"Ocurrirá algo muy grave"

Son las palabras del otrora candidato presidencial Germán Vargas Lleras (24 de abril de 2018) quien aseguraba así, en plena campaña, que pasarían a la segunda vuelta en la contienda presidencial, él y Gustavo Petro. "..Algo muy grave" que afectaría, en consecuencia, las aspiraciones del candidato del uribismo, hoy Presidente electo, Iván Duque.

Y no es que el excandidato Vargas Lleras tuviera, por esa condición, propiamente el don profético, al mejor estilo "nostradamus", sino que tenía conocimiento de una acción premeditada de la cual, hasta esta semana nos enteramos: se trataba "ni más ni menos" del llamado a indagatoria del expresidente Uribe, un evento más de la judicialización de la política. 

Un violento golpe como ese, en medio de una campaña política tan importante, hubiera causado uno de dos efectos: o menguaba la candidatura de Iván Duque, repitiendo lo sucedido en otras ocasiones, y en consecuencia, como dijo el excandidato Vargas Lleras, pasaban a segunda vuelta él junto a Petro; o por el contrario, generaría la solidaridad al rededor del expresidente Uribe, consolidando la aspiración de Duque. 

Ya sabemos que la Corte no se atrevió a semejante maniobra durante las elecciones, entendiendo tal vez que la segunda de las opciones que aquí señalo, era la más probable. Y nos preguntamos entonces: con qué objeto la Corte llama a Indagatoria al expresidente Uribe -con orden de detención implícita- elegido Duque y de cara a su posesión?

Sorprende la reciente determinación de la Sala Penal de la Corte Suprema, que para el caso del expresidente Uribe, sólo se haya tomado 5 meses desde la compulsa de copias, el pasado 16 de febrero, hasta la orden de indagatoria la semana pasada, convirtiéndose en una orden de indagatoria "express", a diferencia de otros procesos contra aforados constitucionales, donde suele recurrir al argumento de la congestión so pretexto de su inacción. 

La eventual detención del expresidente Uribe la había advertido la senadora Paloma Valencia el 20 de junio, como reacción de la Corte a dos hechos: "en represalia a la victoria de Iván Duque y la propuesta de discutir la pertinencia de una sola corte superior con funciones constitucionales". 

La Sala Penal de la Corte, a través de su presidente, Luis Antonio Hernández, se quejó públicamente de lo manifestado por la senadora Paloma, ese mismo día, dejando constancia del "buen clima de entendimiento y construcción de consensos planteado por el presidente Iván Duque". 

Y este es el grave problema hoy: que el Presidente electo Iván Duque, ha querido plantear un clima de consensos, resolviendo la crispación que, por cuenta de los conflictos entre altos dignatarios del Estado, sacudió al país en días pasados. Pero la reciente acción de la Corte, no sólo   demuestra su determinación a darle trámite urgente a una compulsa de copias totalmente extraña, como la de investigar al expresidente Uribe por manipular testigos, surgida dentro del auto inhibitorio en el proceso Uirbe Vs. Cepeda, sino continuar dando espacio a un "pulso político" totalmente bizarro a través de sus estrados, como el que a través de falsos testigos le ha planteado la izquierda Colombiana al uribismo, a quien no ha logrado derrotar en las urnas. 

Para poner en contexto a los lectores, el cartel de falsos testigos ha sido denunciado por el uribismo, y tiene víctimas tan importantes como el excandidato presidencial Luis Alfredo Ramos, la designada ministra del interior, Nancy Patricia Gutierrez, el almirante Gabriel Arango Bacci, por citar algunos casos. Se trata de uno de los episodios más oscuros que ha vivido la justicia en Colombia. 

Un cartel que opera con fines delictivos, cual es manipular la justicia para destruir por esta vía a sus opositores políticos. Así, se ha valido Iván Cepeda de delincuentes con décadas de condenas, por todo tipo de delitos, a quienes seduce con dádivas y beneficios una vez rindan testimonio para incriminar en actos delictivos al presidente Uribe, a su hermano Santiago y a Luis Alfredo Ramos, como hemos visto ya, en una forma abusiva del principio de "colaboración con la justicia", cuando de lo que se trata realmente, es de manipularla con hechos fantasiosos y especulativos, cuya filtración ilegal a la prensa, da lugar al linchamiento mediático de todo un colectivo Politico. 

Pero la reacción del pueblo colombiano a esta noticia, ha generado más solidaridad con el expresidente Uribe, como puede verse en las redes, en todo tipo de cadenas y columnas en los diarios de más relevancia nacional. Y por supuesto, no me cabe duda que se generará más solidaridad con la posesión del nuevo gobierno de Iván Duque, el próximo 07 de agosto, que como bien lo han descrito varios columnistas, se ha querido afectar, aun cuando no ha empezado a gobernar. 

Si lo que pretendía esta oposición obtusa a un nuevo gobierno, a más de la cuestionable e ilegal violación a la reserva legal de los procesos judiciales, originada desde los despachos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, es deslegitimar lo que con trabajo se ha ganado en las urnas, se habrán equivocado una vez más, porque lo que se ha obtenido, en cambio, es un cuerpo sólido de ciudadanos que, por el liderazgo político del expresidente Uribe, entre otros, eligieron un camino, un nuevo gobierno, que entre otras, clama con urgencia reformar la justicia, para que ésta llegue al ciudadano "de a pié", para recuperar la columna vertebral del Estado de Derecho, y para que cese este horrible capítulo de la judicialización de la política. 

A la Corte Suprema de Justicia "le quedó grande" decidir el caso de Luis Alfredo Ramos.

Este mes de julio, más exactamente el 20 de julio, cuando Colombia esté celebrando un año más de su independencia, el proceso de Luis Alfredo Ramos cumplirá un aniversario más triste: 500 días esperando un fallo. Nos resistimos a entender la razón de la injustificada mora. 

Estos 500 días de mora en producir una sentencia, contados desde la última audiencia del proceso de Ramos ante la Corte Suprema, ahí mismo, en la cuadra de enfrente de la Casa de Llorente, donde recuerda nuestra historia hace más de 200 años se negaron a prestar un florero. Hoy, se niegan a decidir algo más delicado: la inocencia de un ciudadano, un líder político que migró del sector privado, para dejar huella con la gerencia pública.

Y así lo hizo: durante 3 años al frente de la alcaldía de Medellín, Ramos fue galardonado 2 veces como el mejor alcalde del país, lo que lo dejó de manera definitiva en la vida política. Pasó a la rama legislativa, como presidente del senado lideró una de las más ambiciosas agendas de reformas que recuerde el Congreso en las últimas décadas.

Desde su campaña a la gobernación de Antioquia, ya se vislumbraba un grupo político que evitaba, con calumnias infundadas, la llegada de este líder a grandes responsabilidades. Primero,  intentaron frenar su aspiración con la publicación de un libro. Claudia López se estrenaba en sus acusaciones estridentes, de la mano de León Valencia. Los antioqueños no creyeron en falsas denuncias y lo eligieron. Una vez elegido, sus contradictores escalaron sus acusaciones y de la mano de un colectivo de abogados, Claudia lópez y sus amigos, entre ellos Iván Cepeda, le abrieron otro proceso a mediados del 2011. Finalizaba Ramos su gestión como gobernador, y para aquella fecha, contaban sus contradictores con la ayuda de funcionarios judiciales tan efectivos, como cuestionados fueron sus métodos, como el magistrado auxiliar Iván Velásquez. 

Y en el 2013, justo cuando Ramos se encontraba en el preludio de precandidatura a la presidencia para enfrentar a Juan Manuel Santos,  encontraron a un Criminal que, haciéndose pasar por paramilitar, rindió una versión tan incoherente como fantasiosa. Le creyeron los magistrados a este testigo, que tenía un video grabado con su celular, desde el año 2001, donde Ramos recibía cientos de millones de pesos de manos de Carlos Castaño en una maleta. Pero el magistrado Leonidas Bustos, recordado "magistrado de la Paz", sin mayor análisis del testimonio - como lo demuestra el hecho de que la tecnología de video solo llegó a los celulares en el año 2004- ordenó la captura de Ramos, sacándolo de una contienda presidencial. Bastó el sólo dicho del "testigo estrella", sin rastro alguno del mencionado video.

Desde esa fecha hasta hoy, Ramos cumple más de 8 años en un proceso, durante los cuales han aprovechado algunos medios de comunicación para dar todo tipo de versiones mancillando su nombre, su honra, su dignidad y de contera afectando a su núcleo familiar. El último episodio, dirigido por Noticias UNO -avalado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)- y Revista Semana, donde se encuentran reconocidos opositores del uribismo, como Cecilia Orozco Tascón y Daniel Coronell.

Pero el Presidente de la Corte Suprema, finalizando ya su periodo como magistrado, ha sabido descalificar los arrepentidos testigos que le montaron sus contradictores políticos: aún cuando el proceso de Ramos se encontraba cerrado a pruebas desde hace años, sin prueba técnica alguna y en contra de cosa juzgada. Así sucedió, por ejemplo, con Carlos Enrique Areiza, quien luego de someterse a sentencia anticipada y colaborando con la justicia, aceptó ante juez penal de Medellín, las presiones para prestar testimonio en contra de Ramos. No le valió al presidente de la Corte Suprema de Justicia dicha sentencia, y en cambio le aceptó en enero de este año, nueva retractación, donde el reconocido testigo falso negaba "el contenido" de unas cartas, de puño y letra suyas, que además había expuesto ante reconocido programa televisivo "los informantes", en el año 2016, en el cual había pedido perdón de manera pública a Ramos y su familia. Ante semejante testigo falaz, los togados obviaron la prueba de grafología, puesto que todo iba dirigido a restar credibilidad a la labor de contradicción de los testigos que Ramos y su defensa hicieron durante el prolongado proceso. 

Y así, con inconsistencias tan visibles, se cumplirán antes de que se acabe el mes, y se conmemore nuevamente la primera "acta de independencia", 500 días sin que la justicia pueda demostrar la independencia de la política. Hasta cuando, señores Magistrados?