La polémica conferencia del Alto Comisionado para la paz, señor Sergio Jaramillo, en la Universidad Externado el pasado 09 de mayo, nos deja una serie de cuestionamientos que pretendo ilustrar.
Al inicio de su conferencia, el Comisionado destacó las premisas básicas en las que se fundamentan los diálogos de la Habana, siendo la primera de ellas, lo inaceptable que resulta la guerra en Colombia, a punto de cumplir 50 años. Al margen de la impunidad que este reconocimiento nos permite predecir - si se considera que la ley de víctimas sólo reconoce como tales a quienes haya sufrido un daño por hechos ocurridos a partir de 1985 y que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles - lo que nos sorprendió realmente fue la segunda de las premisas que sustentan las negociaciones de la Habana: “estamos ante la mejor oportunidad en la historia de ponerle fín” (a la guerra); oportunidad que, aduce, sólo se presenta una vez en una generación.
Ante una aseveración de dicha magnitud, uno se imaginaría que el Sr. Jaramaillo haría un recuento comparativo de esta iniciativa frente a los anteriores esfuerzos, o como mínimo, que el conferencista realizaría un análisis de la oportunidad de los diálogos, explicando algunos aspectos que deben ser considerados al momento de tomar la decisión de iniciar la negociación[1] para concluir que esta pudo haber sido “la mejor oportunidad en la historia de ponerle fin”.
Ante la ausencia del análisis requerido para llegar a dicha conclusión, me propongo rescatar algunos de éstos aspectos, con el fin de averiguar si efectivamente nos encontramos ante tan halagadora oportunidad.
El primero de éstos aspectos es la convicción conjunta, de gobierno y guerrilla, de que la mejor manera de salir del conflicto es la vía negociada.
Si, como el señor Jaramillo, decimos que es la mejor oportunidad para ponerle fin a la guerra mediante un acuerdo, refiriéndonos con ello a la existencia de una convicción conjunta, estaríamos menospreciando el hecho de que la guerrilla sólo llegó a ella por el papel fundamental que en este sentido jugó el liderazgo de Hugo Chávez. Esta influencia es determinante en la mesa de negociaciones en cuanto a las lealtades que vinculan al gobierno venezolano con la guerrilla, y por todos es conocido que lo que caracteriza al gobierno venezolano, no son propiamente los valores democráticos y de conciliación de intereses entre la sociedad. Esta omisión le resta oportunidades al gobierno Colombiano de entablar una estrategia que evite las interferencias contrarias a los valores democráticos tanto a la hora de establecer acuerdos, como a la hora de iniciar una transición.
El segundo de los aspectos para evaluar la oportunidad de los diálogos, tiene que ver con la opinión pública y su exigencia - o apoyo- a los mismos.
Si, en la calidad del Alto Comisionado, decimos que es la mejor oportunidad para llegar a un acuerdo que ponga fin a un conflicto, refiriéndonos con ello a que la opinión reclama o exige los diálogos, estaríamos omitiendo que el presidente Santos se eligió con el fin de continuar la estrategia de seguridad democrática, y que al iniciar una serie de contactos con dicha guerrilla en completo hermetismo, estos no fueron de buen recibo para el colectivo social que había apoyado su aspiración presidencial en las urnas. Cabe recordar que el Gobierno sólo vino a reconocer que había dado inicio a estos contactos, y que se había concertado una agenda, como paliativo por el fracaso de la reforma a la justicia. Por lo tanto, no sólo el procedimiento mismo que dio origen al inicio de los diálogos, sino también la manera de darlo a conocer a la opinión pública, han sido inoportunos.
Pero si pensáramos que el señor Jaramillo concibe que ésta es la mejor oportunidad para dialogar dado el apoyo que la opinión pública le ha dado al desarrollo de los diálogos, dicha conclusión no podría hacerse de manera tan optimista, conociendo la opinión los pronunciamientos cruzados de gobierno y guerrilla que se convierten en fuertes golpes para el apoyo de la opinión, y en consecuencia, minando el peso del compromiso al que puedan llegar los negociadores en la mesa.
Ahora, si lo que quiso decir el Comisionado, al manifestar que nos encontramos ante la mejor oportunidad que nunca antes hubiésemos tenido para llegar a un acuerdo, refiriéndose a la posibilidad futura de concretarlo, no dejaría de ser una especulación si su argumentación no valorara dos variables que se encuentran mutuamente relacionadas, y que determinan para el futuro de la negociación la firma de un acuerdo[2], como son la correlación de fuerzas y la disposición de la sociedad colombiana para asumir un proceso de negociación.
Si el señor Jaramillo se refería a que ésta era la mejor oportunidad para dialogar, dada la correlación de fuerzas entre guerrilla y gobierno, es innegable que los golpes que se había asestado a dicha guerrilla durante los dos gobiernos anteriores lograron diezmar considerablemente su capacidad operativa, en comparación con ocasiones anteriores en las que el gobierno se ha sentado a negociar. Pero también es cierto que la guerrilla encuentra refugio y apoyo por parte de gobiernos vecinos, habiéndose probado que su presencia es consentida en sus territorios, lo que entre otros asuntos, les permitió evadir las fuerzas de seguridad colombianas. En consecuencia, a pesar de la merma de la capacidad operativa de la guerrilla, no existe una correlación de fuerzas dada la incapacidad del gobierno Colombiano de operar en territorios vecinos. Tampoco podemos negar que la falta del fuero militar le resta capacidad operativa a las fuerzas armadas colombianas frente a la insurgencia, lo que no permite que haya una correlación de fuerzas, en cuanto a lo militar se refiere, entre gobierno y guerrilla.
La correlación de fuerzas es importante en la medida en que se negocia en medio de las hostilidades de parte y parte. Si el gobierno no tiene una fuerza que logre impedir que las acciones bélicas de las farc pretendan sustentar sus posiciones en la mesa de negociación, el gobierno queda ante el peligro de ver escalado el conflicto y sucumbir ante sus posiciones.
Ahora bien, dado que el análisis de la correlación de fuerzas desborda el tema militar, sobreponiéndose otros aspectos políticos, tampoco puede considerarse que estemos ante la mejor oportunidad para lograr un acuerdo. El hecho de que las farc mantengan su apoyo logístico y financiero a organizaciones de base, a pesar de su actuar delictivo, y que éste apoyo no sea encausado por la justicia, y por ende permanezca en la impunidad, propicia un desbalance en la correlación de fuerzas. Este apoyo a organizaciones de base a menudo se manifiesta en actos de vandalismo y polarización de la sociedad, que impiden que la ciudadanía pueda pronunciarse de manera pacífica y democrática.
Por último, si lo que quiso decir el Alto Comisionado es que nos encontramos ante la mejor oportunidad para una negociación, refiriéndose a la disposición de la sociedad Colombiana para asumir un proceso de negociación, resulta evidente que omite la incapacidad del gobierno para avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestra sociedad para una convivencia pacífica en eventuales escenarios “de transición”, y evitar el escalamiento del conflicto social. Me refiero a la reforma de la educación, la reforma a la justicia, la reforma a la salud y la reforma pensional que a la fecha de hoy, estando próximos a cumplir tres años del inicio del gobierno del presidente santos, no encuentran resultados.
Concluyendo, en el análisis de la “oportunidad” de los diálogos, que el señor Jaramillo ha calificado como “la mejor”, ha omitido argumentar aspectos de la mayor importancia, que dejan por el piso las premisas en que se fundamenta la mesa de negociaciones de la Habana. Tampoco nos parece acertado acudir a un argumento de escasez, como el de “estamos ante un momento de decisiones como sólo se presentan una vez en una generación”, porque descriptivamente no es cierto; y además, no es justo con anteriores gobiernos que han intentado esta posibilidad.
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