Al destacar las premisas básicas en las que se fundamentan los diálogos de la Habana, el Alto Comisionado observa en primer lugar, lo inaceptable que resulta para Colombia una guerra que se acerca a los 50 años.
En la segunda de las premisas que sustentan dicha negociación, dice el Sr. Jaramillo: "nos encontramos ante la mejor oportunidad de ponerle fin (al conflicto armado interno)". Ante una aseveración de dicha magnitud, se esperaría que “a renglón seguido” el Alto Comisionado hiciera un recuento comparativo de esta iniciativa frente a los anteriores intentos de firmar un acuerdo con dicho grupo insurgente; o como mínimo, que realizara un análisis de la oportunidad de los diálogos, explicando algunos aspectos que se deben considerar al momento de tomar la decisión de iniciar la negociación[1], para concluir efectivamente que la actual mesa de diálogos es “la mejor oportunidad en la historia de ponerle fin” al conflicto armado interno. Pero ello nunca sucedió.
En ausencia de dicho análisis, me propongo rescatar algunos de éstos aspectos, con el fin de averiguar si efectivamente nos encontramos frente a tan halagadora oportunidad. El siguiente artículo pretende ilustrar una serie de cuestionamientos al segundo de los fundamentos en que el ejecutivo soporta los diálogos de paz en la Habana.
Dice el Sr. Leguízamo, quien como investigador del Departamento Nacional de Planeación lideró un importante estudio sobre los diálogos de paz del Caguán, que el primero de los aspectos que señala la oportunidad de iniciar unos diálogos de paz, es la convicción conjunta - de gobierno y guerrilla - de ser la vía negociada la mejor manera de salir del conflicto.
Si como el sr. Jaramillo, decimos que la actual mesa de diálogos es la mejor oportunidad para ponerle fin a la guerra mediante un acuerdo, refiriéndonos con ello a la existencia de dicha convicción conjunta, estaríamos restando la influencia que para sentar a dialogar a la guerrilla ejerció el gobierno socialista venezolano, en cabeza del fallecido Hugo Chávez. Esta influencia es determinante en la mesa de negociaciones en cuanto a las lealtades que vinculan a la guerrilla con el gobierno socialista de Venezuela: es de conocimiento público que no son los valores democráticos, ni la conciliación de intereses entre la sociedad, la nota característica del gobierno venezolano. Esta considerable omisión, le resta oportunidades al gobierno Colombiano de entablar una estrategia tendiente a evitar las interferencias contrarias a la institucionalidad democrática en un posible acuerdo, siendo ésta, propiamente, la que recibirá a los subversivos luego de un proceso de reinserción.
El segundo de los aspectos para evaluar la oportunidad de los diálogos, tiene que ver con la exigencia de la opinión pública en que se promuevan dichos diálogos, y que, una vez iniciados, obtengan el apoyo de la opinión.
Si como el Alto Comisionado, manifestamos que el actual acercamiento con el grupo insurgente es la mejor oportunidad para llegar a un acuerdo que ponga fin a un conflicto, refiriéndonos con ello a que la opinión reclama o exige los diálogos, estaríamos omitiendo que el presidente Santos se eligió con el fin de continuar la política de seguridad democrática, en una confrontación directa a los grupos subversivos; a diferencia, por ejemplo, de las exigencias de los votantes y de la opinión pública en el gobierno del presidente Pastrana, quien fue elegido para entablar diálogos con dicha guerrilla, y por ende, dio apertura a la mesa de diálogos en el Caguán.
No quiero decir con ello que la política de seguridad democrática no preveía la finalización del conflicto mediante un proceso de negociación, sino que la misma señalaba que un ejercicio como éste sólo podría darse tras el cumplimiento de unos requisitos por parte de la insurgencia: cese de hostilidades, devolver a los secuestrados en su poder a la vida civil y renunciar al reclutamiento de menores. Sin embargo, en el actual acercamiento con la guerrilla, dichos presupuestos no fueron una exigencia por parte del ejecutivo y su ausencia hace que la opinión se encuentre pesimista frente a la mesa de diálogos de la Habana, lo cual se hace manifiesto en cada sondeo que sobre el tema se corre.
No podríamos llegar a una conclusión tan optimista, como podría hacerlo el Sr. Jaramillo, de encontrarnos ante la mejor oportunidad para dar vuelta a la página del conflicto en Colombia debido al apoyo de la opinión pública al desarrollo de los diálogos: conociendo la opinión los pronunciamientos cruzados de gobierno y guerrilla, los ataques a poblaciones por parte de ésta y el ejercicio de reclutamiento de menores que se evidencia a diario en las confrontaciones desde que se sentaron en la Habana los comandantes guerrilleros, sumado a la falta de reconocimiento de la condición de victimarios, antes que víctimas, no permite un apoyo de la opinión pública al desarrollo de la mesa de diálogos.
El tercer elemento que señala la oportunidad de la iniciación de diálogos, según reseña el Sr. Leguízamo, es la posibilidad futura de concretar un acuerdo. Esta posibilidad sólo puede ser el resultado de la necesaria verificación de dos condiciones: la correlación de fuerzas y la disposición de la sociedad colombiana para asumir un proceso de negociación.
Si el señor Jaramillo se refería a que ésta era la mejor oportunidad para dialogar, por la posibilidad futura de concretar un acuerdo en función a la existencia de correlación de fuerzas entre gobierno y guerrilla, es innegable que los golpes que se había asestado a dicha guerrilla durante los dos gobiernos anteriores -y comienzos del presente- lograron diezmar considerablemente su capacidad operativa, en comparación con ocasiones anteriores en las que el gobierno se ha sentado a negociar. Pero omite que la guerrilla encuentra refugio y apoyo por parte de gobiernos vecinos, habiéndose probado que su presencia es consentida en sus territorios, lo que les ha permitido evadir las fuerzas armadas colombianas. En consecuencia, a pesar de la merma de la capacidad operativa de la guerrilla, no existe una correlación de fuerzas dada la incapacidad del gobierno Colombiano de operar en territorios vecinos.
Tampoco es cierto afirmar la correlación de fuerzas entre gobierno y guerrilla en el plano militar, cuando la falta del fuero militar le resta capacidad operativa a las fuerzas armadas colombianas frente a la insurgencia. Esta debilidad es más notoria de lo que a simple vista parece, por el hecho de haber decidido el ejecutivo negociar en medio de las hostilidades de parte y parte. Si el gobierno no tiene la fuerza suficiente - y en ésta juega un papel determinante la protección de sus fuerzas- para impedir que las farc pretendan sustentar sus posiciones en la mesa de negociación con acciones bélicas en el territorio Colombiano, queda en peligro de ver escalado el conflicto armado interno, como fruto del acercamiento.
Adicional al contenido militar, en el análisis de la correlación de fuerzas es determinante el aspecto político. Se equivoca el Alto Comisionado al considerar que estamos ante la mejor oportunidad para lograr un acuerdo, dada la posibilidad futura de concretarlo, porque no existe - ni existirá- la anhelada correlación de fuerzas en el plano político, mientras que un actor alzado en armas, como lo es la farc, mantenga su apoyo logístico y financiero a organizaciones de base -a pesar de su actuar delictivo- y que éste apoyo permanezca impune -"farcpolítica"-. Este apoyo a organizaciones de base se manifiesta con frecuencia en actos de vandalismo y polarización de la sociedad, que impiden que la ciudadanía pueda pronunciarse de manera pacífica y democrática.
En cuanto a la contribución de la disposición de la sociedad Colombiana para asumir un proceso de negociación, en la posibilidad futura para concretar un acuerdo, yerra el Sr. Sergio Jaramillo al decir que nos encontramos ante la mejor oportunidad para ponerle fin al conflicto armado interno. Resulta evidente que omite el Sr. Comisionado la incapacidad del gobierno para avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestra sociedad para evitar el escalamiento del conflicto social en eventuales escenarios “de transición”.
Me refiero principalmente a la necesaria reforma de la justicia. Una justicia cuyos expedientes se toman años en los anaqueles de los estrados antes de ver una sentencia; una justicia que hace paro por dos meses sin que la sociedad se movilice para garantizar este derecho fundamental; una justicia cuya administración se encuentra “politizada”, no ejecuta el presupuesto para el funcionamiento de la rama y se tarda en el nombramiento de sus funcionarios. Resulta evidente el error que será “sobrecargar” un sistema penal, que se ha mostrado ineficiente para evacuar procesos en vigencia de 3 regímenes penales – ley 600, ley 904 y ley 975 o “de justicia y paz”- con un cuarto régimen penal, el “marco jurídico para la paz”; más aún, cuando se tiende un manto de duda sobre el avance de los procesos penales de la ley 975, que a cerca de 8 años de su promulgación, apenas logra 14 sentencias. Me refiero, por supuesto, a un sistema de salud que no alcanza para atender a pacientes en cuidados intensivos, ni mucho menos para una política de salud de prevención adecuada. Cómo no referirme a un sistema pensional insostenible desde el punto de vista del presupuesto público. Y ¿Dónde quedó la reforma a la educación?. todas éstas reformas, a la fecha de hoy - estando próximos a cumplir tres años del inicio del gobierno del presidente santos- no encuentran resultados.
Concluyendo, la manifestación de una “oportunidad” histórica de ponerle fin al conflicto armado interno, que el señor Jaramillo ha calificado como “la mejor”, sin argumentar las condiciones que la diferencian de anteriores oportunidades en que se ha intentado dialogar con dicho grupo subversivo, ni argumentar los aspectos que definen “la oportunidad” para iniciar los diálogos, dejan al desnudo la improvisación del ejecutivo en la mesa de diálogos de la Habana. Una vez analizados dichos aspectos, resulta evidente que, a más de ser inoportuno el establecimiento de la mesa de diálogos en la Habana, la sociedad Colombiana demanda previamente importantes reformas, las cuales -en efecto- ofrecerán un escenario de “transición” que señale la verdadera paz en el horizonte.
El argumento de escasez del Comisionado, cuando dice: "estamos ante un momento de decisiones como sólo se presentan una vez en una generación”, deja al descubierto una coacción indebida de la opinión, ante la falta de argumentos en qué sustentar la mesa de diálogos en la Habana: descriptivamente no es cierto, pero además, no hace justicia con anteriores gobiernos que han intentado esta posibilidad.
[1] Leguizamo, Camilo. “REFLEXIONES SOBRE EL PROCESO DE PAZ DEL GOBIERNO DE ANDRÉS PASTRANA Y LAS FARC-EP (1998-2002). En “ARCHIVOS DE ECONOMÍA”. Dirección de Estudios Económicos, Departamento Nacional de Planeación. Documento 204, 12 de agosto de 2004. [2] Ibídem.
No quiero decir con ello que la política de seguridad democrática no preveía la finalización del conflicto mediante un proceso de negociación, sino que la misma señalaba que un ejercicio como éste sólo podría darse tras el cumplimiento de unos requisitos por parte de la insurgencia: cese de hostilidades, devolver a los secuestrados en su poder a la vida civil y renunciar al reclutamiento de menores. Sin embargo, en el actual acercamiento con la guerrilla, dichos presupuestos no fueron una exigencia por parte del ejecutivo y su ausencia hace que la opinión se encuentre pesimista frente a la mesa de diálogos de la Habana, lo cual se hace manifiesto en cada sondeo que sobre el tema se corre.
No podríamos llegar a una conclusión tan optimista, como podría hacerlo el Sr. Jaramillo, de encontrarnos ante la mejor oportunidad para dar vuelta a la página del conflicto en Colombia debido al apoyo de la opinión pública al desarrollo de los diálogos: conociendo la opinión los pronunciamientos cruzados de gobierno y guerrilla, los ataques a poblaciones por parte de ésta y el ejercicio de reclutamiento de menores que se evidencia a diario en las confrontaciones desde que se sentaron en la Habana los comandantes guerrilleros, sumado a la falta de reconocimiento de la condición de victimarios, antes que víctimas, no permite un apoyo de la opinión pública al desarrollo de la mesa de diálogos.
El tercer elemento que señala la oportunidad de la iniciación de diálogos, según reseña el Sr. Leguízamo, es la posibilidad futura de concretar un acuerdo. Esta posibilidad sólo puede ser el resultado de la necesaria verificación de dos condiciones: la correlación de fuerzas y la disposición de la sociedad colombiana para asumir un proceso de negociación.
Si el señor Jaramillo se refería a que ésta era la mejor oportunidad para dialogar, por la posibilidad futura de concretar un acuerdo en función a la existencia de correlación de fuerzas entre gobierno y guerrilla, es innegable que los golpes que se había asestado a dicha guerrilla durante los dos gobiernos anteriores -y comienzos del presente- lograron diezmar considerablemente su capacidad operativa, en comparación con ocasiones anteriores en las que el gobierno se ha sentado a negociar. Pero omite que la guerrilla encuentra refugio y apoyo por parte de gobiernos vecinos, habiéndose probado que su presencia es consentida en sus territorios, lo que les ha permitido evadir las fuerzas armadas colombianas. En consecuencia, a pesar de la merma de la capacidad operativa de la guerrilla, no existe una correlación de fuerzas dada la incapacidad del gobierno Colombiano de operar en territorios vecinos.
Tampoco es cierto afirmar la correlación de fuerzas entre gobierno y guerrilla en el plano militar, cuando la falta del fuero militar le resta capacidad operativa a las fuerzas armadas colombianas frente a la insurgencia. Esta debilidad es más notoria de lo que a simple vista parece, por el hecho de haber decidido el ejecutivo negociar en medio de las hostilidades de parte y parte. Si el gobierno no tiene la fuerza suficiente - y en ésta juega un papel determinante la protección de sus fuerzas- para impedir que las farc pretendan sustentar sus posiciones en la mesa de negociación con acciones bélicas en el territorio Colombiano, queda en peligro de ver escalado el conflicto armado interno, como fruto del acercamiento.
Adicional al contenido militar, en el análisis de la correlación de fuerzas es determinante el aspecto político. Se equivoca el Alto Comisionado al considerar que estamos ante la mejor oportunidad para lograr un acuerdo, dada la posibilidad futura de concretarlo, porque no existe - ni existirá- la anhelada correlación de fuerzas en el plano político, mientras que un actor alzado en armas, como lo es la farc, mantenga su apoyo logístico y financiero a organizaciones de base -a pesar de su actuar delictivo- y que éste apoyo permanezca impune -"farcpolítica"-. Este apoyo a organizaciones de base se manifiesta con frecuencia en actos de vandalismo y polarización de la sociedad, que impiden que la ciudadanía pueda pronunciarse de manera pacífica y democrática.
En cuanto a la contribución de la disposición de la sociedad Colombiana para asumir un proceso de negociación, en la posibilidad futura para concretar un acuerdo, yerra el Sr. Sergio Jaramillo al decir que nos encontramos ante la mejor oportunidad para ponerle fin al conflicto armado interno. Resulta evidente que omite el Sr. Comisionado la incapacidad del gobierno para avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestra sociedad para evitar el escalamiento del conflicto social en eventuales escenarios “de transición”.
Me refiero principalmente a la necesaria reforma de la justicia. Una justicia cuyos expedientes se toman años en los anaqueles de los estrados antes de ver una sentencia; una justicia que hace paro por dos meses sin que la sociedad se movilice para garantizar este derecho fundamental; una justicia cuya administración se encuentra “politizada”, no ejecuta el presupuesto para el funcionamiento de la rama y se tarda en el nombramiento de sus funcionarios. Resulta evidente el error que será “sobrecargar” un sistema penal, que se ha mostrado ineficiente para evacuar procesos en vigencia de 3 regímenes penales – ley 600, ley 904 y ley 975 o “de justicia y paz”- con un cuarto régimen penal, el “marco jurídico para la paz”; más aún, cuando se tiende un manto de duda sobre el avance de los procesos penales de la ley 975, que a cerca de 8 años de su promulgación, apenas logra 14 sentencias. Me refiero, por supuesto, a un sistema de salud que no alcanza para atender a pacientes en cuidados intensivos, ni mucho menos para una política de salud de prevención adecuada. Cómo no referirme a un sistema pensional insostenible desde el punto de vista del presupuesto público. Y ¿Dónde quedó la reforma a la educación?. todas éstas reformas, a la fecha de hoy - estando próximos a cumplir tres años del inicio del gobierno del presidente santos- no encuentran resultados.
Concluyendo, la manifestación de una “oportunidad” histórica de ponerle fin al conflicto armado interno, que el señor Jaramillo ha calificado como “la mejor”, sin argumentar las condiciones que la diferencian de anteriores oportunidades en que se ha intentado dialogar con dicho grupo subversivo, ni argumentar los aspectos que definen “la oportunidad” para iniciar los diálogos, dejan al desnudo la improvisación del ejecutivo en la mesa de diálogos de la Habana. Una vez analizados dichos aspectos, resulta evidente que, a más de ser inoportuno el establecimiento de la mesa de diálogos en la Habana, la sociedad Colombiana demanda previamente importantes reformas, las cuales -en efecto- ofrecerán un escenario de “transición” que señale la verdadera paz en el horizonte.
El argumento de escasez del Comisionado, cuando dice: "estamos ante un momento de decisiones como sólo se presentan una vez en una generación”, deja al descubierto una coacción indebida de la opinión, ante la falta de argumentos en qué sustentar la mesa de diálogos en la Habana: descriptivamente no es cierto, pero además, no hace justicia con anteriores gobiernos que han intentado esta posibilidad.
[1] Leguizamo, Camilo. “REFLEXIONES SOBRE EL PROCESO DE PAZ DEL GOBIERNO DE ANDRÉS PASTRANA Y LAS FARC-EP (1998-2002). En “ARCHIVOS DE ECONOMÍA”. Dirección de Estudios Económicos, Departamento Nacional de Planeación. Documento 204, 12 de agosto de 2004. [2] Ibídem.
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