo la misma empresa en los movimientos de autodefensa. Guerrilla y bacrim hoy conforman un mismo bando: narcotraficantes.

Colombia no termina de pagar el precio que ha dejado la negociación con el narcotráfico: fue así cuando en el gobierno del expresidente Gaviria se negoció con Pablo escobar y el cartel de Medellín, de igual manera que sucedió con el expresidente Samper cuando negoció con el cartel de Cali. De igual manera, se ve reflejado éste error en el accionar de las bacrim, derivado su actuar de una negociación con las autodefensas. El narcotráfico siempre toma aquellos elementos curtidos en la delincuencia para asegurar su pervivencia por la única y lógica razón de su ilegalidad.

APLAZAMIENTO DE REUNIÓN DE CANCILLERES COLOMBIA-VENEZUELA.

Por:
José Alejandro Ramírez L.

Contrario a lo que pregonan los medios, no me sorprende el anuncio de la suspendida reunión de los cancilleres Holguín y Maduro, emplazada para fecha posterior a los comicios para la elección de la asamblea de diputados en el vecino país.

Colombia ha obtenido un relativo éxito tras el apaciguamiento de las relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela. No se logró la comisión de verificación solicitada por el gobernó saliente del presidente Uribe; el gobierno entrante de Colombia retiró esa propuesta como medio para obtener paz y un principio de pago de la cuantiosa deuda que los importadores de ese país deben al sector exportador del nuestro.

Sin duda, fue una jugada maestra para el entrante gobierno de Juan Manuel Santos, quien se ha podido dedicar a impulsar las reformas prometidas en campaña, con las bancadas alineadas alrededor de la mesa de unidad nacional. En el entretanto, han salido a brillar los éxitos cosechados en el gobierno del presidente Uribe: una estabilidad económica centrada en la baja inflación, la creciente inversión extranjera, la bonanza del sector minero, por mencionar sólo algunas. La falta del debate ideológico intenso que se vivió en los últimos años del gobierno Uribe, ha dejado mostrar las virtudes de la expectante economía colombiana, quien se suma a las más atractivas de Latinoamérica.

Pero, como en política a veces los resultados son ambiguos, el presidente del vecino país salió bien librado de lo que parecía ser la estocada para terminar con sus mayorías en la asamblea de diputados. Colombia, junto a un grupo de valientes venezolanos, se había decidido a denunciar las violaciones del régimen jurídico internacional por parte del paria vecino. En los medios de opinión colombianos, existió complicidad para dar espacio en sus micrófonos a los agobiados venezolanos, quienes cada vez más se ven despojados y sus canastas vacías, tras una intenso problema de desabastecimiento de bienes, ello sin mencionar la ola de violencia que vive el vecino país.

Percatado el gobierno colombiano de los efectos que tuvo su diálogo, fructíferos a todas luces, decidió bajarle la velocidad a la disposición del gobierno Santos para restablecer las relaciones diplomáticas. Ello se confirma por el anuncio de dos situaciones fundamentales en los temas que se había propuesto la comisión de ministros conformados para el restablecimiento de las relaciones: primero, el ministro Díaz-Granados ha observado con precisión problemas en el pago de la deuda anunciada por el gobierno de Venezuela, concluyendo que dicha nación aún no logra dar cumplimiento a su inicial compromiso (se ha pagado los réditos a las aerolíneas únicamente).

El más sensible, es el segundo anuncio: el aplazamiento de la reunión de cancilleres una vez se verifique la realización de los comicios a la asamblea de diputados en Venezuela. Este particular es definitivo, en tanto supedita el contenido de los diálogos y la orientación que estos puedan recibir a futuro, al resultado de las votaciones en Venezuela. Lo anterior muestra la interpretación que le da el gobierno de Colombia a las votaciones del vecino país: no es lo mismo dialogar con un gobierno que tiene mayorías en la célula legislativa, que dialogar con un gobierno expuesto a perder dichas mayorías, como se prevé le sucederá al vecino gobierno, aún en contra del presupuesto petrolero que se ha volcado en la consecución de los votos de los venezolanos.

El gobierno colombiano no es el único expectante en la votación venezolana. De presentarse una derrota del régimen chavista en los comicios de la célula legislativa, es predecible la generosidad del mandatario vecino, quien se propondrá el abastecimiento de bienes de su mercado interno, en cuya demanda es valioso el aporte de la industria colombiana. Lo anterior, como medio para intentar subsanar una derrota. Esperamos que los vaticinios de derrota electoral del vecino mandatario puedan consolidarse en la votación a realizarse este mes, no sólo por las expectativas de ventas que alrededor de éste hecho puedan sobrevenir, sino porque anhelamos la estabilidad política del vecino país.