EL HOLOCAUSTO DE LA JUSTICIA.
Por: José Alejandro Ramírez Londoño
Soy abogado de la Universidad de Medellín. Tengo un inmenso agradecimiento con esta institución por lo allí aprendido. Pero como abogados, en las calles nos enfrentamos con mucha frecuencia a situaciones que distan de ser las impartidas en las aulas de la universidad. En esta ocasión, me referiré al horror que causa la condena del Coronel Plazas, en uso de su retiro, el día de ayer.
Primero, por la condena en sí. Se trata de una condena impartida por el aparato judicial en contra de la defensa del aparato judicial. Esto es, se condena a un Coronel (r) que le sirvió al país en el Ejército, por el papel que desempeñara en la retoma del palacio de justicia, acción que sólo podía pretender la libertad de los rehenes y la recuperación del edificio de la justicia nacional en manos de la guerrilla. Es sin duda uno de los capítulos de horror más grandes que ha televisado el pueblo colombiano. Junto con las masacres a los pueblos, las innumerables bombas, los secuestros masivos y demás desastres a los cuales nos ha condenado una guerrilla insensata, aún hoy es incalculable el efecto del llamado “Holocausto”.
Con grande heroísmo y valentía, el Coronel Plazas (r), junto a todos los militares que actuaron en la retoma al palacio de justicia, lograron rescatar a muchos colombianos allí secuestrados, en contra del fuego que acometieron los guerrilleros disparando al unísono contra sus hombres. Más de una vez en nuestras vidas, no hemos tenido la suficiente valentía para actos revestidos de menor valentía y valor ciudadano.
Se trata pues de una condena por un acto de heroísmo, en la defensa de los colombianos, pero en mayor medida, en la defensa del aparato judicial del Estado Colombiano.
Segundo, por sus implicaciones. Que la justicia condene a un militar por su determinación de combatir a la guerrilla en las propias instalaciones de la sede judicial insigne, puede hacernos pensar que algún militar lo piense dos veces ante la necesidad de socorrer una sede judicial, o de cualquier otra rama de poder del Estado Colombiano, de un ataque proveniente de la insurgencia guerrillera; no nos olvidemos que el país aún no está libre de guerrilla gracias al albergue que les han procurado nuestros generosos vecinos. Lo anterior con un ingrediente adicional, los guerrilleros en la actualidad no necesitan apoyo del narcotráfico, como en aquél entonces lo requirieran, porque ellos son los grandes narcotraficantes de hoy.
El mensaje que se envía a los militares del país, nuevamente, como se hiciera luego de los falsos positivos, es de desprotección. No quiero decir con ello, que no deban ser judicializados los militares cuando usan arbitrariamente la fuerza en contra de la población; no, todo lo contrario, existe un fuero militar, el cual es el cauce natural para juzgar a los militares. Los errores de los militares deben ser vistos como una oportunidad para fortalecer la justicia penal militar, mas no como una deslegitimación de la lucha contra la insurgencia, mensaje que ha enviado el aparato judicial a los militares y a la población, una vez más, el día de ayer.
Como en muchos otros casos de importancia en la historia judicial del país, se ha tomado un chivo expiatorio un militar, hecho este que se suma a lo irracional de esta condena, 25 años después de los hechos. No se ha condenado aún al primero de los guerrilleros que intelectualmente contribuyó con este “Holocausto”, pues la sociedad los ha premiado con la amnistía y la investidura parlamentaria, cuando ya se ha condenado a los militares.
Y digo que la condena es contra los militares, porque no se trata de la condena contra un solo hombre, contra un solo militar. El reproche hecho por la Justicia, ha recaído en los hombros de todos los militares y las familias de los militares, de nuestro ejército; aquellos que con heroísmo han perecido por la libertad y seguridad de los colombianos, aquellos que han perdido sus miembros, sus sentidos, es a éstos sobre los cuales recae el reproche del aparato judicial del Estado Colombiano. Este reproche no es sólo una condena, es un mensaje: los primeros condenados en el ataque a la insurgencia son los militares. Es un mensaje lleno de contradicciones, la fuerza pública es deslegitimada en el combate a la insurgencia por el aparato judicial.
Resalto nuevamente, además de la injusticia del caso, que esta decisión se haya tomado más de 25 años después del Holocausto. Este hecho, sumado a las innumerables fallas que se han visto en el proceso, según el pronunciamiento del abogado del Coronel Plazas, el doctor Granados, es una gran vergüenza para todos los colombianos; ¿Podemos aspirar que se nos respeten las garantías del proceso, en cuanto a actuaciones y tiempos, los demás colombianos por jueces de menor jerarquía, y seguramente por asuntos de menor envergadura? La respuesta que se ha dado ayer es apenas obvia: no.
Con esta condena acudimos a la debacle y la indignación de la labor jurídica. El nivel del desempeño del aparato judicial ha sido develado de bajo e insuficiente como nunca antes. Cuando acudimos a un poder ejecutivo fortalecido por el liderazgo de un presidente, este afianzamiento hace notar lo pasmoso de un aparato judicial, lento, ineficiente y contradictorio. El narcotráfico logró doblegar todos los aparatos del poder en gobiernos anteriores; hoy tenemos un gobierno que no se postra ante el narcotráfico, que ha vencido a los terroristas en unas elecciones que han convocado, como no se había visto antes, al electorado en las urnas.
No todo está perdido. No podemos acudir de nuevo a un Holocausto de la Justicia.
Por: José Alejandro Ramírez Londoño
Soy abogado de la Universidad de Medellín. Tengo un inmenso agradecimiento con esta institución por lo allí aprendido. Pero como abogados, en las calles nos enfrentamos con mucha frecuencia a situaciones que distan de ser las impartidas en las aulas de la universidad. En esta ocasión, me referiré al horror que causa la condena del Coronel Plazas, en uso de su retiro, el día de ayer.
Primero, por la condena en sí. Se trata de una condena impartida por el aparato judicial en contra de la defensa del aparato judicial. Esto es, se condena a un Coronel (r) que le sirvió al país en el Ejército, por el papel que desempeñara en la retoma del palacio de justicia, acción que sólo podía pretender la libertad de los rehenes y la recuperación del edificio de la justicia nacional en manos de la guerrilla. Es sin duda uno de los capítulos de horror más grandes que ha televisado el pueblo colombiano. Junto con las masacres a los pueblos, las innumerables bombas, los secuestros masivos y demás desastres a los cuales nos ha condenado una guerrilla insensata, aún hoy es incalculable el efecto del llamado “Holocausto”.
Con grande heroísmo y valentía, el Coronel Plazas (r), junto a todos los militares que actuaron en la retoma al palacio de justicia, lograron rescatar a muchos colombianos allí secuestrados, en contra del fuego que acometieron los guerrilleros disparando al unísono contra sus hombres. Más de una vez en nuestras vidas, no hemos tenido la suficiente valentía para actos revestidos de menor valentía y valor ciudadano.
Se trata pues de una condena por un acto de heroísmo, en la defensa de los colombianos, pero en mayor medida, en la defensa del aparato judicial del Estado Colombiano.
Segundo, por sus implicaciones. Que la justicia condene a un militar por su determinación de combatir a la guerrilla en las propias instalaciones de la sede judicial insigne, puede hacernos pensar que algún militar lo piense dos veces ante la necesidad de socorrer una sede judicial, o de cualquier otra rama de poder del Estado Colombiano, de un ataque proveniente de la insurgencia guerrillera; no nos olvidemos que el país aún no está libre de guerrilla gracias al albergue que les han procurado nuestros generosos vecinos. Lo anterior con un ingrediente adicional, los guerrilleros en la actualidad no necesitan apoyo del narcotráfico, como en aquél entonces lo requirieran, porque ellos son los grandes narcotraficantes de hoy.
El mensaje que se envía a los militares del país, nuevamente, como se hiciera luego de los falsos positivos, es de desprotección. No quiero decir con ello, que no deban ser judicializados los militares cuando usan arbitrariamente la fuerza en contra de la población; no, todo lo contrario, existe un fuero militar, el cual es el cauce natural para juzgar a los militares. Los errores de los militares deben ser vistos como una oportunidad para fortalecer la justicia penal militar, mas no como una deslegitimación de la lucha contra la insurgencia, mensaje que ha enviado el aparato judicial a los militares y a la población, una vez más, el día de ayer.
Como en muchos otros casos de importancia en la historia judicial del país, se ha tomado un chivo expiatorio un militar, hecho este que se suma a lo irracional de esta condena, 25 años después de los hechos. No se ha condenado aún al primero de los guerrilleros que intelectualmente contribuyó con este “Holocausto”, pues la sociedad los ha premiado con la amnistía y la investidura parlamentaria, cuando ya se ha condenado a los militares.
Y digo que la condena es contra los militares, porque no se trata de la condena contra un solo hombre, contra un solo militar. El reproche hecho por la Justicia, ha recaído en los hombros de todos los militares y las familias de los militares, de nuestro ejército; aquellos que con heroísmo han perecido por la libertad y seguridad de los colombianos, aquellos que han perdido sus miembros, sus sentidos, es a éstos sobre los cuales recae el reproche del aparato judicial del Estado Colombiano. Este reproche no es sólo una condena, es un mensaje: los primeros condenados en el ataque a la insurgencia son los militares. Es un mensaje lleno de contradicciones, la fuerza pública es deslegitimada en el combate a la insurgencia por el aparato judicial.
Resalto nuevamente, además de la injusticia del caso, que esta decisión se haya tomado más de 25 años después del Holocausto. Este hecho, sumado a las innumerables fallas que se han visto en el proceso, según el pronunciamiento del abogado del Coronel Plazas, el doctor Granados, es una gran vergüenza para todos los colombianos; ¿Podemos aspirar que se nos respeten las garantías del proceso, en cuanto a actuaciones y tiempos, los demás colombianos por jueces de menor jerarquía, y seguramente por asuntos de menor envergadura? La respuesta que se ha dado ayer es apenas obvia: no.
Con esta condena acudimos a la debacle y la indignación de la labor jurídica. El nivel del desempeño del aparato judicial ha sido develado de bajo e insuficiente como nunca antes. Cuando acudimos a un poder ejecutivo fortalecido por el liderazgo de un presidente, este afianzamiento hace notar lo pasmoso de un aparato judicial, lento, ineficiente y contradictorio. El narcotráfico logró doblegar todos los aparatos del poder en gobiernos anteriores; hoy tenemos un gobierno que no se postra ante el narcotráfico, que ha vencido a los terroristas en unas elecciones que han convocado, como no se había visto antes, al electorado en las urnas.
No todo está perdido. No podemos acudir de nuevo a un Holocausto de la Justicia.
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