LA DERROTA DE LAS FARC SÓLO SERÁ POSIBLE TRAS UNA ESTRATÉGICA COMBINACIÓN DE FUERZA ARMADA Y DIPLOMACIA.

Por: José Alejandro Ramírez L.

El presidente Uribe ha hecho bien en hacer pública la denuncia sobre la presencia guerrillera de las FARC en el vecino territorio del pueblo bolivariano, antes de su partida. Es precisamente en el período de los gobiernos de Uribe, en que las FARC han debido traspasar la frontera para sobrevivir, dada la presión que con éxito se ha ejercido en su contra.

La estrategia de las guerrillas colombianas de sobrepasar la frontera es efectiva siempre y cuando se cuente con la deliberada cooperación de las autoridades del vecino país. Claro, ello va en contra de la ley, toda vez que existen tratados y convenios que han sido firmados por Colombia, Venezuela y Ecuador para prevenir el terrorismo y el tráfico de estupefacientes, entre otra clase de delitos (para citar solo algunos: Extradición, caracas 18 de julio de 1911, ley 26 de 1913; OEA, Convención interamericana sobre asistencia mutua en materia penal; Acuerdo bilateral de cooperación y asistencia judicial en materia penal Colombia-Venezuela; UN, Convención de las naciones unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando estos tengan trascendencia internacional).

Con Ecuador, ha sido posible que estos tratados se empiecen a cumplir y empezamos a recibir noticias de una exitosa COMBIFRON Colombia-Ecuador; pero no se necesita ser muy conocedor de la Geopolítica para entender que este mecanismo no se activará con la hermana república de Venezuela.

Al denunciar Colombia la permanencia de terrorista de las FARC en el territorio del hermano país, realmente lo que hace es poner en conocimiento de todas las naciones de la tierra, la vulneración de los tratados por parte del gobierno de Venezuela, a la vez que da muestras del gran acervo probatorio o “dossier”, como ha sido llamado por los medios (Computador de alias Raúl Reyes, grabaciones tomadas por los reinsertados, etc.) La pregunta que nos estamos haciendo ahora es ¿Para qué?, ¿Cuál es el siguiente paso?. Chavez lo sabe, su reacción congelando las relaciones diplomáticas con Colombia ha sido previsible, según la prensa internacional. Pero en la escalada del conflicto, y dados los ambiguos pronunciamientos del vociferante vecino, nos hemos preguntado si el paso siguiente es el restablecimiento de las mismas (si aún existen canales diplomáticos para dirimir las diferencias) o una confrontación bélica.

El “insulzo” presidente de la OEA, ha dicho que no intermediará en esta diferencia, lo cual a todas luces es un error, toda vez que es este organismo internacional quien está llamado, por su objeto y función principal, a dirimir las diferencias de las naciones americanas. Este error no nos extraña, pues este organismo se ha mostrado insuficiente en anteriores oportunidades para tomar medidas que resuelvan los conflictos. Lo que si nos extraña que la ONU haya dicho que debemos dialogar con la vecina nación; y ello es cierto, existe un “pequeño detalle” que omite la ONU, para un diálogo se necesitan dos partes que respeten una serie de reglas, y una de ellas ha decidido romper la institucionalidad representada en los tratados internacionales, ¿qué se puede esperar de aquella?. Ni qué esperar de las funciones del encargado presidente de la UNASUR, es previsible la parcialización de este organismo dada su cercanía con el generoso Chávez.

La confrontación armada es la acción menos deseada por los pobladores de ambas naciones y ya ha expresado el presidente Uribe que nuestra capacidad militar ha sido utilizada para la confrontación armada interna, como lo demuestra la adquisición de armamento por parte de las fuerzas militares de Colombia; pero también se conoce que la asistencia militar recibida por los EEUU han servido para detener a Chávez, quien está ávido de un conflicto armado con Colombia: ha sido pronunciada y reiterada su voluntad de “defenderse” de un ataque proveniente de Colombia, ha hecho innumerables compras de armamento para un conflicto internacional, ha establecido convenios militares con naciones de denodada orientación belicista y terrorista, etc.

El mundo no le ha dado la suficiente atención a este extraño personaje. Ninguna instancia internacional se muestra partidaria de intervenir activamente en una solución que lleve a resolver el conflicto. Todos saben que Chávez alberga a los terroristas de las FARC, no necesitan los videos, grabaciones y demás; esa es la razón de que la verificación pedida por Colombia el jueves de la semana anterior no se vaya a surtir.

La actividad diplomática del gobierno Uribe se centró en conseguir apoyo de todas las naciones posibles al conflicto armado Colombiano, encontrando eco en aquellas naciones que han procedido a declarar a las guerrillas como movimientos narco-terroristas, empezando a develar la máscara de “Robin hoods” con la cual aún pretenden mostrarse (recuerden el video de los sofisticados campesinos cultivando con las ametralladoras “al cinto”). Pero, ¿es posible conseguir el apoyo de las naciones alrededor de un presidente que apoya a los grupos armados terroristas provenientes de Colombia?, sobre todo cuando dicho presidente se ha vuelto una mano generosa en el suministro de mineral tan preciado como el petróleo.

No solamente conocemos las virtudes de estratega que caracterizan a nuestro presidente electo Juan Manuel Santos, sino que aplaudimos su prudencial silencio y esperamos que pueda tomar las mejores decisiones. Ha hecho bien en designar a Maria Ángela Holguín como Ministra de Relaciones Exteriores, sabemos que existe una enorme distancia con el polémico Maduro, es un buen comienzo, la hazaña mayor está por emprenderse.

La derrota de las FARC será una estratégica combinación de Fuerza Armada y Diplomacia. Sin descuidar la primera, sin duda legado del presidente Uribe, esperamos que nuestro próximo presidente ponga su cuota en el fortalecimiento de la diplomacia Colombiana.

EL CRECIMIENTO DEL ESTADO Y LOS MINISTERIOS

Por: José Alejandro Ramírez L.

Se nos ha dicho que los nuevos ministerios serán 5: Ministerio de Justicia, resultado de una escisión del Ministerio del Interior y de Justicia; el Ministerio de la Protección Social desaparece y surge el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud; del Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial surgen dos ministerios, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Ciudades y Desarrollo territorial. De esta manera, el gobierno quedará conformado por 17 ministerios, la misma cantidad de ministerios que existían antes del gobierno del presidente Uribe.

En esta semana quedó establecido que el presupuesto de la nación para el próximo año sólo crecerá el 4%, dicen los analistas económicos que esta es una cifra modesta y coherente con la intención de reducir el déficit fiscal el cual se prevé alrededor del 3.4% del PIB equivalente aproximadamente a $18.3 billones de pesos, mientras que en el año 2009 fue del 2.4% del PIB equivalente a $11.8 billones de pesos. Se dice que el mayor déficit se presentó por los menores ingresos, esto es, “desaceleración económica”, por la crisis mundial; téngase en cuenta que Colombia desenvolvió un ambicioso plan anticíclico y que en estos menores ingresos tiene una gran responsabilidad el bloqueo económico al que nos condenó el gobierno bolivariano del vecino país. Falta saber también cuánto va a disminuir la cifra del déficit fiscal vía los mayores ingresos por la bonanza minera, gracias a las acciones del gobierno de Uribe, estimulando un ministerio del que nos sentimos orgullosos los colombianos.

En cuanto a los nuevos ministerios y la necesidad de incrementar los gastos en infraestructura, no se prevé que el déficit pueda disminuir, aun cuando se pretende crear 5 nuevos ministerios, porque estos son gastos nuevos para el estado, que tienen vocación de estabilidad en el tiempo. Realmente, la pregunta es cómo aumentar los ingresos del Estado de manera estable y con vocación de permanencia en el tiempo. Ya sabemos que se prevé una bonanza minera que va a aumentar los ingresos, ingresos que no deben causar la enfermedad “holandesa” y que se prevé ahorrar para épocas de “vacas flacas” mediante la implementación de una sana regla fiscal, la cual aplaudimos. Colombia necesita de la aprobación de los TLC´s a la vez que se aumenta la capacidad productiva de la economía: la tarea diplomática debe centrarse pues en sacar adelante los TLC´s que no nos han aprobado y con las naciones con economías emergentes, no en restablecer las relaciones diplomáticas con inestables economías vecinas.

Respecto a los nuevos ministerios y a los que no se les va a reformar, existe un problema que no se ha dimensionado. Y es la carga prestacional que se ha querido ahorrar el estado por la vía de contratación por servicios, contrato civil este que atenta contra la estabilidad de los empleos del Estado. A menudo, encontramos en los ministerios contratistas que pretenden contribuir con el pesado trabajo que ha dejado la disminución de puestos de trabajo por la reforma al Estado. El problema es que dichos contratistas cambian con mucha frecuencia, perdiéndose tiempo en el valioso aprendizaje, lo que hace más tortuoso para los funcionarios con vinculación permanente con el Estado lograr las tareas en los ministerios.

A la vez que se ha echado para atrás la fusión de ministerios, aumentando de nuevo unos gastos que, como nos dimos cuenta, no nos podemos ahorrar so pena de causar problemáticas tan costosas en política social como lo sucedido en el Ministerio de la Protección Social, o la causada por la vivienda, en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; falta asumir de nuevo cargas prestacionales por la necesidad de empleos estables y menos contratación por servicios. Lo anterior, en un intento por la profesionalización de la planta de empleados de los ministerios, que por demás nos ahorre las jugosas demandas contenciosas, que suman a hoy $95 billones de pesos (según cálculos publicados por los medios en la última semana con ocasión de la demanda de la doctora Ingrid Betancur).

Aplaudimos pues el proyecto de las 5 locomotoras que propone el electo presidente Juan Manuel Santos y esperamos que la diplomacia encaminada con criterios profesionales y no burocráticos, pueda insertarnos en la vía de mejores acuerdos comerciales que propendan encontrar eco en las demás naciones para aumentar la demanda de nuestros productos.

LA EVENTUAL VISITA DE CHAVEZ.

Por: José Alejandro Ramírez L.

Se había comentado en las páginas de los medios colombianos, la posibilidad de la asistencia del incómodo, pero vecino después de todo, Chávez a la posesión del presidente electo Juan Manuel Santos, luego de la invitación que el último le hiciera. Frente a esta noticia, la sociedad colombiana no encuentra todavía unanimidad. La primera en el tiempo, entre las posiciones frente al tema, ha sido encabezada por el electo mandatario y la futura ministra de relaciones exteriores, Maria Ángela Holguín, según la cual la visita del mandatario vecino es un hecho que se mira con beneplácito, dado el interés de recomponer las relaciones con el gobierno del vecino y hermano país. La segunda, encabezada por nuestro presidente, quien replicando las afirmaciones de la primera, insiste en la inconveniencia de tal asistencia por la cosmética de las relaciones diplomáticas, existiendo en el fondo razones de seguridad nacional que impiden un acercamiento con los países vecinos.

Ambos, desde sus respectivos lugares tiene razón en el modo de ver la asistencia del vecino presidente. El presidente Uribe no podría observar con agrado la visita del mandatario vecino, a quien se le puede atribuir la sobrevivencia de los movimientos guerrilleros colombianos, dado el albergue que les ha ofrecido tras el embate de las Fuerzas Militares. Tampoco le puede agradecer a éste último el embargo comercial, habiendo escuchado en una de las frecuentes y vergonzosas alocuciones públicas, que su intención es llevar el comercio a cero; ello, por supuesto, ha causado desempleo en Colombia, el primer enemigo de la política social, en un entorno de necesidad de encontrar oportunidades laborales para ex-combatientes reinsertados a la vida civil, tanto de la guerrilla como de los paramilitares.

La futura ministra de relaciones exteriores, empieza a perfilar una relación diplomática a recomponer hacia el futuro, no dudamos de sus capacidades. La necesidad de estabilidad de las relaciones políticas es el primer paso hacia la recuperación del comercio con el vecino país.

Para resolver esta problemática e inconveniente relación, debemos apelar a la diplomacia, siendo éste el conducto regular para resolver los problemas de fronteras afuera, pero en una sana ponderación, por encima de esta se encuentran los intereses de la nación. Los colombianos nos hemos sacrificado por décadas en el conflicto interno, se ha invertido ingentes recursos y tiempo en el combate a la guerrilla y a los agentes armados que han desafiado la institucionalidad del estado colombiano, pero sabemos que detrás de estos grupos siempre ha estado el narcotráfico. Colombia debe ponderar sobremanera, a la estabilidad de las relaciones con el vecino gobierno, los avances que pueda obtener en el combate al narcotráfico.

Contrario a lo que ha sucedido con Ecuador, no es previsible que el régimen del vecino mandatario decida desprenderse de los recursos que le aportan los refugiados narcotraficantes colombianos. ¿Razonablemente podemos esperar buenas intenciones del mandatario vecino, cuando ha despreciado a su pueblo con la corrupción de sus instituciones, en la instauración de un proyecto que lo sume cada vez más en la ruina?, no sólo por ello, sino por la solidaridad con los ciudadanos del hermano país, debemos negarnos a esta posibilidad.

Sin convocar los dañinos nacionalismos, por las numerosas ofensas recibidas del impertinente mandatario del vecino país, aunque tengamos los pretextos para ello, debemos ser parcos con este vecino y hermano pueblo; mostrémosle nuestra solidaridad y duelo por la situación que allí se vive. Colombia ha demostrado que puede marchar bien, los gremios han expresado la dignidad de los colombianos, la seriedad y estabilidad con la que quieren encaminar sus relaciones diplomáticas, como presupuesto de un intercambio económico y cultural con el mundo.
El gobierno de Venezuela no lo ha entendido así, y no muestra señas de entenderlo hacia el futuro.

Colombia ha superado en mayor medida, las condiciones que la tenían sometida a la pobreza, aun queda mucho trabajo por hacer, todo indica que marchamos en la dirección correcta. No ha sido así con el vecino país, por solidaridad con el pueblo venezolano, no podemos recompensar las pobres políticas del gobierno chavista con una relación estable, como la que le ofrecemos a quienes deciden compenetrarse en nuestro intercambio económico y cultural.

Estaremos al margen de la situación venezolana. En su gran mayoría, los colombianos conocemos las paupérrimas condiciones de nuestros hermanos venezolanos. Aunque nos haría muy bien el intercambio económico con esta vecina nación, apoyamos a los gremios y al presidente en su decisión de no convocar al gobierno del vecino pueblo. Sigamos buscando intercambios económicos y culturales con otros pueblos, no aquellos que caminan en dirección contraria.

LO SIMBÓLICO DE LA DEMANDA DE INGRID.

Por: José Alejandro Ramírez L.

La semana que precedió a la anterior, específicamente el 02 de julio, observamos a Ingrid Betancur en la conmemoración de la operación Jaque, operación militar que ha de quedar como un hito en la historia de Colombia y que será conmemorada en adelante con grata recordación. La semana anterior observamos a Ingrid Betancur dirigiendo una solicitud de conciliación prejudicial, con fundamento en lo consagrado en el Art. 13 de la reciente Ley 1285 de 2009, que establece la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad para presentar una acción contencioso- administrativa, específicamente la acción de Reparación Directa (Artículo 86 del Código Contencioso Administrativo).

Por las circunstancias que rodearon el secuestro de la ex-candidata presidencial, conocidos por los colombianos dada su amplia difusión en los medios periodísticos para la fecha, este último proceder se ha tildado de sínico, y lo es. Es un hecho escandaloso. Una persona con conocimientos jurídicos no dudaría de calificarlo como una autopuesta en peligro, o concluir la exclusión de responsabilidad del estado por la culpa exclusiva de la víctima. Pero una persona que no tenga conocimiento de derecho, sin duda descarta que el estado tenga responsabilidad porque dicen “se metió en la boca del lobo”, y es así de sencillo.

Al preguntársele por la contrariedad de su demanda, agravada por el hecho de haber sido ella liberada por las fuerzas del Estado colombiano, mostrando la contundencia del mismo en no ceder a los chantajes que rodearon su secuestro, incluidos los de los gobiernos extranjeros, se le ocurrió a la ex-candidata una serie de proposiciones ilógicas, engañosas, que lo único que dejaron entrever fue la misma contrariedad en que se encuentra la ciudadana rescatada. Contrariedad que no se ha dejado ver, al menos públicamente, en rescatados y liberados a quienes se les podría exigir menor grado de responsabilidad con las declaraciones públicas, dado que su secuestro se prolongó por mayor tiempo que la primera.

De los absurdos, dos me parecieron escandalosos. Dijo la rescatada que su intención no era demandar al estado; pero resulta que la conciliación prejudicial es un requisito de procedibilidad para demandar al estado. Dijo que el monto de la conciliación fue tasado de manera simbólica; 15.000 millones de pesos podrán ser simbólicos si acaso para menos del 0.5 por ciento de los pobladores del mundo, ni digamos para cuantos colombianos es simbólica dicha suma.

Esta semana se conoció que retiró la solicitud de conciliación, pero el daño está hecho. Ingrid dejó su imagen por el suelo. Pragmáticamente y simbólicamente, sus posibilidades políticas dejaron de existir; un suicidio político.

¿SE VA A CUMPLIR LA SENTENCIA POR EL CASO DEL ASESINATO DE CEPEDA?

Por: José Alejandro Ramírez Londoño.

Desde la condena al Estado por el asesinato de Manuel Cepeda Vargas, senador y dirigente de la Unión Patriótica (UP), nos hemos visto enfrascados en una espinosa discusión de cuenta de las predecibles declaraciones del hijo de aquél, quien en la actualidad, ha sido electo a la Cámara de Representantes por el desdibujado partido de oposición.

Digo que son predecibles las declaraciones del electo Representante, por lo complejo que resulta para el actual gobierno cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No me sorprende la actitud de Iván Cepeda, porque ha abanderado una causa por numerosos años; no cualquier causa, sino aquella que consiste en que se haga justicia por los hechos que desembocaron en la muerte de su padre (hecho que por demás lo dejó huérfano), manteniendo vivo un recuerdo, día tras día, hasta la actualidad. Que el Estado resultara hallado culpable de la muerte del dirigente, es grave en cuanto es éste el encargado de velar por la vigencia de un orden justo.

Se trata pues de un hombre afligido por un deplorable crimen, habiendo logrado la condena al estado y obteniendo la merecida justicia. No cabe ya preguntarnos más por aquella polarización ideológica vivida años atrás entre izquierda y derecha, y con ello querer revivir heridas que han sido difíciles de cicatrizar, pues el estado ha sido culpable de la muerte de líderes tanto de izquierda como de derecha (no se nos olvide que está pendiente la investigación por el asesinato del inmolado líder Álvaro Gómez Hurtado).

Vámonos al fondo del asunto. La condena que se le ha impuesto al Estado, requiere no sólo de unas valorables indemnizaciones tras los daños materiales y morales causados, también requiere de unos actos de contrición cargados de simbolismo. Es en éstos actos donde encontramos el problema, toda vez que resultaría pidiendo perdón el presidente Uribe, quien ha liderado un Estado protector de las garantías a la oposición, quien se ha esmerado por que la seguridad democrática incluya a los sectores de oposición, disminuyendo las cifras de criminalidad en contra de los sectores más vulnerables, por el asesinato del líder de la UP, aun cuando éste crimen se cometió en el gobierno del presidente Gaviria.

Pero es que el Estado es una institución con vocación de permanencia en el tiempo, como no lo son los diferentes gobiernos que le imprimen su impulso (aunque el gobierno del presidente Gaviria, le imprimió fue “la reversa”).

Realmente el estado debe cumplir con la sentencia de la manera en que ésta reza, pero por las circunstancia actuales, el costo político le resultaría muy alto al gobierno, sobre todo cuando se ha truncado el TLC con EEUU de cuenta de las cifras que le han expuesto a los demócratas los enemigos de Colombia. Es predecible que el estado colombiano no se vaya a dar los golpes de pecho como le indica la sentencia de la CIDH y como sugiere el hijo del cuestionado líder, más allá de las costosas indemnizaciones a que se verá avocado a pagar por el error cometido.

Ahora bien, respecto al acto de contrición que le impone la CIDH al estado encabezado por el presidente Uribe, ¿Tendrá que pedir perdón el presidente Uribe por el más grande crimen cometido contra los Colombianos en los anteriores gobiernos?, me refiero claramente a la pobreza y al subdesarrollo al que nos tenían avocados a la sociedad Colombiana. ¿Tendrá que pedir perdón el presidente Uribe porque durante muchos años nuestro estado haya estado avocado a inanes liderazgos políticos?.

Soy partidario de que quien debe pedir perdón en un acto público de contrición, es el expresidente Gaviria. Es que en Colombia los expresidentes salen con cuantiosas pensiones, pero no cargan con la responsabilidad política de sus liderazgos; en cambio, suelen seguir en la militancia política y el electorado no les cobra por las grandes injusticias que se cometen contra los colombianos.

Estas sentencias nos recuerdan que debemos procurar que nuestro estado debe volcarse en contra de la corrupción, que nos avoca a la pobreza y al subdesarrollo. Hago eco de las declaraciones del reelecto presidente del BID sobre los alarmantes índices de corrupción en la nación, como igualmente hago eco en la loable regla fiscal para estabilizar las finanzas del Estado.
Encarnar el máximo liderazgo del estado conlleva aspectos positivos, cuando éste ha marchado bien, como le auguramos al electo presidente Juan Manuel Santos. Pero encarnar el máximo liderazgo del estado cuando en anteriores ocasiones éste ha sido débil, acusado de asesinatos, corrupción mafiosa, etc., es algo más complicado.

MANTENER LOS LOGROS DEL PRESIDENTE URIBE, RECUPERANDO LA HONORABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

Por: José Alejandro Ramírez L.

Colombia es otro país. El presidente Uribe y su equipo de gobierno nos ha cambiado el rumbo y nos ha puesto a los colombianos a pensar en un país atractivo para la inversión, como dijera el presidente de HOLCIM, “…Junto a Brasil, Colombia es uno de los países de moda para los inversionistas”. A propósito, felíz cumpleaños al presidente!

La elección de Juan Manuel Santos nos ha mostrado que la gran mayoría de los colombianos, según los resultados electorales, coincidimos en la importancia que tiene mantener los logros alcanzados en el gobierno del presidente Uribe. Pero existen temas en que éste, como otros gobiernos, su gestión puede calificarse de “rajada”.

En este artículo hago referencia a un desorden incuestionable en materia de Contratación Pública. No se trata de una crítica obstructiva, sino de una constructiva. La Ley 80 de 1993 resultó ineficiente para regular los mecanismos para la necesaria inversión Público - Privada (“3P” o “Public Private Partnership”), fue necesaria la creación de la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios para corregir y regular algunos puntos que quedaban abiertos a la discrecionalidad del gobierno. Paralelamente a estos procesos, de la mano de la seguridad y el crecimiento económico, hemos acudido los colombianos al interés que han mostrado los inversionistas internacionales en la infraestructura colombiana (represas, carreteras, electricidad, servicios públicos, etc.) Los escándalos sobre carruseles de la corrupción empañan estos logros. Cuánto daño nos ha causado el “lobbysmo” en la contratación pública, ¿Cuán costos serán sus efectos?. Reflexionemos.

Hasta ahora hemos visto el cuestionamiento de varias concesiones, entre otras, la troncal Transmilenio de la calle 26, o la carretera a Buenaventura; se ha estigmatizado a un grupo de contratistas, pero aquellos elementos del gobierno que se han visto remunerados por los extraños procedimientos apenas son ligeramente mencionados o tímidamente develados por los medios de opinión.

Sin embargo y con la corrupción existente, el hermano de uno de los más visibles políticos involucrados en los escándalos de corrupción, quien hubiera sido determinante en la desarticulación de primera fuerza opositora, se empeña en sacar adelante un proyecto de metro para Bogotá, el cual si bien es de gran importancia en el desarrollo del transporte para esta gran urbe, no deja de ser cuestionable que en su empeño haya arremetido con “bravuconadas de adolescente efervescencia” en contra de la academia, que bien sea mencionado de paso, es nada menos que la productora del talento humano encargado de hacer los estudios técnicos de los proyectos de infraestructura más importantes del país.

¿Será que es más importante hacer las obras por inmortalizar o aumentar la popularidad de un mandatario de turno? O será que es más importante gastarnos unos dineros en los estudios de los proyectos?, Lo segundo toma más tiempo y requiere de menos política, pero es consecuente con el desarrollo de infraestructura y su estabilidad en el largo plazo.

Con frecuencia se nos olvida a los colombianos, y a nuestra clase política, que el desarrollo de infraestructura es un tema de largo plazo, ¿o no nos hubiéramos ahorrado recursos públicos si se hubiera dimensionado adecuadamente el desarrollo del aeropuerto El Dorado?, Colombia no puede tener la mala costumbre de adjudicar obras importantes “de afán”, como se ha vuelto costumbre en un ministerio marinillo. Invito por este medio a que reflexionemos en la importancia de generar unos valorables estudios, la participación de la academia es determinante, la creciente inversión en diseños como mecanismo previo a la contratación permitirán engrandecer el nombre de Colombia ante los inversionistas internacionales, resaltando el valor de la transparencia, para erradicar las “marrullas” lobbystas que empañan los esfuerzos de un gremio de trascendental importancia en la economía colombiana.

Causa alivio, que nuestro electo presidente haya designado para la cartera del Ministerio de Transporte a persona de grandes cualidades y quien lo acompañara en su fundación de buen gobierno. Esperemos que se cumplan las promesas de mejorar la institución encargada de las concesiones, la cual no ha logrado un liderazgo firme en esta materia. Pero la presión ciudadana no puede ausentarse, ya hemos visto como los mecanismos de interventoría suelen ser irrisorios en los procesos de contratación (es “inaudito, insólito” parodiando a un humorista colombiano, que en el tema de la troncal de Transmilenio, se haya repetido en más de 15 ocasiones, las observaciones de la falta de inicio de las obras por parte del interventor de la obra!!!).

La construcción de vivienda no deja de ser otro lunar, como fue reconocido públicamente por el presidente Uribe en la rendición de cuentas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en la Universidad EAFIT este fin de semana. Esperemos que, sin dejar los logros conseguidos por el gobierno que cambió el rumbo de los colombianos, pueda verse la gestión pública honrada en esfuerzos para pasar la página de los turbios procesos de contratación pública.