La elección del Contralor.

Por: Alejandro Ramírez

"Hay que ser un héroe para enfrentarse con la moralidad de la época" M. foucault.

El lunes próximo, cuando muchos colombianos estén volviendo del puente festivo de la Asunción de la Virgen María, al pleno del Congreso de la República no le quedará más salida que evitar la elección del Contralor General de la República. 

La elección del Contralor toma una relevancia especial, cuando no hace un mes tomó posesión el Presidente de la República Iván Duque bajo la promesa de dar una lucha frontal contra la corrupción, siendo la Contraloría la institución clave para este objetivo. 

Con Maya Villazón, Contralor durante el periodo 2014-2018, no vimos los procesos contra la administración de Santos, una de las más corruptas de la historia reciente. Sólo hasta hace días, y de viaje el expresidente fuera del país, se han conocido verdades tan dolorosas para los colombianos, como que el sector público se encuentra endeudado "como nunca antes", por una cifra superior a los 516 billones de pesos, cerca del 57% del PIB. O que entre casos de corrupción emblemáticos, como los juegos nacionales del tolima, el cartel de la enfermedades mentales, el cartel de la hemofilia y el PAE, son más de 290 mil millones en procesos de responsabilidad fiscal. O el más grave, el de REFICAR, con procesos de responsabilidad fiscal por una cifra superior a los 5 billones de pesos. 

Y más allá de tratarse de un proceso viciado, dado el cuestionable cambio de la resolución que originó modificaciones en el proceso de elección de tan importante funcionario, debe revisarse, si de luchar contra la corrupción se trata, la conveniencia de la elección de un candidato promovido por los partidos de la tradicional "Unidad nacional" del otrora gobierno de Juan Manuel santos, responsable del desangre de los recursos públicos. Pero sobre todo, por las implicaciones disciplinarias para los congresistas que se aprestan a su elección, dado el conocimiento de las inhabilidades del candidato. 

El candidato de esta coalición es el director, desde principios de este año, de la federación de Departamentos, una entidad con fuertes cuestionamientos de corrupción,  desde la renuncia de Germán Chica, hasta hoy. Para nadie es un misterio, que dicha institución ha llegado a ser un bastión del derrotado Vargas Lleras en las elecciones presidenciales. Con su intervención, llegó el hoy detenido Plinio Olano, por sus vínculos con uno de los escándalos de corrupción más graves de nuestra historia, Odebrecht, y   de igual manera, el actual director Carlos Felipe Córdoba Larrarte. No se podrá olvidar que a esta institución intentó llegar el exmagistrado de la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Ricaurte, de otro de los escándalos más graves de nuestra historia reciente, el cartel de la toga,  quien fuera apoyado por Germán Vargas Lleras. El exmagistrado Ricaurte fue derrotado por el ex ministro Amylkar Acosta, quien también renunció a esa institución, cuando de nuevo la rondó un escándalo de corrupción por un contrato de 17 mil millones de pesos, sin que hoy se tenga ningún resultado de aquella investigación. 

Según información publicada, la Federación de Departamentos es una entidad pública a la que la Ley 223 de 1995 le entregó el recaudo, administración y giro del impuesto al consumo de licores, cigarrillo y tabaco, entre otras. Esto es, recibe y administra impuestos departamentales. Pero además, es la entidad que representa a los gobernadores del país, algunos con graves denuncias de corrupción. Según información reciente de la Contraloría, en el sólo escándalo del PAE, hay 5 gobernadores y 7 ex gobernadores. 

Da garantías en la lucha contra la corrupción, un funcionario elegido con el concurso de los hoy investigados gobernadores, para seguir las actuaciones fiscales en contra de dichos funcionarios?

"Ocurrirá algo muy grave"

Son las palabras del otrora candidato presidencial Germán Vargas Lleras (24 de abril de 2018) quien aseguraba así, en plena campaña, que pasarían a la segunda vuelta en la contienda presidencial, él y Gustavo Petro. "..Algo muy grave" que afectaría, en consecuencia, las aspiraciones del candidato del uribismo, hoy Presidente electo, Iván Duque.

Y no es que el excandidato Vargas Lleras tuviera, por esa condición, propiamente el don profético, al mejor estilo "nostradamus", sino que tenía conocimiento de una acción premeditada de la cual, hasta esta semana nos enteramos: se trataba "ni más ni menos" del llamado a indagatoria del expresidente Uribe, un evento más de la judicialización de la política. 

Un violento golpe como ese, en medio de una campaña política tan importante, hubiera causado uno de dos efectos: o menguaba la candidatura de Iván Duque, repitiendo lo sucedido en otras ocasiones, y en consecuencia, como dijo el excandidato Vargas Lleras, pasaban a segunda vuelta él junto a Petro; o por el contrario, generaría la solidaridad al rededor del expresidente Uribe, consolidando la aspiración de Duque. 

Ya sabemos que la Corte no se atrevió a semejante maniobra durante las elecciones, entendiendo tal vez que la segunda de las opciones que aquí señalo, era la más probable. Y nos preguntamos entonces: con qué objeto la Corte llama a Indagatoria al expresidente Uribe -con orden de detención implícita- elegido Duque y de cara a su posesión?

Sorprende la reciente determinación de la Sala Penal de la Corte Suprema, que para el caso del expresidente Uribe, sólo se haya tomado 5 meses desde la compulsa de copias, el pasado 16 de febrero, hasta la orden de indagatoria la semana pasada, convirtiéndose en una orden de indagatoria "express", a diferencia de otros procesos contra aforados constitucionales, donde suele recurrir al argumento de la congestión so pretexto de su inacción. 

La eventual detención del expresidente Uribe la había advertido la senadora Paloma Valencia el 20 de junio, como reacción de la Corte a dos hechos: "en represalia a la victoria de Iván Duque y la propuesta de discutir la pertinencia de una sola corte superior con funciones constitucionales". 

La Sala Penal de la Corte, a través de su presidente, Luis Antonio Hernández, se quejó públicamente de lo manifestado por la senadora Paloma, ese mismo día, dejando constancia del "buen clima de entendimiento y construcción de consensos planteado por el presidente Iván Duque". 

Y este es el grave problema hoy: que el Presidente electo Iván Duque, ha querido plantear un clima de consensos, resolviendo la crispación que, por cuenta de los conflictos entre altos dignatarios del Estado, sacudió al país en días pasados. Pero la reciente acción de la Corte, no sólo   demuestra su determinación a darle trámite urgente a una compulsa de copias totalmente extraña, como la de investigar al expresidente Uribe por manipular testigos, surgida dentro del auto inhibitorio en el proceso Uirbe Vs. Cepeda, sino continuar dando espacio a un "pulso político" totalmente bizarro a través de sus estrados, como el que a través de falsos testigos le ha planteado la izquierda Colombiana al uribismo, a quien no ha logrado derrotar en las urnas. 

Para poner en contexto a los lectores, el cartel de falsos testigos ha sido denunciado por el uribismo, y tiene víctimas tan importantes como el excandidato presidencial Luis Alfredo Ramos, la designada ministra del interior, Nancy Patricia Gutierrez, el almirante Gabriel Arango Bacci, por citar algunos casos. Se trata de uno de los episodios más oscuros que ha vivido la justicia en Colombia. 

Un cartel que opera con fines delictivos, cual es manipular la justicia para destruir por esta vía a sus opositores políticos. Así, se ha valido Iván Cepeda de delincuentes con décadas de condenas, por todo tipo de delitos, a quienes seduce con dádivas y beneficios una vez rindan testimonio para incriminar en actos delictivos al presidente Uribe, a su hermano Santiago y a Luis Alfredo Ramos, como hemos visto ya, en una forma abusiva del principio de "colaboración con la justicia", cuando de lo que se trata realmente, es de manipularla con hechos fantasiosos y especulativos, cuya filtración ilegal a la prensa, da lugar al linchamiento mediático de todo un colectivo Politico. 

Pero la reacción del pueblo colombiano a esta noticia, ha generado más solidaridad con el expresidente Uribe, como puede verse en las redes, en todo tipo de cadenas y columnas en los diarios de más relevancia nacional. Y por supuesto, no me cabe duda que se generará más solidaridad con la posesión del nuevo gobierno de Iván Duque, el próximo 07 de agosto, que como bien lo han descrito varios columnistas, se ha querido afectar, aun cuando no ha empezado a gobernar. 

Si lo que pretendía esta oposición obtusa a un nuevo gobierno, a más de la cuestionable e ilegal violación a la reserva legal de los procesos judiciales, originada desde los despachos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, es deslegitimar lo que con trabajo se ha ganado en las urnas, se habrán equivocado una vez más, porque lo que se ha obtenido, en cambio, es un cuerpo sólido de ciudadanos que, por el liderazgo político del expresidente Uribe, entre otros, eligieron un camino, un nuevo gobierno, que entre otras, clama con urgencia reformar la justicia, para que ésta llegue al ciudadano "de a pié", para recuperar la columna vertebral del Estado de Derecho, y para que cese este horrible capítulo de la judicialización de la política. 

A la Corte Suprema de Justicia "le quedó grande" decidir el caso de Luis Alfredo Ramos.

Este mes de julio, más exactamente el 20 de julio, cuando Colombia esté celebrando un año más de su independencia, el proceso de Luis Alfredo Ramos cumplirá un aniversario más triste: 500 días esperando un fallo. Nos resistimos a entender la razón de la injustificada mora. 

Estos 500 días de mora en producir una sentencia, contados desde la última audiencia del proceso de Ramos ante la Corte Suprema, ahí mismo, en la cuadra de enfrente de la Casa de Llorente, donde recuerda nuestra historia hace más de 200 años se negaron a prestar un florero. Hoy, se niegan a decidir algo más delicado: la inocencia de un ciudadano, un líder político que migró del sector privado, para dejar huella con la gerencia pública.

Y así lo hizo: durante 3 años al frente de la alcaldía de Medellín, Ramos fue galardonado 2 veces como el mejor alcalde del país, lo que lo dejó de manera definitiva en la vida política. Pasó a la rama legislativa, como presidente del senado lideró una de las más ambiciosas agendas de reformas que recuerde el Congreso en las últimas décadas.

Desde su campaña a la gobernación de Antioquia, ya se vislumbraba un grupo político que evitaba, con calumnias infundadas, la llegada de este líder a grandes responsabilidades. Primero,  intentaron frenar su aspiración con la publicación de un libro. Claudia López se estrenaba en sus acusaciones estridentes, de la mano de León Valencia. Los antioqueños no creyeron en falsas denuncias y lo eligieron. Una vez elegido, sus contradictores escalaron sus acusaciones y de la mano de un colectivo de abogados, Claudia lópez y sus amigos, entre ellos Iván Cepeda, le abrieron otro proceso a mediados del 2011. Finalizaba Ramos su gestión como gobernador, y para aquella fecha, contaban sus contradictores con la ayuda de funcionarios judiciales tan efectivos, como cuestionados fueron sus métodos, como el magistrado auxiliar Iván Velásquez. 

Y en el 2013, justo cuando Ramos se encontraba en el preludio de precandidatura a la presidencia para enfrentar a Juan Manuel Santos,  encontraron a un Criminal que, haciéndose pasar por paramilitar, rindió una versión tan incoherente como fantasiosa. Le creyeron los magistrados a este testigo, que tenía un video grabado con su celular, desde el año 2001, donde Ramos recibía cientos de millones de pesos de manos de Carlos Castaño en una maleta. Pero el magistrado Leonidas Bustos, recordado "magistrado de la Paz", sin mayor análisis del testimonio - como lo demuestra el hecho de que la tecnología de video solo llegó a los celulares en el año 2004- ordenó la captura de Ramos, sacándolo de una contienda presidencial. Bastó el sólo dicho del "testigo estrella", sin rastro alguno del mencionado video.

Desde esa fecha hasta hoy, Ramos cumple más de 8 años en un proceso, durante los cuales han aprovechado algunos medios de comunicación para dar todo tipo de versiones mancillando su nombre, su honra, su dignidad y de contera afectando a su núcleo familiar. El último episodio, dirigido por Noticias UNO -avalado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)- y Revista Semana, donde se encuentran reconocidos opositores del uribismo, como Cecilia Orozco Tascón y Daniel Coronell.

Pero el Presidente de la Corte Suprema, finalizando ya su periodo como magistrado, ha sabido descalificar los arrepentidos testigos que le montaron sus contradictores políticos: aún cuando el proceso de Ramos se encontraba cerrado a pruebas desde hace años, sin prueba técnica alguna y en contra de cosa juzgada. Así sucedió, por ejemplo, con Carlos Enrique Areiza, quien luego de someterse a sentencia anticipada y colaborando con la justicia, aceptó ante juez penal de Medellín, las presiones para prestar testimonio en contra de Ramos. No le valió al presidente de la Corte Suprema de Justicia dicha sentencia, y en cambio le aceptó en enero de este año, nueva retractación, donde el reconocido testigo falso negaba "el contenido" de unas cartas, de puño y letra suyas, que además había expuesto ante reconocido programa televisivo "los informantes", en el año 2016, en el cual había pedido perdón de manera pública a Ramos y su familia. Ante semejante testigo falaz, los togados obviaron la prueba de grafología, puesto que todo iba dirigido a restar credibilidad a la labor de contradicción de los testigos que Ramos y su defensa hicieron durante el prolongado proceso. 

Y así, con inconsistencias tan visibles, se cumplirán antes de que se acabe el mes, y se conmemore nuevamente la primera "acta de independencia", 500 días sin que la justicia pueda demostrar la independencia de la política. Hasta cuando, señores Magistrados? 

Caso Luis Alfredo Ramos: nueva víctima de los falsos positivos de la justicia?

Colombia ha visto casos de judicialización de la política. La persecución a reconocidos alfiles del uribismo quedó en evidencia luego de que afloraran las diferencias entre el presidente Uribe y la Corte Suprema de Justicia. 

En un audio revelado a la opinión en diferentes medios quedó explicito cómo un magistrado de la Alta Corte sostenía que el fallo debería producirse “en política”. Como si no fuera suficiente esa muestra de degradación de la Justicia en nuestro país, hay otros casos más aberrantes que dejan explícito el interés de la justicia en mantenerse como un instrumento fiel a los intereses de la política nacional. Me referiré en este artículo al caso de Luis Alfredo Ramos, dirigente Antioqueño quien por segunda ocasión sufre la persecución de la justicia, y qué coincidencia! en el contexto de una campaña presidencial, como le sucediera en 2013 cuando prestaba su nombre para la alta magistratura, en una alianza de sectores liderados por el presidente Uribe y de base conservadora del país. 

Antes, no puedo dejar de manifestar la vileza de una Corte Suprema que dejó morir a un hombre recto, como Oscar Arboleda Palacio, sin un fallo. Transcurrieron 17 meses desde la audiencia de alegatos de conclusión hasta su deceso. Y como no hay acción inexpugnable para el tiempo, se ha venido a saber en qué tipo de conductas andaba el Magistrado Gustavo Malo, ponente del caso del Dr. Oscar Arboleda. Una mora tan absurda no fue suficiente demostración del menosprecio de los magistrados por los términos que fija la ley para decidir un caso; el Dr. Oscar Arboleda había enfrentado en los difíciles años que duró su proceso el fallecimiento de su madre, de su hija y el desenlace fue su muerte, cuando un cáncer terminal y un penoso proceso de persecución con falsos testigos ante la Corte Suprema, consumieron su vida. 

El Dr. Arboleda no fue el único de los políticos de origen conservador que murió en el expediente al cual la corte suprema vinculó a Ramos. También falleció el Dr. Manuel Ramiro Velásquez, sin que pudiera defenderse en un proceso que mancilló su nombre. 

Luis Alfredo Ramos exhibe una trayectoria en los ámbitos privado y público, como pocos en el país. Abogado, en su juventud se desempeñó como Secretario jurídico de Cervunión. Secretario de Hacienda, Contralor, Diputado, Representante a la Cámara, Senador, Alcalde de Medellín, galardonado dos veces en esa gestión como el mejor del país, Ministro, Embajador ante la OEA, Presidente del Senado, Gobernador de Antioquia, salió de este último cargo con una alta popularidad tras legarle al departamento resultados sobresalientes en gerencia publica, educación, vivienda y finanzas públicas. Como Gobernador le dejó al departamento estructurados los proyectos más importantes que ha acometido en sus últimas décadas, como la hidroeléctrica de Ituango, consolidando a Antioquia como una potencia energética en Colombia; el Túnel de Oriente, uniendo tres terrazas antioqueñas, el Valle de San Nicolás, El Valle del Aburrá y Santa fé de Antioquia en menos de una hora. Y cómo no! las Autopistas de la Montaña, un proyecto de infraestructura que quedaba bajo la estructuración de una empresa de la trayectoria de ISA, a pesar que solo años después un gobernador la entregara al centralismo ineficiente de Santos. 

Esa trayectoria no fue obstáculo para que Ramos fuera privado de su libertad en la antesala de una candidatura presidencial, tras haber sido señalado de paramilitarismo en un proceso donde demostró la existencia de la nada despreciable cifra de 7 falsos testigos. Su familia y sus amigos lo acompañaron. De disciplina, evitó perder el tiempo y se dio al estudio de su expediente, a la lectura, al estudio de la economía del país. Los constantes aplazamientos de las audiencias y la prolongada privación de su libertad durante 40 meses -de 24 posibles- no lograron quebrar su voluntad. La orden de detención le fue revocada a finales del 2016 y la procuraduría de Fernando Carrillo le pidió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que fallara su absolución. Pasaron 8 meses desde esa audiencia y no se produce un fallo en su caso. 

Cual es el motivo de tanta mora? Acaso pretenden un desenlace como el del Dr. Oscar Arboleda?, en todo caso lo que no aceptaría el país, bajo ninguna circunstancia, es que el motivo de la mora sea la contienda presidencial a la que nos vemos avocados los colombianos. Todo conspira contra Ramos para indicarnos que es precisamente la política la causa de la mora en la decisión. 

En una sorpresiva decisión del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, trasladó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia una investigación por el supuesto delito de haber entregado dádivas a los magistrados a través del abogado Gustavo Moreno -a la postre fiscal anti corrupción de Martínez Neira- para que lo tuvieran 40 meses detenido. El fiscal, conocedor de las instituciones jurídicas, dio traslado a la Corte a pesar que para el momento de los hechos el Dr. Ramos no gozaba de fuero. La Corte así lo reconoció y devolvió la investigación al Fiscal. Un trato dilatorio e indigno para una persona que espera por sobre todo un fallo de la justicia, antes que continuar siendo revictimizado por ella. 

Adujeron algunos medios que los Magistrados esperarían tener certeza de la conducta del abogado Moreno en los procesos que llevó ante la Corte. Y llegó el momento: el 03 de noviembre, en desarrollo de un principio de oportunidad que había sido firmado entre la Fiscalía y Moreno el 30 de octubre, éste último tuvo su audiencia reservada ante la Corte Suprema. Allí, fue preguntado por su conducta ante los mismos magistrados mientras se desempeñó como defensor de Ramos. Lo absolvió: dejó claro que, contrario a los procesos donde utilizó los favores de los magistrados, los honorarios se tasaron considerando la figuración que obtendría por esa defensa. Manifestó que la conducta de Ramos fue apegada a derecho, como había sido de público conocimiento desde su entrega voluntaria a las autoridades aquel 27 de septiembre, cuando el Magistrado Bustos firmó, entre otros, su resolución de acusación y su orden de detención, ésta última junto al también cuestionado magistrado Gustavo Malo. 

Los medios dieron cuenta de la audiencia y de los que allí dijo Moreno. La Corte tiene suficiente claridad de la conducta de Ramos, aún más después de la audiencia de Moreno. Y la Fiscalía, conocedora de la situación favorable a Ramos, ha resuelto filtrar a los medios la resolución donde consta el principio de oportunidad que firmó con Moreno, dando con ello a entender, que éste se dispone a declarar contra Ramos: lo que no filtró la Fiscalía, convertida por ello en un nuevo instrumento de persecución judicial, es que se han desarrollado audiencias en virtud de este principio de oportunidad ante la Corte Suprema y ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y claro, tampoco filtrará la versión de Moreno sobre la ajustada conducta a derecho del Dr. Ramos, porque sabe que quedaría afincada la honorabilidad de su nombre, siendo preferible, por lo menos para la corriente política que representa el Fiscal, que Ramos sea eliminado de una nueva contienda presidencial.

El momento de "la grandeur": Centro Democratico a definir candidaturas.

La escogencia del precandidato a la presidencia por el Centro Democrático, es un hecho político que cambia el panorama de las elecciones presidenciales en 2018. Su escogido será a su vez un fuerte candidato para la consulta entre movimientos significativos en marzo. Al fin y al cabo, sólo dos candidatos pasarán a la segunda vuelta.

En las elecciones, se da por descontado que Santos se juega la carta de su impunidad: dineros de Odebrecht ingresaron a su campaña por conducto de su amigo Roberto Prieto y el fiscal se muestra preso de los intereses "del régimen" para continuar su investigación. Así las cosas, Santos saludará con beneplácito las dos candidaturas en las que se juega la otrora "unidad nacional": Como buen jugador de póker, se alista para ganar “con cara y con sello” según dicte la coyuntura en mayo próximo.

Todos sabemos que Santos gana si gana Fajardo: contrario a lo que pregona este último, no es un “alienígena” de la política, por décadas ha sido un actor más de ella. Y tampoco es nuevo que haga política con sectores de izquierda como el Polo, el partido que hoy recoge firmas para su candidatura. Fajardo vinculó a sectores políticos de las farc a su administración, como lo reconociera su otrora amigo el ex alcalde Alonso Salazar, cuando reveló en debate televisado que fue Fajardo quien llevó al guerrillero Fredy Escobar, alias “Jimmy Rios”, a la junta de EPM.

Santos tambien ganará si es elegido presidente su leal amigo, el exvicepresidente Vargas Lleras. Vargas es además un candidato con una característica particular: goza de una poderosa avanzada judicial. Sus vínculos con los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema, quedan aún más expuestos en el reciente escándalo del cartel de la toga. Para los Colombianos ya no son extraños los movimientos del señor Gerardo Torres "Yayo" y su exesposa Luz Mabel Parra con la oficina "paralela" del ex magistrado Bustos. La última, la Señora Parra, fungió como magistrada auxiliar del corrupto Bustos y fue luego nombrada por el Fiscal Martinez Neira.

Y es esta última particularidad de la candidatura de Vargas, la que explica los pronunciamientos del Fiscal, delicadamente dirigidos a influir en la política, luego de conocer el comunicado oficial del CNE que daba cuenta de la absolución al comité que inscribió la candidatura de Óscar Iván Zuluaga a la presidencia. Se daba por descontado que tras este pronunciamiento, Zuluaga volvía a barajar las precandidaturas del CD: pero Vargas necesita que no haya candidato visible del uribismo y el fiscal asestó el golpe que sembrara la duda en la absolución y por supuesto, encontró eco en el diario oficial.

Estos pronunciamientos del fiscal son coherentes con los cuestionamiento que la justicia ha mantenido y mantendrá, sobre las candidaturas que surjan del uribismo: especialmente en estas elecciones donde Vargas no ha podido obtener el apoyo de Uribe, lo que significa que sale a disputarse dicho electorado. A Vargas sólo le queda la vía del voto "útil" para pasar a la segunda vuelta: una campaña que hará aprovechando los cuestionamientos judiciales al candidato Uribista. Y claro, una vez en la segunda vuelta, promoverá el voto "en contra" para "cazar" los votantes que se resisten a que Colombia siga recorriendo el camino de Venezuela en oposición al candidato Fajardo, identificado como "el candidato de transición". Y digo que "cazará" a los votantes porque, como quedó demostrado después del bochornoso publireportaje, a Vargas poco le importa obtener su convencimiento, lo que quiere es que se vean obligados a votar por su candidatura por la vía del "voto  en contra".

Y es que Zuluaga no es el único precandidato del uribismo al que ha cuestionado la justicia: lo hizo con Arias cuando se proyectaba como precandidato de coalición y lo ha hecho por las mismas razones con un líder de la trayectoria y éxito de Luis Alfredo Ramos.

El caso del Dr. Ramos es emblemático, porque no obstante sacarlo de una contienda presidencial sembrándole la nada despreciable cifra de 7 falsos testigos, lo quieren sustraer de la segunda, a punto de volverse el caso más aberrante de victimizacion de una justicia que se muestra escasa de autonomía y ávida de intervenir en política. Qué es lo que espera la justicia para decidir el caso del Dr. Ramos? Acaso no conviene "al régimen" dejar en limpio su nombre? Espera que se venzan los términos de inscripción para dejarlo por fuera de la contienda? Si la Corte espera fallar este proceso después de la fecha de inscripción de candidaturas, tendría que producir una condena, so pena de quedar en evidencia la torticera intención de sustraerlo de otra contienda presidencial.

El de Ramos, es un caso de revictimización de la justicia asombroso: le abrieron un expediente en 2011 cuando finalizaba una exitosa gestión en gobernación de Antioquia, contrario al sombrío final de la administración Fajardo: endeudamiento excesivo, baja calidad en la educación, etc. Pasados dos años e inmediatamente después de anunciar su postulación como precandidato de la coalición Uribista a la presidencia, para debatírseña a Santos, le expidieron resolución de acusación con medida de aseguramiento. Una coincidencia muy extraña, no? y es que la Corte Suprema sólo dio inicio a su juicio 1 año y medio después: una vez el Dr. Ramos se entregó a la justicia y fuera de la contienda presidencial, ya la justicia no tenía prisa. La resolución de acusación junto a la medida de detención en su contra, fue firmada entre otros, por magistrados involucrados en el denominado "cartel de la toga": Bustos y Malo, otra coincidencia. El primero de ellos tuvo que desistir de su postulación a la fiscalía como candidato que era de Santos, otra gran coincidencia.

Recientemente, los medios oficiales han hecho eco de la trama iniciada por el Fiscal contra Ramos, según la cual habría pagado dinero al cartel liderado por Bustos para obtener el favor de la sala penal de la Corte, la misma que lo mantuvo detenido 40 meses: toda una contradicción. Y digo que es una "trama" porque fue acompañada de una lamentable maniobra: el fiscal, a pesar de saber que Ramos no gozaba de fuero para el momento del delito que presuntamente habría cometido y que en consecuencia, era suya la competencia de investigarlo, dio traslado a los magistrados de la sala penal de la Corte, esperando que estos pausaran una ponencia absolutoria, como ya se especulaba en los medios.

Lo cierto de este caso es que 8 meses después del término legal, no deciden su caso. Al Dr. Ramos no le han respetado las mínimas garantías en su proceso.

Pese a lo anterior, el Centro Democrático ha manifestado estar a la espera de las decisiones de la justicia para inscribir la precandidatura de Ramos. Lo cierto es que principios como la presunción de inocencia y el derecho a ser elegido nos enseñan que tales condicionamientos son inocuos. Bien decía Quevedo: "ningún vencido tiene justicia si lo ha de juzgar su vencedor". Para Colombia entera es claro que mantendrán "la espada de damocles" sobre un candidato que se proyecte triunfador de esta solución. Señores precandidatos: el momento actual exige “la grandeur” en el mejor sentido de la célebre frase del general de Gaulle.

No hay explicación que valga: en Colombia tenemos un cese bilateral disfrazado.

Al gobierno no le gustó la crítica de quienes consideramos que la nueva medida de suspensión de bombardeos es un cese bilateral disfrazado, especialmente después de las palabras del Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez Maldonado.

El presidente juhampa aclaró

“Solamente podrán hacerse los bombardeos por orden del Presidente de la República.

¿Eso qué quiere decir? Que es un gesto para ir desescalando.

No quiere decir que la Fuerza Pública no va a mantener su presencia en todo el territorio nacional (…);

todo lo contrario, va a tener más recursos, más capacidad para perseguir a todos los que sigan delinquiendo”

…no quiere decir que la Fuerza Pública va a dejar de operar en cada centímetro de nuestro territorio”.

Argumentó el presidente sentir tristeza

“cada vez que damos un paso que nos acerca a la paz,

surgen todos esos enemigos del proceso a desinformar al país,

a decirles a los colombianos: ‘Uy, el Presidente le ordenó a la Fuerza Pública quedarse quietos, vamos a quedar en manos de los delincuentes’. Eso es absolutamente falso”.

El ministro de defensa aseguró que pese a las críticas y comentarios,

“La medida está muy distante de ser un cese el fuego bilateral y definitivo”

Y Desconociendo que llevamos más de 3 años en esas discusiones improductivas

Dijo que el cese bilateral es un acuerdo que necesita muchas horas de trabajo

sobre muchos detalles que tienen que ver con operaciones,

áreas geográficas, procedimientos, comunicaciones, entre otras cosas,

“y hasta ahora no lo hemos conversado,

así que se mantienen todas las herramientas de control y lucha

para defender a los colombianos",

aseguró que esto no significa que las Fuerzas Armadas estén limitadas,

sino que al contrario, “están participando con todo su cuerpo en la consecución de la paz”

Se sumaron a la defensa de esta claudicación los sectores políticos que defienden un proceso de paz con más victimas, empezando por el fiscal general de la Nación,

Quien dijo que la medida es un gesto “totalmente constitucional”.

No necesitaba el totalmente para hacerlo más creíble, bastaba con que dijera que era constitucional. Para que su postura no se viera tan favorable a las farc, morigeró afirmando que está a meses de formular imputación contra los principales narcomandantes.

No podía faltar El senador Roy Barreras, quien manifestó que la suspensión de bombardeos es un gesto de buena voluntad del presidente porque el proceso de paz

que va en su recta final. Pero aclaró que el cese de bombardeos tiene unas condiciones:

“Si la guerrilla cumple con el cese unilateral de fuego,

cesa su lluvia de amenazas contra la población civil

y cesa su lluvia de atentados contra la fuerza pública y la infraestructura;

el gobierno cesa su lluvia de bombas, pues es este el preámbulo de la paz.

La paz se logra así, parando la guerra”,

“cuando resulte necesario, será él personalmente quien ordene un bombardeo”, dijo.

Ernesto Samper, secretario de Unasur, entidad a cargo de la veeduría del supuesto cese declarado por las farc, dijo que el cese de los bombardeos es la "respuesta lógica" ante el alto el fuego decidido por las farc. Y dijo esto, a pesar de lo ilógico que resultara que las farc a solo horas de declarara un cese unilateral volara carreteras, matara soldados y bombardeara a la fuerza pública: seguro compartirá el veedor del cese unilateral

la tesis de la legítima defensa de los narcoterroristas.

Fue una verdadera “andanada” de explicaciones banales que se pudieron haber ahorrado, porque el pueblo colombiano no “come cuento”

Artículo venta ISAGEN. "VENTA AMARRADA"

La falta de credibilidad que en los colombianos genera el gobierno del presidente Juan Manuel santos, tiende un manto de duda sobre la venta de ISAGEN.

La necesidad de la venta de este importante y estratégico activo de la nación, ha sido sostenida ya por dos gobiernos - muy distintos ellos-. En el gobierno del presidente Uribe, se necesitaba cubrir un "hueco" fiscal, dados los estragos que había causado en la economía la recesión económica mundial. Se desestimó la venta, luego de concluir que primaba lo estratégico del activo sobre la urgencia de balancear fiscalmente la Nación, en un gobierno que se caracterizó por la austeridad en el gasto publico. Igualmente, se canceló la venta en la medida en que se avecinaba el cambio de mando presidencial, siendo responsable dejar a quien sucedía en la presidencia la toma de esta decisión.

Al cumplir 3 años de haber recibido el mandato presidencial, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, argumenta la venta de ISAGEN en la necesidad de construir infraestructura vial. Pero la situación que apreciamos los Colombianos, dista de ser aquella motivada por el Ministro Cárdenas. Para los colombianos, resulta poco creíble que en el marco de un crecimiento excesivo del aparato estatal se nos argumente que la venta de este estratégico activo, que apenas supera los 4 billones de pesos, es necesaria para financiar un ambicioso plan de concesiones viales, valorado en más de 50 billones de pesos, a menos de un año de terminar el gobierno del presidente Santos.

No podrá convencernos, pese a tener el gobierno la competencia, de vender un activo estratégico y con rentabilidades del 13% anual, sin la claridad suficiente de la contribución que la venta reporta al plan de concesiones, como se ha dejado ver luego de la exposición de la viceminstra de Hacienda, Dra. Carolina Soto, en la comisión V del senado. El hecho mismo de no existir en Colombia las rentas con destino específico, complica más la operación que el gobierno precave.

No podrá convencernos de la necesidad de esta venta, cuando a los colombianos no se nos ha hecho claridad sobre la situación fiscal de la nación, las implicaciones del crecimiento del aparato estatal, y en consecuencia, de un desbordado gasto público. No nos convencerá a los colombianos un gobierno "derrochón" de vender una activo rentable, en el contexto de una contienda electoral, la cual afronta con una desfavorabilidad mayoritaria entre los colombianos.

No podemos evitar pensar los colombianos, que ante la proximidad de la venta de ISAGEN con la contienda por la reelección, y un presidente sorprendido por su baja imagen, coincida con la necesaria malversación de un activo estratégico de la Nación para honrar los compromisos adquiridos con una clase política a la cual se le ha devuelto los auxilios parlamentarios.

La campaña que se avecina estará recargada de "mermelada" como nunca antes se habría visto: seguramente veremos a los congresistas que hacen parte de la "unidad nacional" empeñados en reelegir las políticas de la mal llamada "prosperidad".