¿SE VA A CUMPLIR LA SENTENCIA POR EL CASO DEL ASESINATO DE CEPEDA?

Por: José Alejandro Ramírez Londoño.

Desde la condena al Estado por el asesinato de Manuel Cepeda Vargas, senador y dirigente de la Unión Patriótica (UP), nos hemos visto enfrascados en una espinosa discusión de cuenta de las predecibles declaraciones del hijo de aquél, quien en la actualidad, ha sido electo a la Cámara de Representantes por el desdibujado partido de oposición.

Digo que son predecibles las declaraciones del electo Representante, por lo complejo que resulta para el actual gobierno cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No me sorprende la actitud de Iván Cepeda, porque ha abanderado una causa por numerosos años; no cualquier causa, sino aquella que consiste en que se haga justicia por los hechos que desembocaron en la muerte de su padre (hecho que por demás lo dejó huérfano), manteniendo vivo un recuerdo, día tras día, hasta la actualidad. Que el Estado resultara hallado culpable de la muerte del dirigente, es grave en cuanto es éste el encargado de velar por la vigencia de un orden justo.

Se trata pues de un hombre afligido por un deplorable crimen, habiendo logrado la condena al estado y obteniendo la merecida justicia. No cabe ya preguntarnos más por aquella polarización ideológica vivida años atrás entre izquierda y derecha, y con ello querer revivir heridas que han sido difíciles de cicatrizar, pues el estado ha sido culpable de la muerte de líderes tanto de izquierda como de derecha (no se nos olvide que está pendiente la investigación por el asesinato del inmolado líder Álvaro Gómez Hurtado).

Vámonos al fondo del asunto. La condena que se le ha impuesto al Estado, requiere no sólo de unas valorables indemnizaciones tras los daños materiales y morales causados, también requiere de unos actos de contrición cargados de simbolismo. Es en éstos actos donde encontramos el problema, toda vez que resultaría pidiendo perdón el presidente Uribe, quien ha liderado un Estado protector de las garantías a la oposición, quien se ha esmerado por que la seguridad democrática incluya a los sectores de oposición, disminuyendo las cifras de criminalidad en contra de los sectores más vulnerables, por el asesinato del líder de la UP, aun cuando éste crimen se cometió en el gobierno del presidente Gaviria.

Pero es que el Estado es una institución con vocación de permanencia en el tiempo, como no lo son los diferentes gobiernos que le imprimen su impulso (aunque el gobierno del presidente Gaviria, le imprimió fue “la reversa”).

Realmente el estado debe cumplir con la sentencia de la manera en que ésta reza, pero por las circunstancia actuales, el costo político le resultaría muy alto al gobierno, sobre todo cuando se ha truncado el TLC con EEUU de cuenta de las cifras que le han expuesto a los demócratas los enemigos de Colombia. Es predecible que el estado colombiano no se vaya a dar los golpes de pecho como le indica la sentencia de la CIDH y como sugiere el hijo del cuestionado líder, más allá de las costosas indemnizaciones a que se verá avocado a pagar por el error cometido.

Ahora bien, respecto al acto de contrición que le impone la CIDH al estado encabezado por el presidente Uribe, ¿Tendrá que pedir perdón el presidente Uribe por el más grande crimen cometido contra los Colombianos en los anteriores gobiernos?, me refiero claramente a la pobreza y al subdesarrollo al que nos tenían avocados a la sociedad Colombiana. ¿Tendrá que pedir perdón el presidente Uribe porque durante muchos años nuestro estado haya estado avocado a inanes liderazgos políticos?.

Soy partidario de que quien debe pedir perdón en un acto público de contrición, es el expresidente Gaviria. Es que en Colombia los expresidentes salen con cuantiosas pensiones, pero no cargan con la responsabilidad política de sus liderazgos; en cambio, suelen seguir en la militancia política y el electorado no les cobra por las grandes injusticias que se cometen contra los colombianos.

Estas sentencias nos recuerdan que debemos procurar que nuestro estado debe volcarse en contra de la corrupción, que nos avoca a la pobreza y al subdesarrollo. Hago eco de las declaraciones del reelecto presidente del BID sobre los alarmantes índices de corrupción en la nación, como igualmente hago eco en la loable regla fiscal para estabilizar las finanzas del Estado.
Encarnar el máximo liderazgo del estado conlleva aspectos positivos, cuando éste ha marchado bien, como le auguramos al electo presidente Juan Manuel Santos. Pero encarnar el máximo liderazgo del estado cuando en anteriores ocasiones éste ha sido débil, acusado de asesinatos, corrupción mafiosa, etc., es algo más complicado.