Por: Alejandro Ramírez
"Hay que ser un héroe para enfrentarse con la moralidad de la época" M. foucault.
El lunes próximo, cuando muchos colombianos estén volviendo del puente festivo de la Asunción de la Virgen María, al pleno del Congreso de la República no le quedará más salida que evitar la elección del Contralor General de la República.
La elección del Contralor toma una relevancia especial, cuando no hace un mes tomó posesión el Presidente de la República Iván Duque bajo la promesa de dar una lucha frontal contra la corrupción, siendo la Contraloría la institución clave para este objetivo.
Con Maya Villazón, Contralor durante el periodo 2014-2018, no vimos los procesos contra la administración de Santos, una de las más corruptas de la historia reciente. Sólo hasta hace días, y de viaje el expresidente fuera del país, se han conocido verdades tan dolorosas para los colombianos, como que el sector público se encuentra endeudado "como nunca antes", por una cifra superior a los 516 billones de pesos, cerca del 57% del PIB. O que entre casos de corrupción emblemáticos, como los juegos nacionales del tolima, el cartel de la enfermedades mentales, el cartel de la hemofilia y el PAE, son más de 290 mil millones en procesos de responsabilidad fiscal. O el más grave, el de REFICAR, con procesos de responsabilidad fiscal por una cifra superior a los 5 billones de pesos.
Y más allá de tratarse de un proceso viciado, dado el cuestionable cambio de la resolución que originó modificaciones en el proceso de elección de tan importante funcionario, debe revisarse, si de luchar contra la corrupción se trata, la conveniencia de la elección de un candidato promovido por los partidos de la tradicional "Unidad nacional" del otrora gobierno de Juan Manuel santos, responsable del desangre de los recursos públicos. Pero sobre todo, por las implicaciones disciplinarias para los congresistas que se aprestan a su elección, dado el conocimiento de las inhabilidades del candidato.
El candidato de esta coalición es el director, desde principios de este año, de la federación de Departamentos, una entidad con fuertes cuestionamientos de corrupción, desde la renuncia de Germán Chica, hasta hoy. Para nadie es un misterio, que dicha institución ha llegado a ser un bastión del derrotado Vargas Lleras en las elecciones presidenciales. Con su intervención, llegó el hoy detenido Plinio Olano, por sus vínculos con uno de los escándalos de corrupción más graves de nuestra historia, Odebrecht, y de igual manera, el actual director Carlos Felipe Córdoba Larrarte. No se podrá olvidar que a esta institución intentó llegar el exmagistrado de la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Ricaurte, de otro de los escándalos más graves de nuestra historia reciente, el cartel de la toga, quien fuera apoyado por Germán Vargas Lleras. El exmagistrado Ricaurte fue derrotado por el ex ministro Amylkar Acosta, quien también renunció a esa institución, cuando de nuevo la rondó un escándalo de corrupción por un contrato de 17 mil millones de pesos, sin que hoy se tenga ningún resultado de aquella investigación.
Según información publicada, la Federación de Departamentos es una entidad pública a la que la Ley 223 de 1995 le entregó el recaudo, administración y giro del impuesto al consumo de licores, cigarrillo y tabaco, entre otras. Esto es, recibe y administra impuestos departamentales. Pero además, es la entidad que representa a los gobernadores del país, algunos con graves denuncias de corrupción. Según información reciente de la Contraloría, en el sólo escándalo del PAE, hay 5 gobernadores y 7 ex gobernadores.
Da garantías en la lucha contra la corrupción, un funcionario elegido con el concurso de los hoy investigados gobernadores, para seguir las actuaciones fiscales en contra de dichos funcionarios?
