LO SIMBÓLICO DE LA DEMANDA DE INGRID.

Por: José Alejandro Ramírez L.

La semana que precedió a la anterior, específicamente el 02 de julio, observamos a Ingrid Betancur en la conmemoración de la operación Jaque, operación militar que ha de quedar como un hito en la historia de Colombia y que será conmemorada en adelante con grata recordación. La semana anterior observamos a Ingrid Betancur dirigiendo una solicitud de conciliación prejudicial, con fundamento en lo consagrado en el Art. 13 de la reciente Ley 1285 de 2009, que establece la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad para presentar una acción contencioso- administrativa, específicamente la acción de Reparación Directa (Artículo 86 del Código Contencioso Administrativo).

Por las circunstancias que rodearon el secuestro de la ex-candidata presidencial, conocidos por los colombianos dada su amplia difusión en los medios periodísticos para la fecha, este último proceder se ha tildado de sínico, y lo es. Es un hecho escandaloso. Una persona con conocimientos jurídicos no dudaría de calificarlo como una autopuesta en peligro, o concluir la exclusión de responsabilidad del estado por la culpa exclusiva de la víctima. Pero una persona que no tenga conocimiento de derecho, sin duda descarta que el estado tenga responsabilidad porque dicen “se metió en la boca del lobo”, y es así de sencillo.

Al preguntársele por la contrariedad de su demanda, agravada por el hecho de haber sido ella liberada por las fuerzas del Estado colombiano, mostrando la contundencia del mismo en no ceder a los chantajes que rodearon su secuestro, incluidos los de los gobiernos extranjeros, se le ocurrió a la ex-candidata una serie de proposiciones ilógicas, engañosas, que lo único que dejaron entrever fue la misma contrariedad en que se encuentra la ciudadana rescatada. Contrariedad que no se ha dejado ver, al menos públicamente, en rescatados y liberados a quienes se les podría exigir menor grado de responsabilidad con las declaraciones públicas, dado que su secuestro se prolongó por mayor tiempo que la primera.

De los absurdos, dos me parecieron escandalosos. Dijo la rescatada que su intención no era demandar al estado; pero resulta que la conciliación prejudicial es un requisito de procedibilidad para demandar al estado. Dijo que el monto de la conciliación fue tasado de manera simbólica; 15.000 millones de pesos podrán ser simbólicos si acaso para menos del 0.5 por ciento de los pobladores del mundo, ni digamos para cuantos colombianos es simbólica dicha suma.

Esta semana se conoció que retiró la solicitud de conciliación, pero el daño está hecho. Ingrid dejó su imagen por el suelo. Pragmáticamente y simbólicamente, sus posibilidades políticas dejaron de existir; un suicidio político.