La escogencia del precandidato a la presidencia por el Centro Democrático, es un hecho político que cambia el panorama de las elecciones presidenciales en 2018. Su escogido será a su vez un fuerte candidato para la consulta entre movimientos significativos en marzo. Al fin y al cabo, sólo dos candidatos pasarán a la segunda vuelta.
En las elecciones, se da por descontado que Santos se juega la carta de su impunidad: dineros de Odebrecht ingresaron a su campaña por conducto de su amigo Roberto Prieto y el fiscal se muestra preso de los intereses "del régimen" para continuar su investigación. Así las cosas, Santos saludará con beneplácito las dos candidaturas en las que se juega la otrora "unidad nacional": Como buen jugador de póker, se alista para ganar “con cara y con sello” según dicte la coyuntura en mayo próximo.
Todos sabemos que Santos gana si gana Fajardo: contrario a lo que pregona este último, no es un “alienígena” de la política, por décadas ha sido un actor más de ella. Y tampoco es nuevo que haga política con sectores de izquierda como el Polo, el partido que hoy recoge firmas para su candidatura. Fajardo vinculó a sectores políticos de las farc a su administración, como lo reconociera su otrora amigo el ex alcalde Alonso Salazar, cuando reveló en debate televisado que fue Fajardo quien llevó al guerrillero Fredy Escobar, alias “Jimmy Rios”, a la junta de EPM.
Santos tambien ganará si es elegido presidente su leal amigo, el exvicepresidente Vargas Lleras. Vargas es además un candidato con una característica particular: goza de una poderosa avanzada judicial. Sus vínculos con los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema, quedan aún más expuestos en el reciente escándalo del cartel de la toga. Para los Colombianos ya no son extraños los movimientos del señor Gerardo Torres "Yayo" y su exesposa Luz Mabel Parra con la oficina "paralela" del ex magistrado Bustos. La última, la Señora Parra, fungió como magistrada auxiliar del corrupto Bustos y fue luego nombrada por el Fiscal Martinez Neira.
Y es esta última particularidad de la candidatura de Vargas, la que explica los pronunciamientos del Fiscal, delicadamente dirigidos a influir en la política, luego de conocer el comunicado oficial del CNE que daba cuenta de la absolución al comité que inscribió la candidatura de Óscar Iván Zuluaga a la presidencia. Se daba por descontado que tras este pronunciamiento, Zuluaga volvía a barajar las precandidaturas del CD: pero Vargas necesita que no haya candidato visible del uribismo y el fiscal asestó el golpe que sembrara la duda en la absolución y por supuesto, encontró eco en el diario oficial.
Estos pronunciamientos del fiscal son coherentes con los cuestionamiento que la justicia ha mantenido y mantendrá, sobre las candidaturas que surjan del uribismo: especialmente en estas elecciones donde Vargas no ha podido obtener el apoyo de Uribe, lo que significa que sale a disputarse dicho electorado. A Vargas sólo le queda la vía del voto "útil" para pasar a la segunda vuelta: una campaña que hará aprovechando los cuestionamientos judiciales al candidato Uribista. Y claro, una vez en la segunda vuelta, promoverá el voto "en contra" para "cazar" los votantes que se resisten a que Colombia siga recorriendo el camino de Venezuela en oposición al candidato Fajardo, identificado como "el candidato de transición". Y digo que "cazará" a los votantes porque, como quedó demostrado después del bochornoso publireportaje, a Vargas poco le importa obtener su convencimiento, lo que quiere es que se vean obligados a votar por su candidatura por la vía del "voto en contra".
Y es que Zuluaga no es el único precandidato del uribismo al que ha cuestionado la justicia: lo hizo con Arias cuando se proyectaba como precandidato de coalición y lo ha hecho por las mismas razones con un líder de la trayectoria y éxito de Luis Alfredo Ramos.
El caso del Dr. Ramos es emblemático, porque no obstante sacarlo de una contienda presidencial sembrándole la nada despreciable cifra de 7 falsos testigos, lo quieren sustraer de la segunda, a punto de volverse el caso más aberrante de victimizacion de una justicia que se muestra escasa de autonomía y ávida de intervenir en política. Qué es lo que espera la justicia para decidir el caso del Dr. Ramos? Acaso no conviene "al régimen" dejar en limpio su nombre? Espera que se venzan los términos de inscripción para dejarlo por fuera de la contienda? Si la Corte espera fallar este proceso después de la fecha de inscripción de candidaturas, tendría que producir una condena, so pena de quedar en evidencia la torticera intención de sustraerlo de otra contienda presidencial.
El de Ramos, es un caso de revictimización de la justicia asombroso: le abrieron un expediente en 2011 cuando finalizaba una exitosa gestión en gobernación de Antioquia, contrario al sombrío final de la administración Fajardo: endeudamiento excesivo, baja calidad en la educación, etc. Pasados dos años e inmediatamente después de anunciar su postulación como precandidato de la coalición Uribista a la presidencia, para debatírseña a Santos, le expidieron resolución de acusación con medida de aseguramiento. Una coincidencia muy extraña, no? y es que la Corte Suprema sólo dio inicio a su juicio 1 año y medio después: una vez el Dr. Ramos se entregó a la justicia y fuera de la contienda presidencial, ya la justicia no tenía prisa. La resolución de acusación junto a la medida de detención en su contra, fue firmada entre otros, por magistrados involucrados en el denominado "cartel de la toga": Bustos y Malo, otra coincidencia. El primero de ellos tuvo que desistir de su postulación a la fiscalía como candidato que era de Santos, otra gran coincidencia.
Recientemente, los medios oficiales han hecho eco de la trama iniciada por el Fiscal contra Ramos, según la cual habría pagado dinero al cartel liderado por Bustos para obtener el favor de la sala penal de la Corte, la misma que lo mantuvo detenido 40 meses: toda una contradicción. Y digo que es una "trama" porque fue acompañada de una lamentable maniobra: el fiscal, a pesar de saber que Ramos no gozaba de fuero para el momento del delito que presuntamente habría cometido y que en consecuencia, era suya la competencia de investigarlo, dio traslado a los magistrados de la sala penal de la Corte, esperando que estos pausaran una ponencia absolutoria, como ya se especulaba en los medios.
Lo cierto de este caso es que 8 meses después del término legal, no deciden su caso. Al Dr. Ramos no le han respetado las mínimas garantías en su proceso.
Pese a lo anterior, el Centro Democrático ha manifestado estar a la espera de las decisiones de la justicia para inscribir la precandidatura de Ramos. Lo cierto es que principios como la presunción de inocencia y el derecho a ser elegido nos enseñan que tales condicionamientos son inocuos. Bien decía Quevedo: "ningún vencido tiene justicia si lo ha de juzgar su vencedor". Para Colombia entera es claro que mantendrán "la espada de damocles" sobre un candidato que se proyecte triunfador de esta solución. Señores precandidatos: el momento actual exige “la grandeur” en el mejor sentido de la célebre frase del general de Gaulle.
Colombia: río y mar.
jueves, 26 de octubre de 2017
martes, 28 de julio de 2015
No hay explicación que valga: en Colombia tenemos un cese bilateral disfrazado.
Al gobierno no le gustó la crítica de quienes consideramos que la nueva medida de suspensión de bombardeos es un cese bilateral disfrazado, especialmente después de las palabras del Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez Maldonado.
El presidente juhampa aclaró
“Solamente
podrán hacerse los bombardeos por orden del Presidente de la República.
¿Eso qué
quiere decir? Que es un gesto para ir desescalando.
No quiere
decir que la Fuerza Pública no va a mantener su presencia en todo el territorio
nacional (…);
todo lo
contrario, va a tener más recursos, más capacidad para perseguir a todos los
que sigan delinquiendo”
…no quiere
decir que la Fuerza Pública va a dejar de operar en cada centímetro de nuestro
territorio”.
Argumentó el presidente sentir tristeza
“cada vez que
damos un paso que nos acerca a la paz,
surgen todos
esos enemigos del proceso a desinformar al país,
a decirles a
los colombianos: ‘Uy, el Presidente le ordenó a la Fuerza Pública quedarse
quietos, vamos a quedar en manos de los delincuentes’. Eso es absolutamente
falso”.
El ministro de defensa aseguró que pese a las críticas
y comentarios,
“La medida está
muy distante de ser un cese el fuego bilateral y definitivo”
Y Desconociendo que llevamos más de 3 años en esas discusiones
improductivas
Dijo que el cese bilateral es un acuerdo que necesita
muchas horas de trabajo
sobre muchos detalles que tienen que ver con
operaciones,
áreas geográficas, procedimientos, comunicaciones,
entre otras cosas,
“y hasta ahora
no lo hemos conversado,
así que se
mantienen todas las herramientas de control y lucha
para defender
a los colombianos",
aseguró que esto no significa que las Fuerzas Armadas
estén limitadas,
sino que al contrario, “están participando con todo su cuerpo en la consecución de la paz”
Se sumaron a la defensa de esta claudicación los sectores políticos que defienden un proceso de paz
con más victimas, empezando por el fiscal general de la Nación,
Quien dijo que la medida es un gesto “totalmente constitucional”.
No necesitaba el totalmente para hacerlo más creíble, bastaba con que dijera que era constitucional. Para que su postura no se viera tan favorable a las farc, morigeró afirmando que está a meses de formular imputación contra los principales
narcomandantes.
No podía faltar El senador Roy Barreras, quien
manifestó que la suspensión de bombardeos es un gesto de buena voluntad del presidente porque el
proceso de paz
que va en su recta final. Pero aclaró que el cese de bombardeos tiene unas
condiciones:
“Si la guerrilla
cumple con el cese unilateral de fuego,
cesa su lluvia
de amenazas contra la población civil
y cesa su
lluvia de atentados contra la fuerza pública y la infraestructura;
el gobierno
cesa su lluvia de bombas, pues es este el preámbulo de la paz.
La paz se
logra así, parando la guerra”,
“cuando resulte
necesario, será él personalmente quien ordene un bombardeo”, dijo.
Ernesto Samper, secretario de Unasur, entidad a cargo de la veeduría del supuesto cese declarado
por las farc, dijo que el cese de los bombardeos es la "respuesta lógica" ante el alto el
fuego decidido por las farc. Y dijo esto, a pesar de lo ilógico que resultara que
las farc a solo horas de declarara un cese unilateral volara carreteras, matara soldados y bombardeara a la
fuerza pública: seguro compartirá el veedor del cese unilateral
la tesis de la legítima defensa de los narcoterroristas.
Fue una verdadera “andanada” de explicaciones banales que se pudieron haber ahorrado, porque el pueblo colombiano no “come cuento”
lunes, 19 de agosto de 2013
Artículo venta ISAGEN. "VENTA AMARRADA"
La falta de credibilidad que en los colombianos genera el gobierno del presidente Juan Manuel santos, tiende un manto de duda sobre la venta de ISAGEN.
La necesidad de la venta de este importante y estratégico activo de la nación, ha sido sostenida ya por dos gobiernos - muy distintos ellos-. En el gobierno del presidente Uribe, se necesitaba cubrir un "hueco" fiscal, dados los estragos que había causado en la economía la recesión económica mundial. Se desestimó la venta, luego de concluir que primaba lo estratégico del activo sobre la urgencia de balancear fiscalmente la Nación, en un gobierno que se caracterizó por la austeridad en el gasto publico. Igualmente, se canceló la venta en la medida en que se avecinaba el cambio de mando presidencial, siendo responsable dejar a quien sucedía en la presidencia la toma de esta decisión.
Al cumplir 3 años de haber recibido el mandato presidencial, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, argumenta la venta de ISAGEN en la necesidad de construir infraestructura vial. Pero la situación que apreciamos los Colombianos, dista de ser aquella motivada por el Ministro Cárdenas. Para los colombianos, resulta poco creíble que en el marco de un crecimiento excesivo del aparato estatal se nos argumente que la venta de este estratégico activo, que apenas supera los 4 billones de pesos, es necesaria para financiar un ambicioso plan de concesiones viales, valorado en más de 50 billones de pesos, a menos de un año de terminar el gobierno del presidente Santos.
No podrá convencernos, pese a tener el gobierno la competencia, de vender un activo estratégico y con rentabilidades del 13% anual, sin la claridad suficiente de la contribución que la venta reporta al plan de concesiones, como se ha dejado ver luego de la exposición de la viceminstra de Hacienda, Dra. Carolina Soto, en la comisión V del senado. El hecho mismo de no existir en Colombia las rentas con destino específico, complica más la operación que el gobierno precave.
No podrá convencernos de la necesidad de esta venta, cuando a los colombianos no se nos ha hecho claridad sobre la situación fiscal de la nación, las implicaciones del crecimiento del aparato estatal, y en consecuencia, de un desbordado gasto público. No nos convencerá a los colombianos un gobierno "derrochón" de vender una activo rentable, en el contexto de una contienda electoral, la cual afronta con una desfavorabilidad mayoritaria entre los colombianos.
No podemos evitar pensar los colombianos, que ante la proximidad de la venta de ISAGEN con la contienda por la reelección, y un presidente sorprendido por su baja imagen, coincida con la necesaria malversación de un activo estratégico de la Nación para honrar los compromisos adquiridos con una clase política a la cual se le ha devuelto los auxilios parlamentarios.
La campaña que se avecina estará recargada de "mermelada" como nunca antes se habría visto: seguramente veremos a los congresistas que hacen parte de la "unidad nacional" empeñados en reelegir las políticas de la mal llamada "prosperidad".
La necesidad de la venta de este importante y estratégico activo de la nación, ha sido sostenida ya por dos gobiernos - muy distintos ellos-. En el gobierno del presidente Uribe, se necesitaba cubrir un "hueco" fiscal, dados los estragos que había causado en la economía la recesión económica mundial. Se desestimó la venta, luego de concluir que primaba lo estratégico del activo sobre la urgencia de balancear fiscalmente la Nación, en un gobierno que se caracterizó por la austeridad en el gasto publico. Igualmente, se canceló la venta en la medida en que se avecinaba el cambio de mando presidencial, siendo responsable dejar a quien sucedía en la presidencia la toma de esta decisión.
Al cumplir 3 años de haber recibido el mandato presidencial, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, argumenta la venta de ISAGEN en la necesidad de construir infraestructura vial. Pero la situación que apreciamos los Colombianos, dista de ser aquella motivada por el Ministro Cárdenas. Para los colombianos, resulta poco creíble que en el marco de un crecimiento excesivo del aparato estatal se nos argumente que la venta de este estratégico activo, que apenas supera los 4 billones de pesos, es necesaria para financiar un ambicioso plan de concesiones viales, valorado en más de 50 billones de pesos, a menos de un año de terminar el gobierno del presidente Santos.
No podrá convencernos, pese a tener el gobierno la competencia, de vender un activo estratégico y con rentabilidades del 13% anual, sin la claridad suficiente de la contribución que la venta reporta al plan de concesiones, como se ha dejado ver luego de la exposición de la viceminstra de Hacienda, Dra. Carolina Soto, en la comisión V del senado. El hecho mismo de no existir en Colombia las rentas con destino específico, complica más la operación que el gobierno precave.
No podrá convencernos de la necesidad de esta venta, cuando a los colombianos no se nos ha hecho claridad sobre la situación fiscal de la nación, las implicaciones del crecimiento del aparato estatal, y en consecuencia, de un desbordado gasto público. No nos convencerá a los colombianos un gobierno "derrochón" de vender una activo rentable, en el contexto de una contienda electoral, la cual afronta con una desfavorabilidad mayoritaria entre los colombianos.
No podemos evitar pensar los colombianos, que ante la proximidad de la venta de ISAGEN con la contienda por la reelección, y un presidente sorprendido por su baja imagen, coincida con la necesaria malversación de un activo estratégico de la Nación para honrar los compromisos adquiridos con una clase política a la cual se le ha devuelto los auxilios parlamentarios.
La campaña que se avecina estará recargada de "mermelada" como nunca antes se habría visto: seguramente veremos a los congresistas que hacen parte de la "unidad nacional" empeñados en reelegir las políticas de la mal llamada "prosperidad".
domingo, 23 de junio de 2013
¿ESTAMOS LOS COLOMBIANOS ANTE LA MEJOR "OPORTUNIDAD" PARA PONERLE FÍN AL CONFLICTO CON LAS FARC?
Luego de una fallida reforma a la justicia, y ante constantes presiones de sectores de la opinión colombiana, el gobierno decidió comunicar a la sociedad que, fruto de sus contactos y reuniones secretas con comandantes del grupo subversivo Farc, se encontraba próximo a iniciar diálogos para acordar su desmovilización y reinserción a la vida civil. Pero no fue antes de la conferencia del Sr. Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, en la Universidad Externado de Colombia, que el ejecutivo anunció a la sociedad Colombiana las razones en las cuales fundaba su ejercicio de paz con dicho grupo insurgente.
Al destacar las premisas básicas en las que se fundamentan los diálogos de la Habana, el Alto Comisionado observa en primer lugar, lo inaceptable que resulta para Colombia una guerra que se acerca a los 50 años.
En la segunda de las premisas que sustentan dicha negociación, dice el Sr. Jaramillo: "nos encontramos ante la mejor oportunidad de ponerle fin (al conflicto armado interno)". Ante una aseveración de dicha magnitud, se esperaría que “a renglón seguido” el Alto Comisionado hiciera un recuento comparativo de esta iniciativa frente a los anteriores intentos de firmar un acuerdo con dicho grupo insurgente; o como mínimo, que realizara un análisis de la oportunidad de los diálogos, explicando algunos aspectos que se deben considerar al momento de tomar la decisión de iniciar la negociación[1], para concluir efectivamente que la actual mesa de diálogos es “la mejor oportunidad en la historia de ponerle fin” al conflicto armado interno. Pero ello nunca sucedió.
En ausencia de dicho análisis, me propongo rescatar algunos de éstos aspectos, con el fin de averiguar si efectivamente nos encontramos frente a tan halagadora oportunidad. El siguiente artículo pretende ilustrar una serie de cuestionamientos al segundo de los fundamentos en que el ejecutivo soporta los diálogos de paz en la Habana.
Dice el Sr. Leguízamo, quien como investigador del Departamento Nacional de Planeación lideró un importante estudio sobre los diálogos de paz del Caguán, que el primero de los aspectos que señala la oportunidad de iniciar unos diálogos de paz, es la convicción conjunta - de gobierno y guerrilla - de ser la vía negociada la mejor manera de salir del conflicto.
Si como el sr. Jaramillo, decimos que la actual mesa de diálogos es la mejor oportunidad para ponerle fin a la guerra mediante un acuerdo, refiriéndonos con ello a la existencia de dicha convicción conjunta, estaríamos restando la influencia que para sentar a dialogar a la guerrilla ejerció el gobierno socialista venezolano, en cabeza del fallecido Hugo Chávez. Esta influencia es determinante en la mesa de negociaciones en cuanto a las lealtades que vinculan a la guerrilla con el gobierno socialista de Venezuela: es de conocimiento público que no son los valores democráticos, ni la conciliación de intereses entre la sociedad, la nota característica del gobierno venezolano. Esta considerable omisión, le resta oportunidades al gobierno Colombiano de entablar una estrategia tendiente a evitar las interferencias contrarias a la institucionalidad democrática en un posible acuerdo, siendo ésta, propiamente, la que recibirá a los subversivos luego de un proceso de reinserción.
El segundo de los aspectos para evaluar la oportunidad de los diálogos, tiene que ver con la exigencia de la opinión pública en que se promuevan dichos diálogos, y que, una vez iniciados, obtengan el apoyo de la opinión.
Al destacar las premisas básicas en las que se fundamentan los diálogos de la Habana, el Alto Comisionado observa en primer lugar, lo inaceptable que resulta para Colombia una guerra que se acerca a los 50 años.
En la segunda de las premisas que sustentan dicha negociación, dice el Sr. Jaramillo: "nos encontramos ante la mejor oportunidad de ponerle fin (al conflicto armado interno)". Ante una aseveración de dicha magnitud, se esperaría que “a renglón seguido” el Alto Comisionado hiciera un recuento comparativo de esta iniciativa frente a los anteriores intentos de firmar un acuerdo con dicho grupo insurgente; o como mínimo, que realizara un análisis de la oportunidad de los diálogos, explicando algunos aspectos que se deben considerar al momento de tomar la decisión de iniciar la negociación[1], para concluir efectivamente que la actual mesa de diálogos es “la mejor oportunidad en la historia de ponerle fin” al conflicto armado interno. Pero ello nunca sucedió.
En ausencia de dicho análisis, me propongo rescatar algunos de éstos aspectos, con el fin de averiguar si efectivamente nos encontramos frente a tan halagadora oportunidad. El siguiente artículo pretende ilustrar una serie de cuestionamientos al segundo de los fundamentos en que el ejecutivo soporta los diálogos de paz en la Habana.
Dice el Sr. Leguízamo, quien como investigador del Departamento Nacional de Planeación lideró un importante estudio sobre los diálogos de paz del Caguán, que el primero de los aspectos que señala la oportunidad de iniciar unos diálogos de paz, es la convicción conjunta - de gobierno y guerrilla - de ser la vía negociada la mejor manera de salir del conflicto.
Si como el sr. Jaramillo, decimos que la actual mesa de diálogos es la mejor oportunidad para ponerle fin a la guerra mediante un acuerdo, refiriéndonos con ello a la existencia de dicha convicción conjunta, estaríamos restando la influencia que para sentar a dialogar a la guerrilla ejerció el gobierno socialista venezolano, en cabeza del fallecido Hugo Chávez. Esta influencia es determinante en la mesa de negociaciones en cuanto a las lealtades que vinculan a la guerrilla con el gobierno socialista de Venezuela: es de conocimiento público que no son los valores democráticos, ni la conciliación de intereses entre la sociedad, la nota característica del gobierno venezolano. Esta considerable omisión, le resta oportunidades al gobierno Colombiano de entablar una estrategia tendiente a evitar las interferencias contrarias a la institucionalidad democrática en un posible acuerdo, siendo ésta, propiamente, la que recibirá a los subversivos luego de un proceso de reinserción.
El segundo de los aspectos para evaluar la oportunidad de los diálogos, tiene que ver con la exigencia de la opinión pública en que se promuevan dichos diálogos, y que, una vez iniciados, obtengan el apoyo de la opinión.
Si como el Alto Comisionado, manifestamos que el actual acercamiento con el grupo insurgente es la mejor oportunidad para llegar a un acuerdo que ponga fin a un conflicto, refiriéndonos con ello a que la opinión reclama o exige los diálogos, estaríamos omitiendo que el presidente Santos se eligió con el fin de continuar la política de seguridad democrática, en una confrontación directa a los grupos subversivos; a diferencia, por ejemplo, de las exigencias de los votantes y de la opinión pública en el gobierno del presidente Pastrana, quien fue elegido para entablar diálogos con dicha guerrilla, y por ende, dio apertura a la mesa de diálogos en el Caguán.
No quiero decir con ello que la política de seguridad democrática no preveía la finalización del conflicto mediante un proceso de negociación, sino que la misma señalaba que un ejercicio como éste sólo podría darse tras el cumplimiento de unos requisitos por parte de la insurgencia: cese de hostilidades, devolver a los secuestrados en su poder a la vida civil y renunciar al reclutamiento de menores. Sin embargo, en el actual acercamiento con la guerrilla, dichos presupuestos no fueron una exigencia por parte del ejecutivo y su ausencia hace que la opinión se encuentre pesimista frente a la mesa de diálogos de la Habana, lo cual se hace manifiesto en cada sondeo que sobre el tema se corre.
No podríamos llegar a una conclusión tan optimista, como podría hacerlo el Sr. Jaramillo, de encontrarnos ante la mejor oportunidad para dar vuelta a la página del conflicto en Colombia debido al apoyo de la opinión pública al desarrollo de los diálogos: conociendo la opinión los pronunciamientos cruzados de gobierno y guerrilla, los ataques a poblaciones por parte de ésta y el ejercicio de reclutamiento de menores que se evidencia a diario en las confrontaciones desde que se sentaron en la Habana los comandantes guerrilleros, sumado a la falta de reconocimiento de la condición de victimarios, antes que víctimas, no permite un apoyo de la opinión pública al desarrollo de la mesa de diálogos.
El tercer elemento que señala la oportunidad de la iniciación de diálogos, según reseña el Sr. Leguízamo, es la posibilidad futura de concretar un acuerdo. Esta posibilidad sólo puede ser el resultado de la necesaria verificación de dos condiciones: la correlación de fuerzas y la disposición de la sociedad colombiana para asumir un proceso de negociación.
Si el señor Jaramillo se refería a que ésta era la mejor oportunidad para dialogar, por la posibilidad futura de concretar un acuerdo en función a la existencia de correlación de fuerzas entre gobierno y guerrilla, es innegable que los golpes que se había asestado a dicha guerrilla durante los dos gobiernos anteriores -y comienzos del presente- lograron diezmar considerablemente su capacidad operativa, en comparación con ocasiones anteriores en las que el gobierno se ha sentado a negociar. Pero omite que la guerrilla encuentra refugio y apoyo por parte de gobiernos vecinos, habiéndose probado que su presencia es consentida en sus territorios, lo que les ha permitido evadir las fuerzas armadas colombianas. En consecuencia, a pesar de la merma de la capacidad operativa de la guerrilla, no existe una correlación de fuerzas dada la incapacidad del gobierno Colombiano de operar en territorios vecinos.
Tampoco es cierto afirmar la correlación de fuerzas entre gobierno y guerrilla en el plano militar, cuando la falta del fuero militar le resta capacidad operativa a las fuerzas armadas colombianas frente a la insurgencia. Esta debilidad es más notoria de lo que a simple vista parece, por el hecho de haber decidido el ejecutivo negociar en medio de las hostilidades de parte y parte. Si el gobierno no tiene la fuerza suficiente - y en ésta juega un papel determinante la protección de sus fuerzas- para impedir que las farc pretendan sustentar sus posiciones en la mesa de negociación con acciones bélicas en el territorio Colombiano, queda en peligro de ver escalado el conflicto armado interno, como fruto del acercamiento.
Adicional al contenido militar, en el análisis de la correlación de fuerzas es determinante el aspecto político. Se equivoca el Alto Comisionado al considerar que estamos ante la mejor oportunidad para lograr un acuerdo, dada la posibilidad futura de concretarlo, porque no existe - ni existirá- la anhelada correlación de fuerzas en el plano político, mientras que un actor alzado en armas, como lo es la farc, mantenga su apoyo logístico y financiero a organizaciones de base -a pesar de su actuar delictivo- y que éste apoyo permanezca impune -"farcpolítica"-. Este apoyo a organizaciones de base se manifiesta con frecuencia en actos de vandalismo y polarización de la sociedad, que impiden que la ciudadanía pueda pronunciarse de manera pacífica y democrática.
En cuanto a la contribución de la disposición de la sociedad Colombiana para asumir un proceso de negociación, en la posibilidad futura para concretar un acuerdo, yerra el Sr. Sergio Jaramillo al decir que nos encontramos ante la mejor oportunidad para ponerle fin al conflicto armado interno. Resulta evidente que omite el Sr. Comisionado la incapacidad del gobierno para avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestra sociedad para evitar el escalamiento del conflicto social en eventuales escenarios “de transición”.
Me refiero principalmente a la necesaria reforma de la justicia. Una justicia cuyos expedientes se toman años en los anaqueles de los estrados antes de ver una sentencia; una justicia que hace paro por dos meses sin que la sociedad se movilice para garantizar este derecho fundamental; una justicia cuya administración se encuentra “politizada”, no ejecuta el presupuesto para el funcionamiento de la rama y se tarda en el nombramiento de sus funcionarios. Resulta evidente el error que será “sobrecargar” un sistema penal, que se ha mostrado ineficiente para evacuar procesos en vigencia de 3 regímenes penales – ley 600, ley 904 y ley 975 o “de justicia y paz”- con un cuarto régimen penal, el “marco jurídico para la paz”; más aún, cuando se tiende un manto de duda sobre el avance de los procesos penales de la ley 975, que a cerca de 8 años de su promulgación, apenas logra 14 sentencias. Me refiero, por supuesto, a un sistema de salud que no alcanza para atender a pacientes en cuidados intensivos, ni mucho menos para una política de salud de prevención adecuada. Cómo no referirme a un sistema pensional insostenible desde el punto de vista del presupuesto público. Y ¿Dónde quedó la reforma a la educación?. todas éstas reformas, a la fecha de hoy - estando próximos a cumplir tres años del inicio del gobierno del presidente santos- no encuentran resultados.
Concluyendo, la manifestación de una “oportunidad” histórica de ponerle fin al conflicto armado interno, que el señor Jaramillo ha calificado como “la mejor”, sin argumentar las condiciones que la diferencian de anteriores oportunidades en que se ha intentado dialogar con dicho grupo subversivo, ni argumentar los aspectos que definen “la oportunidad” para iniciar los diálogos, dejan al desnudo la improvisación del ejecutivo en la mesa de diálogos de la Habana. Una vez analizados dichos aspectos, resulta evidente que, a más de ser inoportuno el establecimiento de la mesa de diálogos en la Habana, la sociedad Colombiana demanda previamente importantes reformas, las cuales -en efecto- ofrecerán un escenario de “transición” que señale la verdadera paz en el horizonte.
El argumento de escasez del Comisionado, cuando dice: "estamos ante un momento de decisiones como sólo se presentan una vez en una generación”, deja al descubierto una coacción indebida de la opinión, ante la falta de argumentos en qué sustentar la mesa de diálogos en la Habana: descriptivamente no es cierto, pero además, no hace justicia con anteriores gobiernos que han intentado esta posibilidad.
[1] Leguizamo, Camilo. “REFLEXIONES SOBRE EL PROCESO DE PAZ DEL GOBIERNO DE ANDRÉS PASTRANA Y LAS FARC-EP (1998-2002). En “ARCHIVOS DE ECONOMÍA”. Dirección de Estudios Económicos, Departamento Nacional de Planeación. Documento 204, 12 de agosto de 2004. [2] Ibídem.
No quiero decir con ello que la política de seguridad democrática no preveía la finalización del conflicto mediante un proceso de negociación, sino que la misma señalaba que un ejercicio como éste sólo podría darse tras el cumplimiento de unos requisitos por parte de la insurgencia: cese de hostilidades, devolver a los secuestrados en su poder a la vida civil y renunciar al reclutamiento de menores. Sin embargo, en el actual acercamiento con la guerrilla, dichos presupuestos no fueron una exigencia por parte del ejecutivo y su ausencia hace que la opinión se encuentre pesimista frente a la mesa de diálogos de la Habana, lo cual se hace manifiesto en cada sondeo que sobre el tema se corre.
No podríamos llegar a una conclusión tan optimista, como podría hacerlo el Sr. Jaramillo, de encontrarnos ante la mejor oportunidad para dar vuelta a la página del conflicto en Colombia debido al apoyo de la opinión pública al desarrollo de los diálogos: conociendo la opinión los pronunciamientos cruzados de gobierno y guerrilla, los ataques a poblaciones por parte de ésta y el ejercicio de reclutamiento de menores que se evidencia a diario en las confrontaciones desde que se sentaron en la Habana los comandantes guerrilleros, sumado a la falta de reconocimiento de la condición de victimarios, antes que víctimas, no permite un apoyo de la opinión pública al desarrollo de la mesa de diálogos.
El tercer elemento que señala la oportunidad de la iniciación de diálogos, según reseña el Sr. Leguízamo, es la posibilidad futura de concretar un acuerdo. Esta posibilidad sólo puede ser el resultado de la necesaria verificación de dos condiciones: la correlación de fuerzas y la disposición de la sociedad colombiana para asumir un proceso de negociación.
Si el señor Jaramillo se refería a que ésta era la mejor oportunidad para dialogar, por la posibilidad futura de concretar un acuerdo en función a la existencia de correlación de fuerzas entre gobierno y guerrilla, es innegable que los golpes que se había asestado a dicha guerrilla durante los dos gobiernos anteriores -y comienzos del presente- lograron diezmar considerablemente su capacidad operativa, en comparación con ocasiones anteriores en las que el gobierno se ha sentado a negociar. Pero omite que la guerrilla encuentra refugio y apoyo por parte de gobiernos vecinos, habiéndose probado que su presencia es consentida en sus territorios, lo que les ha permitido evadir las fuerzas armadas colombianas. En consecuencia, a pesar de la merma de la capacidad operativa de la guerrilla, no existe una correlación de fuerzas dada la incapacidad del gobierno Colombiano de operar en territorios vecinos.
Tampoco es cierto afirmar la correlación de fuerzas entre gobierno y guerrilla en el plano militar, cuando la falta del fuero militar le resta capacidad operativa a las fuerzas armadas colombianas frente a la insurgencia. Esta debilidad es más notoria de lo que a simple vista parece, por el hecho de haber decidido el ejecutivo negociar en medio de las hostilidades de parte y parte. Si el gobierno no tiene la fuerza suficiente - y en ésta juega un papel determinante la protección de sus fuerzas- para impedir que las farc pretendan sustentar sus posiciones en la mesa de negociación con acciones bélicas en el territorio Colombiano, queda en peligro de ver escalado el conflicto armado interno, como fruto del acercamiento.
Adicional al contenido militar, en el análisis de la correlación de fuerzas es determinante el aspecto político. Se equivoca el Alto Comisionado al considerar que estamos ante la mejor oportunidad para lograr un acuerdo, dada la posibilidad futura de concretarlo, porque no existe - ni existirá- la anhelada correlación de fuerzas en el plano político, mientras que un actor alzado en armas, como lo es la farc, mantenga su apoyo logístico y financiero a organizaciones de base -a pesar de su actuar delictivo- y que éste apoyo permanezca impune -"farcpolítica"-. Este apoyo a organizaciones de base se manifiesta con frecuencia en actos de vandalismo y polarización de la sociedad, que impiden que la ciudadanía pueda pronunciarse de manera pacífica y democrática.
En cuanto a la contribución de la disposición de la sociedad Colombiana para asumir un proceso de negociación, en la posibilidad futura para concretar un acuerdo, yerra el Sr. Sergio Jaramillo al decir que nos encontramos ante la mejor oportunidad para ponerle fin al conflicto armado interno. Resulta evidente que omite el Sr. Comisionado la incapacidad del gobierno para avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestra sociedad para evitar el escalamiento del conflicto social en eventuales escenarios “de transición”.
Me refiero principalmente a la necesaria reforma de la justicia. Una justicia cuyos expedientes se toman años en los anaqueles de los estrados antes de ver una sentencia; una justicia que hace paro por dos meses sin que la sociedad se movilice para garantizar este derecho fundamental; una justicia cuya administración se encuentra “politizada”, no ejecuta el presupuesto para el funcionamiento de la rama y se tarda en el nombramiento de sus funcionarios. Resulta evidente el error que será “sobrecargar” un sistema penal, que se ha mostrado ineficiente para evacuar procesos en vigencia de 3 regímenes penales – ley 600, ley 904 y ley 975 o “de justicia y paz”- con un cuarto régimen penal, el “marco jurídico para la paz”; más aún, cuando se tiende un manto de duda sobre el avance de los procesos penales de la ley 975, que a cerca de 8 años de su promulgación, apenas logra 14 sentencias. Me refiero, por supuesto, a un sistema de salud que no alcanza para atender a pacientes en cuidados intensivos, ni mucho menos para una política de salud de prevención adecuada. Cómo no referirme a un sistema pensional insostenible desde el punto de vista del presupuesto público. Y ¿Dónde quedó la reforma a la educación?. todas éstas reformas, a la fecha de hoy - estando próximos a cumplir tres años del inicio del gobierno del presidente santos- no encuentran resultados.
Concluyendo, la manifestación de una “oportunidad” histórica de ponerle fin al conflicto armado interno, que el señor Jaramillo ha calificado como “la mejor”, sin argumentar las condiciones que la diferencian de anteriores oportunidades en que se ha intentado dialogar con dicho grupo subversivo, ni argumentar los aspectos que definen “la oportunidad” para iniciar los diálogos, dejan al desnudo la improvisación del ejecutivo en la mesa de diálogos de la Habana. Una vez analizados dichos aspectos, resulta evidente que, a más de ser inoportuno el establecimiento de la mesa de diálogos en la Habana, la sociedad Colombiana demanda previamente importantes reformas, las cuales -en efecto- ofrecerán un escenario de “transición” que señale la verdadera paz en el horizonte.
El argumento de escasez del Comisionado, cuando dice: "estamos ante un momento de decisiones como sólo se presentan una vez en una generación”, deja al descubierto una coacción indebida de la opinión, ante la falta de argumentos en qué sustentar la mesa de diálogos en la Habana: descriptivamente no es cierto, pero además, no hace justicia con anteriores gobiernos que han intentado esta posibilidad.
[1] Leguizamo, Camilo. “REFLEXIONES SOBRE EL PROCESO DE PAZ DEL GOBIERNO DE ANDRÉS PASTRANA Y LAS FARC-EP (1998-2002). En “ARCHIVOS DE ECONOMÍA”. Dirección de Estudios Económicos, Departamento Nacional de Planeación. Documento 204, 12 de agosto de 2004. [2] Ibídem.
domingo, 19 de mayo de 2013
¿QUÉ FUE LO QUE QUIZO DECIR EL SEÑOR JARAMILLO?
La polémica conferencia del Alto Comisionado para la paz, señor Sergio Jaramillo, en la Universidad Externado el pasado 09 de mayo, nos deja una serie de cuestionamientos que pretendo ilustrar.
Al inicio de su conferencia, el Comisionado destacó las premisas básicas en las que se fundamentan los diálogos de la Habana, siendo la primera de ellas, lo inaceptable que resulta la guerra en Colombia, a punto de cumplir 50 años. Al margen de la impunidad que este reconocimiento nos permite predecir - si se considera que la ley de víctimas sólo reconoce como tales a quienes haya sufrido un daño por hechos ocurridos a partir de 1985 y que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles - lo que nos sorprendió realmente fue la segunda de las premisas que sustentan las negociaciones de la Habana: “estamos ante la mejor oportunidad en la historia de ponerle fín” (a la guerra); oportunidad que, aduce, sólo se presenta una vez en una generación.
Ante una aseveración de dicha magnitud, uno se imaginaría que el Sr. Jaramaillo haría un recuento comparativo de esta iniciativa frente a los anteriores esfuerzos, o como mínimo, que el conferencista realizaría un análisis de la oportunidad de los diálogos, explicando algunos aspectos que deben ser considerados al momento de tomar la decisión de iniciar la negociación[1] para concluir que esta pudo haber sido “la mejor oportunidad en la historia de ponerle fin”.
Ante la ausencia del análisis requerido para llegar a dicha conclusión, me propongo rescatar algunos de éstos aspectos, con el fin de averiguar si efectivamente nos encontramos ante tan halagadora oportunidad.
El primero de éstos aspectos es la convicción conjunta, de gobierno y guerrilla, de que la mejor manera de salir del conflicto es la vía negociada.
Si, como el señor Jaramillo, decimos que es la mejor oportunidad para ponerle fin a la guerra mediante un acuerdo, refiriéndonos con ello a la existencia de una convicción conjunta, estaríamos menospreciando el hecho de que la guerrilla sólo llegó a ella por el papel fundamental que en este sentido jugó el liderazgo de Hugo Chávez. Esta influencia es determinante en la mesa de negociaciones en cuanto a las lealtades que vinculan al gobierno venezolano con la guerrilla, y por todos es conocido que lo que caracteriza al gobierno venezolano, no son propiamente los valores democráticos y de conciliación de intereses entre la sociedad. Esta omisión le resta oportunidades al gobierno Colombiano de entablar una estrategia que evite las interferencias contrarias a los valores democráticos tanto a la hora de establecer acuerdos, como a la hora de iniciar una transición.
El segundo de los aspectos para evaluar la oportunidad de los diálogos, tiene que ver con la opinión pública y su exigencia - o apoyo- a los mismos.
Si, en la calidad del Alto Comisionado, decimos que es la mejor oportunidad para llegar a un acuerdo que ponga fin a un conflicto, refiriéndonos con ello a que la opinión reclama o exige los diálogos, estaríamos omitiendo que el presidente Santos se eligió con el fin de continuar la estrategia de seguridad democrática, y que al iniciar una serie de contactos con dicha guerrilla en completo hermetismo, estos no fueron de buen recibo para el colectivo social que había apoyado su aspiración presidencial en las urnas. Cabe recordar que el Gobierno sólo vino a reconocer que había dado inicio a estos contactos, y que se había concertado una agenda, como paliativo por el fracaso de la reforma a la justicia. Por lo tanto, no sólo el procedimiento mismo que dio origen al inicio de los diálogos, sino también la manera de darlo a conocer a la opinión pública, han sido inoportunos.
Pero si pensáramos que el señor Jaramillo concibe que ésta es la mejor oportunidad para dialogar dado el apoyo que la opinión pública le ha dado al desarrollo de los diálogos, dicha conclusión no podría hacerse de manera tan optimista, conociendo la opinión los pronunciamientos cruzados de gobierno y guerrilla que se convierten en fuertes golpes para el apoyo de la opinión, y en consecuencia, minando el peso del compromiso al que puedan llegar los negociadores en la mesa.
Ahora, si lo que quiso decir el Comisionado, al manifestar que nos encontramos ante la mejor oportunidad que nunca antes hubiésemos tenido para llegar a un acuerdo, refiriéndose a la posibilidad futura de concretarlo, no dejaría de ser una especulación si su argumentación no valorara dos variables que se encuentran mutuamente relacionadas, y que determinan para el futuro de la negociación la firma de un acuerdo[2], como son la correlación de fuerzas y la disposición de la sociedad colombiana para asumir un proceso de negociación.
Si el señor Jaramillo se refería a que ésta era la mejor oportunidad para dialogar, dada la correlación de fuerzas entre guerrilla y gobierno, es innegable que los golpes que se había asestado a dicha guerrilla durante los dos gobiernos anteriores lograron diezmar considerablemente su capacidad operativa, en comparación con ocasiones anteriores en las que el gobierno se ha sentado a negociar. Pero también es cierto que la guerrilla encuentra refugio y apoyo por parte de gobiernos vecinos, habiéndose probado que su presencia es consentida en sus territorios, lo que entre otros asuntos, les permitió evadir las fuerzas de seguridad colombianas. En consecuencia, a pesar de la merma de la capacidad operativa de la guerrilla, no existe una correlación de fuerzas dada la incapacidad del gobierno Colombiano de operar en territorios vecinos. Tampoco podemos negar que la falta del fuero militar le resta capacidad operativa a las fuerzas armadas colombianas frente a la insurgencia, lo que no permite que haya una correlación de fuerzas, en cuanto a lo militar se refiere, entre gobierno y guerrilla.
La correlación de fuerzas es importante en la medida en que se negocia en medio de las hostilidades de parte y parte. Si el gobierno no tiene una fuerza que logre impedir que las acciones bélicas de las farc pretendan sustentar sus posiciones en la mesa de negociación, el gobierno queda ante el peligro de ver escalado el conflicto y sucumbir ante sus posiciones.
Ahora bien, dado que el análisis de la correlación de fuerzas desborda el tema militar, sobreponiéndose otros aspectos políticos, tampoco puede considerarse que estemos ante la mejor oportunidad para lograr un acuerdo. El hecho de que las farc mantengan su apoyo logístico y financiero a organizaciones de base, a pesar de su actuar delictivo, y que éste apoyo no sea encausado por la justicia, y por ende permanezca en la impunidad, propicia un desbalance en la correlación de fuerzas. Este apoyo a organizaciones de base a menudo se manifiesta en actos de vandalismo y polarización de la sociedad, que impiden que la ciudadanía pueda pronunciarse de manera pacífica y democrática.
Por último, si lo que quiso decir el Alto Comisionado es que nos encontramos ante la mejor oportunidad para una negociación, refiriéndose a la disposición de la sociedad Colombiana para asumir un proceso de negociación, resulta evidente que omite la incapacidad del gobierno para avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestra sociedad para una convivencia pacífica en eventuales escenarios “de transición”, y evitar el escalamiento del conflicto social. Me refiero a la reforma de la educación, la reforma a la justicia, la reforma a la salud y la reforma pensional que a la fecha de hoy, estando próximos a cumplir tres años del inicio del gobierno del presidente santos, no encuentran resultados.
Concluyendo, en el análisis de la “oportunidad” de los diálogos, que el señor Jaramillo ha calificado como “la mejor”, ha omitido argumentar aspectos de la mayor importancia, que dejan por el piso las premisas en que se fundamenta la mesa de negociaciones de la Habana. Tampoco nos parece acertado acudir a un argumento de escasez, como el de “estamos ante un momento de decisiones como sólo se presentan una vez en una generación”, porque descriptivamente no es cierto; y además, no es justo con anteriores gobiernos que han intentado esta posibilidad.
domingo, 5 de febrero de 2012
NO HUBO ACUERDO DE MAYORÍAS PARA PETRO EN EL CONCEJO DE BOGOTÁ, “NI A PUNTA DE COIMAS”
Unas sentidas felicitaciones se merecen los concejales que se declararon en oposición al alcalde Petro esta semana.
Luego de haber escuchado la semana antes de la pasada, al polémico alcalde de Bogotá y a su secretario de gobierno, sobre su confiada e indecente propuesta de atraer a los concejales ajenos a la coalición de gobierno “a punta de puestos en la alcaldía”, los concejales de los partidos opositores le dieron una gran lección sobre la independencia que decidieron mantener frente a la seducción de la nómina y el contrato-siendo que el partido liberal llego de ultimo-, cuando se encuentra en manos de persona de interminables vaivenes.
Luego de la indecorosa propuesta, la mayoría de los corporados, de partidos opuestos al “pobresismo”, se mantuvieron fuertes en su posición independiente. Y es que los pronunciamientos del mandatario capitalino reflejan sus estados emocionales (al estilo de algún mandatario de un país vecino); argumento poco creíble frente a la necesidad de administración y cálculo que requieren los asuntos más neurálgicos para la ciudad.
De nada sirvió atraer la ponderación del secretario de gobierno, quien parece haberse visto superado por un alumno efervescente y poco calculador. El jueves, antes de la reunión con el Ministro de Transporte, afirmó con la vehemencia de quien dicta la ley de puño y letra, que mientras estuviera en el poder no se construiría la ALO, cuando aun no había escuchado los argumentos técnicos del Ministro de Transporte.
De nuevo, vuelven los argumentos técnicos a desalojar los argumentos de jerarquía que ha querido imponer el alcalde de Bogotá. Con éstos argumentos de jerarquía no se ha persuadido a los concejales, quienes se declaran en oposición, con los peores pronósticos para el manejo de la ciudad por el alcalde Petro.
El viernes se ha escogido en el concejo las comisiones de planeacion, hacienda y gobierno, en un acto que nos orienta la manera en que el alcalde va ir acompañado de ingobernabilidad, dado que no ha alcanzado mayoría alguna en ninguna de ellas. No es como dice mockus, en un “flashback” de su esperiencia como alcalde de bogota, que se puede gobernar a Bogotá sin las mayorías en el concejo; a Petro le tocará un pulso imbatible para sacar adelante sus iniciativas, adelantando desde estas páginas un periodo de ingobernabilidad que se cierne sobre la ciudad.
En adelante, Petro tendrá que lidiar con la esclavitud a que lo conminan sus estados de ánimo, recordando aquel sabio proverbio según el cual: “es mejor ser dueño de su silencio que esclavo de sus palabras”.
Luego de haber escuchado la semana antes de la pasada, al polémico alcalde de Bogotá y a su secretario de gobierno, sobre su confiada e indecente propuesta de atraer a los concejales ajenos a la coalición de gobierno “a punta de puestos en la alcaldía”, los concejales de los partidos opositores le dieron una gran lección sobre la independencia que decidieron mantener frente a la seducción de la nómina y el contrato-siendo que el partido liberal llego de ultimo-, cuando se encuentra en manos de persona de interminables vaivenes.
Luego de la indecorosa propuesta, la mayoría de los corporados, de partidos opuestos al “pobresismo”, se mantuvieron fuertes en su posición independiente. Y es que los pronunciamientos del mandatario capitalino reflejan sus estados emocionales (al estilo de algún mandatario de un país vecino); argumento poco creíble frente a la necesidad de administración y cálculo que requieren los asuntos más neurálgicos para la ciudad.
De nada sirvió atraer la ponderación del secretario de gobierno, quien parece haberse visto superado por un alumno efervescente y poco calculador. El jueves, antes de la reunión con el Ministro de Transporte, afirmó con la vehemencia de quien dicta la ley de puño y letra, que mientras estuviera en el poder no se construiría la ALO, cuando aun no había escuchado los argumentos técnicos del Ministro de Transporte.
De nuevo, vuelven los argumentos técnicos a desalojar los argumentos de jerarquía que ha querido imponer el alcalde de Bogotá. Con éstos argumentos de jerarquía no se ha persuadido a los concejales, quienes se declaran en oposición, con los peores pronósticos para el manejo de la ciudad por el alcalde Petro.
El viernes se ha escogido en el concejo las comisiones de planeacion, hacienda y gobierno, en un acto que nos orienta la manera en que el alcalde va ir acompañado de ingobernabilidad, dado que no ha alcanzado mayoría alguna en ninguna de ellas. No es como dice mockus, en un “flashback” de su esperiencia como alcalde de bogota, que se puede gobernar a Bogotá sin las mayorías en el concejo; a Petro le tocará un pulso imbatible para sacar adelante sus iniciativas, adelantando desde estas páginas un periodo de ingobernabilidad que se cierne sobre la ciudad.
En adelante, Petro tendrá que lidiar con la esclavitud a que lo conminan sus estados de ánimo, recordando aquel sabio proverbio según el cual: “es mejor ser dueño de su silencio que esclavo de sus palabras”.
martes, 31 de enero de 2012
NO HABRÁ PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA SIN SEGURIDAD DEMOCRÁTICA.
Quisiéramos los colombianos que los atentados terroristas que sufren los diferentes “convoyes” de camiones cargados de petróleo en los llanos orientales, fueran una alarma para el gobierno en la necesidad de seguridad. Pero nos frustra que dichos actos terroristas no logran trasnochar al presidente santos, tal vez porque dichos actos suceden a kilómetros de distancia de la casa de Nariño.
Recordemos que el año pasado, tras el secuestro de unos ingenieros de una compañía petrolera, el presidente santos reaccionó con un publicitado operativo militar en la zona del secuestro, a la vez que amenazó a las compañías mineras de expulsarlas del país en caso de que llegaran a pagar una extorsión - éste último movimiento poco más populista que el primero-. Si de responder con seguridad a éstas empresas se tratara -y no sólo de una maniobra para bloquear una reducción en los índices de popularidad que parecen haber preocupado más al mandatario en aquél entonces- hoy no estaríamos lamentándonos de estos hechos, que algunos pueden ver como insignificantes.
Y es que esta situación ya es de apreciación de los inversionistas alrededor del mundo. Es así como el reporte londinense de la compañía “Business Monitor International” titulado “Colombia oil y gas report. Q1, 2012”, advierte en su página 9ª, en el análisis SWOT, que una de las debilidades de nuestro país es la seguridad, en la medida en que las FARC y otros grupos terroristas mantengan poder en grandes partes del territorio.
Concluye este valioso documento que corre peligro la sostenibilidad del incremento en la producción de petróleo, tras los ataques y extorsiones de que son víctimas las compañías del sector de hidrocarburos.
Este informe concluye que Colombia necesita de ingenieros experimentados para seguir en aumento en la producción petrolera. Será que el presidente santos se pregunta cuantos ingenieros están dispuestos a arriesgarse al secuestro?
Pareciera que el gobierno olvidara que la seguridad democrática fue el factor previo a afianzar la confianza inversionista, de cuyos resultados se vanagloria hoy el gobierno del presidente santos.
¿Cuántas compañías, como la Oxidental Petroleoum Company (OXY) pueden decidir reducir su operación tras violentos ataques, como los que ha recibido dicha compañía en el oleoducto de caño limón-coveñas, del cual es un importante participante accionista?.
En la actualidad, las extorsiones son “el pan de cada día” de las empresas petroleras, las mineras en general, las del sector transporte y la gran cantidad de empresas que han quedado expuestas a las amenazas de los grupos violentos, y desprotegidas tras unas fuerzas armadas temerosas. ¿Será esta suficiente alerta de que la confianza inversionista puede verse resquebrajada en Colombia?
Esperemos que, diferente al año anterior, el presidente Santos atine a concentrarse en los problemas de seguridad del país: quienes seguimos de cerca dicha problemática vemos retroceder al país a situaciones de inseguridad que no fueron la regla cuando el actual presidente de la república se desempeñaba como ministro de defensa en el gobierno del presidente Uribe.
Recordemos que el año pasado, tras el secuestro de unos ingenieros de una compañía petrolera, el presidente santos reaccionó con un publicitado operativo militar en la zona del secuestro, a la vez que amenazó a las compañías mineras de expulsarlas del país en caso de que llegaran a pagar una extorsión - éste último movimiento poco más populista que el primero-. Si de responder con seguridad a éstas empresas se tratara -y no sólo de una maniobra para bloquear una reducción en los índices de popularidad que parecen haber preocupado más al mandatario en aquél entonces- hoy no estaríamos lamentándonos de estos hechos, que algunos pueden ver como insignificantes.
Y es que esta situación ya es de apreciación de los inversionistas alrededor del mundo. Es así como el reporte londinense de la compañía “Business Monitor International” titulado “Colombia oil y gas report. Q1, 2012”, advierte en su página 9ª, en el análisis SWOT, que una de las debilidades de nuestro país es la seguridad, en la medida en que las FARC y otros grupos terroristas mantengan poder en grandes partes del territorio.
Concluye este valioso documento que corre peligro la sostenibilidad del incremento en la producción de petróleo, tras los ataques y extorsiones de que son víctimas las compañías del sector de hidrocarburos.
Este informe concluye que Colombia necesita de ingenieros experimentados para seguir en aumento en la producción petrolera. Será que el presidente santos se pregunta cuantos ingenieros están dispuestos a arriesgarse al secuestro?
Pareciera que el gobierno olvidara que la seguridad democrática fue el factor previo a afianzar la confianza inversionista, de cuyos resultados se vanagloria hoy el gobierno del presidente santos.
¿Cuántas compañías, como la Oxidental Petroleoum Company (OXY) pueden decidir reducir su operación tras violentos ataques, como los que ha recibido dicha compañía en el oleoducto de caño limón-coveñas, del cual es un importante participante accionista?.
En la actualidad, las extorsiones son “el pan de cada día” de las empresas petroleras, las mineras en general, las del sector transporte y la gran cantidad de empresas que han quedado expuestas a las amenazas de los grupos violentos, y desprotegidas tras unas fuerzas armadas temerosas. ¿Será esta suficiente alerta de que la confianza inversionista puede verse resquebrajada en Colombia?
Esperemos que, diferente al año anterior, el presidente Santos atine a concentrarse en los problemas de seguridad del país: quienes seguimos de cerca dicha problemática vemos retroceder al país a situaciones de inseguridad que no fueron la regla cuando el actual presidente de la república se desempeñaba como ministro de defensa en el gobierno del presidente Uribe.
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